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La jueza anula la autorización municipal que permitía una conferencia sobre el referéndum catalán en Zaragoza

Las cautelares dictadas por la juez, sientan un peligroso precedente que impediría cualquier acto político, del signo que fuera, en locales municipales, pues vulneraría los principios de objetividad y neutralidad política a los que están sujetas las administraciones locales
| 22 septiembre, 2017 16.09
La jueza anula la autorización municipal que permitía una conferencia sobre el referéndum catalán en Zaragoza
Ciudad de la Justicia de Zaragoza.

La magistrada del juzgado Contencioso Administrativo nº 5 de Zaragoza ha acordado, en un auto de medidas cautelares dictado en la mañana de este viernes, suspender la autorización que el Ayuntamiento de Zaragoza otorgó al Centro Cívico de Delicias para la celebración de una conferencia sobre el referéndum del 1 de octubre en Catalunya organizada por las Marchas de la Dignidad en Aragón.

En su auto expresa que el Ayuntamiento debe servir con objetividad a los intereses generales y con la cesión de uso del local se puede dar a entender que puede estar abandonando la neutralidad que debe presidir su actuación por mandato constitucional.

Sobre la actuación del Ayuntamiento de Zaragoza, entiende la juzgadora que podría interpretarse como una adhesión a una determinada corriente política, partidaria de la celebración del referéndum en Catalunya, cuando en este momento la consulta del 1 de octubre “ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional y no se puede celebrar”.

Señala también la jueza que “las entidades municipales, como las de todo el Estado del que son parte esencial, están sujetas a la Constitución”. Por ello, y según advierte la magistrada que ante “el riesgo de que puedan resultar afectados los principios de objetividad y neutralidad política a que están sujetas las administraciones locales -artículo 103-1 de la Constitución y artículo 6-1 de la Ley 7/1985 de bases de régimen local-, la prudencia aconseja suspender la cesión del uso del local”.

Haciendo caso de este argumento, las cautelares dictadas por la juez, sientan un peligroso precedente que impediría cualquier acto político, del signo que fuera, en locales municipales, pues vulneraría esos principios de objetividad y neutralidad política.

La jueza asegura además, que la suspensión no vulnera los derechos constitucionales de reunión y libertad de expresión ya que no existe impedimento a que la charla se desarrolle en otro lugar distinto. Con este auto se estima la petición medidas cautelares instada por el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza quien solicitaba la suspensión del acto cuya celebración estaba prevista para mañana sábado 23 de septiembre bajo el lema “Por el derecho a decidir”.

Fernando Rivarés califica de “barbaridad jurídica y democrática” la sentencia de la jueza

Por su parte, el consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, en representación del Gobierno de la capital aragonesa, ha lamentado la decisión tomada en este sentido por la magistrada del juzgado Contencioso Administrativo número 5 de Zaragoza. “El Ayuntamiento concede permisos cuando se cumplen todos los trámites habituales, siempre los mismos y preceptivos”, y añadía, “la pida quien la pida, siempre dentro de un marco democrático”.

Para Rivarés, la decisión de la jueza resulta “incomprensible”. “Nos parece que en esta sentencia pasan varias cosas. Una, que se trituran derechos fundamentales de la gente”. A su juicio, existen derechos básicos constitucionales y democráticos “intocables”, y dos de ellos son, “la libertad de expresión y la libertad de reunión”. Para el consejero esta sentencia es “un atropello a estos dos derechos fundamentales”.

En la página 3, Artículo cuarto de dicha sentencia, dice textualmente: “El hecho de que el Ayuntamiento ceda un local para celebrar un acto en el que pueda defenderse el referéndum lleva implícito el riesgo de entender que el Ayuntamiento de Zaragoza muestra su adhesión a una determinada corriente política en favor de la celebración de un referéndum en Catalunya”.

En opinión de Rivarés, “esta barbaridad jurídica y democrática, significa ni más ni menos que, ¿cuando Pedro Sánchez tuvo licencia municipal para hacer campaña en primarias en el Centro Cívico Delicias, o cuando el presidente Rajoy tuvo licencia municipal para hacer campaña electoral en el Auditorio, el Ayuntamiento de la ciudad se convirtió en ‘sanchista’ o en ‘pepero’? ¿significa eso?”, se preguntaba el consejero.

“Es inaudito que se juzgue un hecho que aún no ha ocurrido”, apuntaba, ya que para Rivarés, esta sentencia lo que hace es prejuzgar precisamente eso, un hecho no ocurrido.“No se puede prohibir una reunión donde alguien va a expresar una opinión política, sea la que sea, mientras no atente contra derechos fundamentales como la vida humana, por ejemplo. Y este no era el caso”, apostillaba.

Marchas por la Dignidad sigue adelante con el acto

La organización ha publicado en las redes sociales una respuesta al auto de la jueza pidiendo valentía a la ciudadanía.

“Convocamos a todas las organizaciones y personas progresistas de Aragón a no amedrentarse, a no mantenerse al margen, a involucrarse con nosotros y nosotras en la conquista de las libertades políticas plenas y a responder de forma unánime”, para después asegurar que seguirán adelante con el acto.

22 septiembre, 2017

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