Empiezan a sonar las primeras voces que hablan de la posibilidad de ilegalizar a partidos políticos

Un particular realiza una denuncia de la CUP por promover actos violentos y de terrorismo, y en ella pide la ilegalización de la formación independentista de izquierdas. La Fiscalía General del Estado decide este viernes no emprender acciones contra el partido político.

Si el pasado 2 de noviembre el delagado del Gobierno del Estado español en Catalunya, Enric Millo afirmaba en una entrevista que los partidos que se presentaran con un programa político de autodeterminación no podrían aplicarlo, el 3 de noviembre han empezado a sonar públicamente las primeras voces que piden la ilegalización de formaciones independentistas.

La Fiscalía General del Estado, la misma que pedía cárcel para el Govern de Catalunya, la Mesa del Parlament y los presidentes de ANC y Òmnium, ha recibido de manos de un particular -del que se desconoce quién es- una denuncia que pide la ilegalización de la CUP. Así lo ha informado la mañana del viernes 3 de noviembre el diario Vozpopuli. Con todo, a media mañana del mismo día, el diario La Vanguardia informaba que la Fiscalía no tenía intención de actuar ante la denuncia. Si la ha procesado, afirmaba la Fiscalía, es porque se trata de un procedimiento habitual.

La denuncia que ha sido recibida por la Fiscalía, señala que la formación política independentista habría atentado contra la Ley de Partidos del año 2002. Según la misma, la CUP “ha apoyado y promovido públicamente un acto que vulnera flagrantemente los principios rectores de nuestra Carta Magna”. Además de esto, el particular considera que los miembros de la Candidatura de Unidad Popular “han actuado y lanzado mensajes públicos que han provocado concentraciones tumultuosas, ocupaciones de espacios públicos y hostigamiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. La denuncia añade que la organización independentista ha promovido, dado cobertura y participado en actividades que tienen por objetivo “recompensar, homenajear o distinguir las acciones terroristas o violentas o a quienes las cometan o colaboren en las mismas”. Añade también que la CUP ha dado cobertura a acciones de “desorden, intimidación o coacción social vinculadas al terrorismo o la violencia”.

Es por todo lo dicho anteriormente que el particular considera que “es imperativo y necesario que el Ministerio Fiscal adopte medidas legales pertinentes para instar a la declaración de ilegalidad de la CUP y su consecuente disolución”.

Ante las graves acusaciones del particular, el diputado de la CUP, Benet Salellas, ha explicado en una entrevista para TV3 que "la denuncia es falsa" más allá de que ciertamente la formación independentista está en contra de la Constitución española. Sin embargo, Salellas, abogado de profesión, ha considerado que en un teórico régimen democrático no se puede encausar a ningún ciudadano por estar en contra de las leyes de un territorio y ha reiterado que la CUP, en realidad, ha sido coherente con el programa con el que se presentó a las elecciones. Salellas ha añadido que “sabemos que hay muchos procesos judiciales empiezan de este modo (...) antes eran Manos limpias o formaciones de extrema derecha” quien las llevaban a cabo. “Forman parte del aparato represor del Estado”, ha concluido el diputado de la Candidatura de Unidad Popular.

Por su parte, Santiago Abascal, el líder de la formación de extrema derecha -filofascista- Vox, ha publicado en la red social Twitter que a partir del día 4 de noviembre su partido que apenas cuenta con representación, inciará partidos independentistas:

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