Duro revés de la justicia escocesa al Estado español. Clara Ponsatí, consellera d'Ensenyament en el exilio sobre la que pesa una euroorden de detención impuesta por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, se entregaba poco después de las 11.00 horas del miércoles 28 de marzo a la policía escocesa de Edimburgo. Empezaba entonces su declaración judicial que se ha alargado hasta las 15.30 y en la que la política independentista ha pedido su libertad.
Ponsatí ha defendido que su entrega a la justicia escocesa demuestra que no tiene ninguna voluntad de eludir la justicia. Por otro lado, su abogado, Aamer Anwar, ha señalado que su clienta no gozará de un juicio justo en el Estado español y ha añadido que Ponsatí es víctima de una persecución política.
Cabe recordar que Ponsatí se encontraba en Bruselas y hace unas semanas se trasladó a Escocia, A Sint Andrews, donde antes de ejercer como consellera, era catedrática.
Tras su declaración la consellera ha quedado en libertad bajo fianza con medidas cautelares como la retirada de su pasaporte. Según informa el diario catalán Nació Digital, en Escocia, la fianza no significa indefectiblemente una suma de dinero. La misma retirada del pasaporte que el juez de Edimburgo ha solicitado es entendida como tal.
La política catalana se enfrenta ahora a una vista para su extradición que aún está por determinar si se producirá el 12 o el 18 de abril.
Ha sido también hoy cuando Ponsatí, a través de un comunicado, ha asegurado que quiere que su caso "sirva para iniciar una campaña de denuncia de las violaciones de derechos humanos perpetradas por las autoridades españolas y para reclamar la libertad de los presos políticos catalanes". En el mismo comunicado la política presentaba una campaña de micromecenazgo de recogida de fondos en la que pide 45.000 euros para financiar su defensa.
