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La gestión pública del agua como defensa ante las “amenazas trasvasistas”

Esta es una de las conclusiones a las que se llegó durante la celebración en Zaragoza del primer Encuentro estatal por un Acuerdo Social en Defensa de los Ríos y del Agua Pública. Desde diferentes colectivos denuncian, además, el “encarecimiento de los servicios de saneamiento y la quiebra de la autonomía municipal, que han supuesto las estrategias de privatización impuestas a nivel autonómico [...], en contraste con otros modelos exitosos, desde la gestión pública”.
| 19 febrero, 2018 10.02
La gestión pública del agua como defensa ante las “amenazas trasvasistas”
Foto: Podemos Aragón

Los pasados días 16 y 17 de febrero se celebraron en la capital aragonesa unas jornadas estatales bajo el título ‘Encuentro de Zaragoza por un Acuerdo Social en Defensa de los Ríos y del Agua Pública’, “como una respuesta al Pacto Nacional del Agua planteado por el gobierno del PP, que supondrá el relanzamiento de sus proyectos trasvasistas”.

En este encuentro se propuso empezar a trabajar por un ‘Acuerdo Social del agua en defensa de los ríos y el agua pública,’ con la participación de organizaciones y personas expertas de todo el Estado español.

Tras dos días en los que se llevaron a cabo talleres, charlas y mesas-debate, los movimientos sociales y las personas reunidas en Zaragoza llegaron a una serie de conclusiones.

La primera de ellas supone establecer como prioridad “garantizar el acceso universal al agua potable y al saneamiento como un Derecho Humano, desarrollando nuevos modelos de gestión pública participativa, como los que ya promueven, de hecho, un número creciente de Ayuntamientos” en el Estado español.

“La viabilidad, desde la referencia de casos concretos como Valladolid, de la remunicipalización de los servicios de agua y saneamiento allí donde fueron privatizados”, es otra de las conclusiones a las que se llegó al término de las jornadas.

Asimismo, desde diferentes colectivos y personas particulares denuncian el “encarecimiento de los servicios de saneamiento y la quiebra de la autonomía municipal, que han supuesto las estrategias de privatización impuestas a nivel autonómico, en determinadas comunidades, en contraste con otros modelos exitosos, desde la gestión pública”.

A su juicio, existe una “evidencia empírica que vincula determinados procesos de privatización con problemas de corrupción, al transformar estos servicios públicos en simples negocios privados”.

Además, sitúan el foco en la “irracionalidad que supone afrontar la reducción drástica de caudales que impone el cambio climático, con nuevas grandes presas, como pretendida solución a los problemas de escasez derivados del cambio climático: presas no faltan en sequía, lo que falta es agua”, subrayan.

Recuerdan, también, “la inexistencia de cuencas ‘excedentarias’ en las perspectivas vigentes de cambio climático y la insensatez que supone promover estrategias trasvasistas para paliar las sequías, en la medida que éstas son regionales y no locales”.

Por otra parte califican de “urgente necesidad” acabar con “la sobreexplotación de ríos y acuíferos, garantizando los caudales ecológicos que exige la Directiva Marco de Aguas, y acabando con los cientos de miles de pozos ilegales, de forma que nuestros acuíferos puedan ser piezas estratégicas en la gestión de las sequías”, apuntan.

Denuncian asimismo la “mercantilización del agua, impuesta por sucesivos cambios legislativos, como base de la nueva estrategia trasvasista en curso, haciendo que el agua deje de ser un bien público para pasar a ser una mercancía”.

Del mismo modo, desde dichos colectivos consideran la “necesidad de desarrollar una Reforma de la Ley de Aguas que garantice una trasposición efectiva de la Directiva Marco de Aguas, y que permita minimizar nuestra vulnerabilidad frente a los crecientes riesgos de sequía y crecidas que se derivan del cambio climático”.

“Las políticas mercantilistas y privatizadoras del agua, presididas por los intereses de los grandes productores agroganaderos, especuladores urbanísticos, operadores multinacionales y grandes compañías hidroeléctricas, generan graves impactos sociales sobre los más vulnerables, tanto en explotaciones familiares agro-ganaderas, como sobre la ciudadanía en general, que hay que afrontar de forma decidida”, advierten.

Para ello insisten en “promover nuevos modelos de producción de alimentos de calidad y mercados de cercanía, desde políticas que protejan la explotación familiar, la soberanía alimentaria y prácticas sostenibles socialmente justas, frente a los modelos dominantes de producción y comercialización de alimentos que hoy generan perspectivas de insostenibilidad ambiental y social aceleradas por el cambio climático”.

Finalmente, exigen un ‘Acuerdo Social del Agua’ frente al cambio climático, que sea ratificado por partidos políticos, movimientos, sindicatos y asociaciones ciudadanas. Todo ello con el objetivo de promover “profundos cambios”, tanto en la “planificación y gestión de las aguas, como en la gestión de los servicios de agua y saneamiento, para afrontar el cambio climático en coherencia con la Directiva Marco de Aguas y garantizar el derecho humano al agua potable y al saneamiento que exige Naciones Unidas”.

Con el fin de elaborar el texto de este ‘Acuerdo Social del Agua’, acuerdan un borrador de contenidos a debate y se fija un plazo de cuatro meses para debatir, negociar y perfilar el texto final.

19 febrero, 2018

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