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La Iglesia inmatriculó en Aragón 2.023 bienes inmuebles durante el período de 1998 a 2015

Así lo aseguran desde la asociación aragonesa Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL) quien ha tenido conocimiento de los datos oficiales, si bien éstos todavía son provisionales
| 16 abril, 2018 13.04
La Iglesia inmatriculó en Aragón 2.023 bienes inmuebles durante el período de 1998 a 2015
La Seo. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

La asociación aragonesa Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL) ha tenido conocimiento de los datos oficiales -aún provisionales- proporcionados por el Gobierno de Aragón en materia de inmatriculaciones.

En los diferentes Registros de la Propiedad que operan en Aragón se han cuantificado 2.023 bienes inmuebles inmatriculados de diversa índole por las diócesis aragonesas durante el periodo de 1998 a 2015, fecha en la que finalizó la potestad legal de la inmatriculación de bienes a nombre de la Iglesia Católica mediante un autocertificado sin aportar ningún título de propiedad reconocido.

Estos datos van a ser ampliados con información referida al periodo 1978 a 1998 (año de la Reforma Hipotecaria del Gobierno Aznar), sumando a la lista de bienes inmuebles inmatriculados por la ICAR, aquellos cuya constancia documental obtuvo MHUEL en sus indagaciones registrales de diferentes diócesis aragonesas y las ya públicas que aportó el Ayuntamiento de Zaragoza, todas anteriores a 1998.

“Tal y como nos temíamos, el expolio patrimonial ha sido masivo amparado en el silencio de una normativa inconstitucional que pasó de ‘tapadillo’ en 1978 ante la dejación de los poderes públicos y la complicidad de la Jerarquía Católica”, explican desde MHUEL.

Recuerdan además que el diputado en Cortes Generales por el PSOE, Antonio Hurtado, cuantificó las inmatriculaciones de la ICAR en unas 4.000 aproximadamente desde 1998 a 2015 en todo el Estado español.

“Nada más lejos de la realidad –recalcan desde MHUEL-, si sumamos las ya conocidas en un listado parcial en Navarra (1.087), más las oficiales de Euskadi (unas 500), las oficiales en Aragón (2.023 provisionales) y el goteo que conocemos por mociones presentadas en diferentes ayuntamientos del Estado, la cantidad excederá con creces a la estimación del diputado Hurtado”.

En su opinión, “el panorama es sombrío y muy preocupante”, y recuerdan que el portavoz para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, reconoció recientemente en un medio de comunicación que la ICAR había inmatriculado desde 1998 “entre 30.000 y 40.000 bienes inmuebles”.

Por ello, si a esta cifra se le añaden las efectuadas en el periodo que discurre desde 1978 a 1998, la cifra, a juicio de MHUEL, puede resultar “escalofriante”. Lo que “validaría que estamos ante un escándalo monumental sin precedentes en la Unión Europea”, añaden.

Ante estos hechos, la asociación aragonesa insta al Gobierno de Aragón a cerrar el listado definitivo durante el periodo (1998 a 2015) y completar el listado de bienes inmatriculados por la ICAR en los diferentes Registros de la Propiedad desde 1978 a 1998. Todo ello en cumplimiento de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Podemos Aragón y aprobada en las Cortes. Así como a facilitar la nota simple registral de cada inmatriculación “para saber de qué bienes inmuebles se trata, examinarlos y proceder a su reclamación administrativa o judicial”.

Desde MHUEL también recomiendan a las corporaciones de Derecho Público (ayuntamientos, diputaciones, etcétera) que en caso de litigar judicialmente para recuperar un bien inmatriculado, presenten en el juzgado medidas prejudiciales elevando la causa a tribunales de orden europeo, “para así evitar la práctica de la justicia española de no entrar en el fondo de la cuestión en esta materia”.

Asimismo, en este sentido recuerdan que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) condenó al Estado español por la práctica de las inmatriculaciones, “cuestión que parece que nadie quiere tomar en serio”, lamentan desde MHUEL.

Finalmente “animan de nuevo” al Ayuntamiento de Zaragoza a que siga con la demanda judicial interpuesta “para esclarecer ciertas inmatriculaciones” en la capital aragonesa. “Ese ánimo y decisión la extrapolamos a otros municipios del Estado, para que recuperen un patrimonio de todos que ha sido expoliado de manera vergonzante al amparo de leyes y normativas que no tienen ni medio pase racional, y a todas luces inconstitucional”, concluyen desde MHUEL.

16 abril, 2018

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