Política

La Ley de Capitalidad “enfrenta” al Tribunal Constitucional con las Cortes de Aragón

La interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Consejo de Ministros y Ministras contra el artículo 14.1. sección U de dicha ley, pondrá en cuestión la soberanía del Parlamento aragonés. Un hecho que el presidente del Ejecutivo territorial, Javier Lambán, debería cuando menos defender, ya que contó con su propia firma -y el voto de su partido- para su aprobación.
| 10 agosto, 2018 10.08
La Ley de Capitalidad “enfrenta” al Tribunal Constitucional con las Cortes de Aragón
Javier Lambán y Pedro Santisteve durante la firma del acuerdo sobre la Ley de Capitalidad. Foto: Daniel Marcos / AZ.

El pasado viernes 3 de agosto, el Consejo de Ministros y Ministras adoptó un acuerdo por el cual solicitaba al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 14.1. sección U de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, conocida también como Ley de Capitalidad y que está publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) número 231 del pasado 1 de diciembre de 2017.

Pero vayamos por partes. Desde que el pasado mes de febrero se produjera el cambio de representación de los grupos del Ayuntamiento de Zaragoza en las sociedades municipales, nada ha vuelto a ser como igual. Desde entonces, la vida política en el Consistorio se ha vuelto, de alguna forma, hostil e irrespirable. El Gobierno de Zaragoza en Común, objetivo de todo tipo de acusaciones e incluso descalificaciones, ha capeado esta situación como mejor ha sabido y siempre dentro de la legalidad.

Hablamos de legalidad, cuando para llevar a cabo la modificación en la representación de los grupos municipales en las sociedades, sirve como base una ley como es la de Capitalidad. Una ley, cabe recordar, que fue aprobada en las Cortes de Aragón el pasado mes de diciembre de 2017 y que por aquel entonces no suscitó ninguna crítica entre los grupos parlamentarios que votaron a favor, es decir: PSOE, CHA, Podemos e Izquierda Unida.

Extraño resulta que dos de estas formaciones políticas, PSOE y CHA, se muestren ahora a favor del recurso presentado contra el artículo 14.1 por el propio Partido Socialista ante el Tribunal Constitucional, cuando en diciembre de 2017 exponían los beneficios que la aprobación de esta ley iba a reportar a la ciudadanía zaragozana.

Lógicamente, y debido a la diferencias ideológicas, resulta mucho más normal y previsible que tanto Partido Popular como Ciudadanos –que votaron en contra de dicha ley y advirtieron de su derogación en el momento que gobernaran- opten por una posición mucho más férrea en este sentido. Al fin y al cabo, desde un punto de vista político, estas formaciones no mostraron su conformidad con la Ley de Capitalidad.

Pero hete aquí, que como para todo en la vida, pero sobre todo en el ámbito político, se vuelve a cumplir aquella cita atribuida –con ciertas dudas- al gran Groucho Marx que dice: “Estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros”.

Y efectivamente, llama poderosamente la atención que el propio presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, firmante de la ley junto al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, no salga en defensa de la misma y ni siquiera llegue a poner en duda lo que el recurso presentado por el Consejo de Ministros y Ministras significa: ni más ni menos que la puesta en cuestión de la soberanía de la Cámara aragonesa.

También cabe recordar, en este sentido, las palabras pronunciadas por el entonces recién nombrado como presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en las que afirmaba que no iba a utilizar al Tribunal Constitucional para resolver ninguna de las consideraciones que afectaban al “procés” en Catalunya. Quizá para Catalunya sirvan estas afirmaciones, pero para Aragón y contradiciendo la aprobación de una ley territorial que su propio partido llevó al Parlamento, indica cuanto menos un doble rasero a la hora de resolver encrucijadas.

No obstante, y llegados a este punto, será el Tribunal Constitucional el que tenga que decidir en septiembre si acuerda la admisión a trámite del recurso interpuesto. Una vez reunido, remitirá al Boletín Oficial del Estado (BOE) el edicto de admisión a trámite del recurso y cuando se publique en dicho Boletín será el momento en el que tenga efectos jurídicos para el Ayuntamiento de Zaragoza.

“Por recursos similares a otras leyes aprobadas por las Cortes de Aragón sabemos que suele transcurrir entre un mes y un mes y medio entre la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la interposición del recurso y la publicación en el BOE de la admisión a trámite y la suspensión de la aplicación del precepto recurrido”, explican desde Zaragoza en Común.

De la misma forma, tal y como señala el propio Tribunal Constitucional en su web oficial: “La admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad no produce, por regla general, la suspensión automática de los preceptos legales impugnados, salvo en el supuesto que el Presidente del Gobierno recurra una ley, disposición o acto con fuerza de ley de una Comunidad Autónoma y solicite expresamente en la demanda la suspensión de su vigencia y aplicación. En este caso, el Tribunal Constitucional ha de ratificar o levantar la suspensión en un plazo no superior a cinco meses”.

Al mismo tiempo, los actos que se hayan realizado desde la entrada en vigor de la Ley, a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón (1 de diciembre de 2017) se presumen válidos y no se ven afectados por la interposición del recurso ni por la suspensión del precepto en cuestión.

Por tanto, ni la interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno español, ni su admisión por parte del Tribunal Constitucional, ni la suspensión de la aplicación de la parte de la Ley recurrida supone su inconstitucionalidad, la cual será determinada por el Tribunal cuando emita sentencia. La suspensión en todo caso debe ser ratificada o levantada por el propio Tribunal Constitucional en el plazo de cinco meses. O lo que es lo mismo… continuará.

10 agosto, 2018

Autor/Autora

Redactor. Integrante del Consello d’AraInfo. @mr_belbedere


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