La Ley de Memoria Histórica vuelve a ser despreciada por el Gobierno español

El deber de reparación de las víctimas del franquismo cuenta en estos momentos, única y exclusivamente, con el apoyo de las administraciones territoriales y locales. Mientras tanto, el Gobierno español del Partido Popular ni está ni se le espera.

Homenaje a las víctimas del franquismo en el cementerio de Torrero. Foto: Pablo ibáñez (AraInfo)

Presumiblemente, 2017 va a ser el año en el que, según aseguró el pasado mes de noviembre el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, se dispondrá de una Ley de Memoria Democrática en nuestro territorio.

El consejero señaló entonces que resultaba “inaplazable y razonable la redacción de una Ley territorial que permita avanzar en la senda del conocimiento de los hechos y circunstancias ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, en aras al reconocimiento y reparación de los aragoneses que fueron víctimas de violencia y represión en ese contexto trágico de nuestra Historia”.

El diseño de la Ley se basa sobre tres pilares o principios básicos: Verdad, Justicia y Reparación. La primera de ellas como la atención al “derecho a saber”. Además de una serie de medidas destinadas a facilitar el acceso a la información a las personas interesadas e investigadores, por ejemplo, desde el terreno de las exhumaciones al fomento de políticas de acceso y transparencia de una documentación que todavía puede aportar valiosa información para las investigaciones.

El segundo de los pilares, Justicia, implicará un avance en la consideración de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo según lo hace el Derecho Internacional. Es decir, como víctimas de delitos de lesa humanidad, un hecho que supondría la revisión de las sentencias franquistas realizadas hasta el momento.

La Reparación se convierte en el tercero de los principios sobre los que se sustenta la Ley de Memoria Democrática. Aquí se incluirán elementos como la gestión de espacios públicos, la implicación institucional en el reconocimiento a las víctimas y el rechazo explícito al franquismo, las políticas educativas en materia de contenido curricular o las actividades culturales de difusión de los capítulos más oscuros de la historia reciente ocurridos en el Estado español.

Asimismo, el cumplimiento de la Ley integrará la elaboración de un régimen sancionador que penalice, entre otras cosas, el incumplimiento en materia de retirada de símbolos y elementos franquistas de los espacios públicos. Así pues, y en palabras de Guillén, “es un deber de la administración mirar de frente a este asunto y asumir la gestión de las políticas públicas de la memoria en toda la extensión que sea posible”.

Un deber que, a juzgar por lo visto este pasado martes en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), no compete al Gobierno español. Cero euros es la cantidad que el Partido Popular destinará a la Ley de Memoria Histórica en dichos PGE.

Una vez más, y van ya cuatro años, los y las familiares de las víctimas de la dictadura franquista vieron ninguneados sus derechos y tendrán que seguir apoyándose en las administraciones territoriales y locales para dignificar a las personas desaparecidas durante este negro período. Todo ello porque el partido de Mariano Rajoy no está por la labor de colaborar en esta tarea tan necesaria.

Quien sí parece estar por la labor son los grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, Chunta Aragonesista y ZeC, quienes ya en el mes de enero del año pasado aprobaron, con la abstención de PSOE y Ciudadanos y el voto en contra del PP, presentar una querella criminal en los juzgados de instrucción para comenzar una investigación “por los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista en la ciudad”.

De esta forma, el Consistorio zaragozano se unía a la Red de Ciudades por la Justicia y la Memoria integrado por Barcelona, Iruñea, Cádiz, A Coruña, Rivas Vaciamadrid y Gasteiz. La moción, presentada por la formación aragonesista, incluía la eliminación del callejero toda referencia franquista y la creación de un Centro de la Memoria Histórica en la ciudad.

También el Ayuntamiento de la capital aragonesa, y nuevamente con la oposición del Partido Popular, eliminó las tasas que hasta el momento gravaban la exhumación de restos humanos en el cementerio municipal de Torrero, en el caso que éstos fueran bebés robados y víctimas del franquismo, tal y como informaba el periodista Eduardo Bayona el pasado mes de febrero.

Otra muestra más de la labor del Ayuntamiento de Zaragoza, en cuanto a la reparación y dignificación de las víctimas de la dictadura franquista, se pudo comprobar el pasado mes de octubre cuando el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, junto a otros miembros de la corporación y las asociaciones memorialistas de Aragón, descubrían una placa conmemorativa en la fachada principal del consistorio en homenaje a los y las concejales y al personal municipal asesinado tras el golpe franquista de 1936.

Todos ellos son ejemplos que sirven para hacerse una idea de cómo el deber de reparación de las víctimas del franquismo cuenta en estos momentos, única y exclusivamente, con el apoyo de las administraciones territoriales y locales. Mientras tanto, el Gobierno español del Partido Popular ni está ni se le espera.

Zaragoza rinde homenaje a todas aquellas personas a las que les fue robada su vida

La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) organiza un acto homenaje “en memoria de todas aquellas personas asesinadas, desaparecidas, exiliadas, represaliadas y esquilmadas como consecuencia del golpe militar, la guerra civil y posterior dictadura franquista”.

El evento tendrá lugar este próximo sábado 8 de abril, a las 12.00 horas, en el cementerio de Torrero en Zaragoza. La presentación correrá a cargo de Enrique Gómez Arnas, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, y contará con la intervención del consejero de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés. Tras la lectura de poemas se rendirá un Homenaje floral en la tapia, lugar de fusilamiento, acompañados por el Coro Libertario de Torrero.

Homenaje Desaparecidos

 

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