La justicia brasileña bloquea las cuentas del tesorero de Ciudadanos

Carlos Cuadrado, tesorero de Ciudadanos, fue demandado en Brasil por no haber pagado la cotización de la Seguridad Social de uno de sus empleados

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera resta importancia a que el tesorero de su partido, y persona de su máxima confianza, Carlos Cuadrado, tenga sus cuentas bloqueadas por la justicia brasileña. Para Rivera el supuesto incumplimiento de la legislación laboral de su tesorero es solo "un litigio laboral de 400 euros", y añade que "es un tema privado, que ya está resuelto en términos políticos", para concluir afirmando que “es un tema del 2009, hace casi diez años".

Sin embargo, según han señalado diversos medios, los problemas judiciales de Cuadrado, copropietario entonces de la empresa Ibertex Importação e Exportação de Máquinas Texteis Ltda, incluyen otros procesos judiciales en Brasil, como el impago de una deuda de 74.000 euros con el Banco Itau, que el tesorero de C's deberá pagar pues ya habría perdido su último recurso.

Segûn afirman desde la formación nacionalista española, su tesorero "era socio al 50% de la empresa demandada, pero no administrador", e intentan justificar el incumplimiento de la ley alegando que "en España la responsabilidad por las demandas afecta solo a los administradores, pero en Brasil la responsabilidad subsidiaria alcanza a los socios".

El tesorero de Ciudadanos mintió en el Senado

En el verano del año pasado, 13 de julio de 2017, Carlos Cuadrado afirmó en una comisión oficial del Senado español que "no tengo ninguna causa ni en España ni fuera de España", pero en realidad tenía pendientes tres procesos judiciales en Brasil. Para justificar esta mentira, el tesorero de la formación españolista explicó recientemente a periodistas de Infolibre que "lo que yo quería decir es que no tenía ninguna causa penal que me impidiese declarar ante la comisión".

Por su parte, desde formaciones políticas como PP, Unidos Podemos, o PSOE recuerdan que el artículo 502 del Código Penal castiga con "prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses, a quien convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio".

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