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La Fiscalía pide 177 años de prisión para los encausados por el proceso soberanista catalán

El Ministerio público pide la pena más alta para el exvicepresident Oriol Junqueras, 25 años de prisión por los delitos de rebelión y malversación. Las reacciones a la petición de la Fiscalía consideran las penas disparatadas.
| 2 noviembre, 2018 11.11
La Fiscalía pide 177 años de prisión para los encausados por el proceso soberanista catalán
Concentración en Barcelona por la libertad de los presos políticos. Foto: Víctor Serri (La Directa)

La línea dura en el seno del Ministerio Fiscal se ha impuesto y pedirá condenas de entre 16 y 25 años para los políticos y civiles a quienes considera autores de un delito de rebelión.

En total la Fiscalía pide 177 años de cárcel para los encausados por el proceso soberanista de Catalunya. La pena más dura que solicita es para Oriol Junqueras, para quien pide 25 años de cárcel e inhabilitación para cualquier cargo público por los delitos de rebelión y malversación.

El ministerio público acusa igualmente de rebelión al exlíder de la ANC Jordi Sànchez y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y pide para ellos 17 años de cárcel e inhabilitación.

La pena solicitada para los exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turrull, Raül Romeva y Dolors Basa es de 16 años de prisión e inhabilitación para cargo público.

Para el resto de miembros del gobierno de Puigdemont -Carlos Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs-, que están en libertad provisional, la fiscalía pide 7 años por malversación y desobediencia. Por otra parte, en el caso de los miembros de la mesa del parlamento y la ex-diputada de la CUP Mireia Boya, la Fiscalía solicita una multa de 30.000 euros por desobediencia.

A diferencia de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno español, pide 12 años de cárcel para Oriol Junqueras; 11 años y medio para cinco exconsellers; 10 años para Carme Forcadell; y 8 años para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, todos ellos por un delito de “sedición”.

La Abogacía considera que los hechos no pueden ser calificados de “rebelión”, al no haberse producido “la violencia necesaria” para alcanzar la independencia de Catalunya.

11 años de cárcel para Josep Lluís Trapero

La Fiscalía acusa en su escrito a la cúpula de los Mossos de Esquadra de rebelión y pide para Josep Lluís Trapero 11 años de prisión, la misma pena que solicita para el exdirector de los Mossos, Pedro Soler y el exdirector de Interior, César Puig. Para la intendente Teresa Laplana, el ministerio público pide 4 años de prisión.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional sostiene que los máximos responsables de los Mossos d’Esquadra “se sumaron al plan secesionista” y pusieron a su servicio a la policía autonómica, cuya actuación fue “imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum”.

Reacciones políticas en Catalunya

En la declaración institucional el President del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha asegurado que la petición de pena “es inaceptable” y que organizar un referéndum no es delito. “Colocar unas urnas jamás puede ser delito. Para Torrent “la fiscalía no actúa con anhelo de justicia, sino de venganza”.

Por su parte, el Presidente del Govern, Quim Torra, ha asegurado que todo el mundo sabe que no hubo ningún delito, y que en todo caso éste fue cometido por la policía agrediendo a quienes querían votar. Torra ha lanzado un mensaje a Pedro Sánchez, quien según él, “ha decidido no actuar, que es lo mismo que ser cómplice”. “Hoy el Gobierno ha perdido una oportunidad de oro para sacar el conflicto de los tribunales y volverla a la política”.

Carles Puigdemont ha reclamado a Europa que reaccione ante los escritos de acusación presentados por la Fiscalía y la Abogacía. “Vuestra voz es más necesaria que nunca. Europa corre el riesgo de perder credibilidad como espacio que protege las libertades y los derechos políticos de todos”, ha dicho.

En un duro comunicado Esquerra Repúblicana de Catalunya (ERC) ha asegurado que “hoy el Estado español ha escrito su sentencia” y que “el proceso hacia la República es imparable”

Desde ERC aseguran que “este juicio es una farsa. Un relato inventado, con pruebas y escritos que no aguantan por ningún lado, con delitos que no existen, porque ya se ha dictado sentencia y sólo se intenta aparentar normalidad, se intenta vestir la farsa”.

Además no dudan en afirmar que el Estado, por sostener el relato de la “unidad de España”, es capaz de todo, incluso de “destruir su propio estado de derecho”. Gabriel Rufián ha ido más allá:

Por su parte, la CUP ha expresado el más absoluto rechazo ante la petición de prisión e inhabilitación por parte de la Fiscalía y ha mostrado toda la solidaridad con las personas imputadas así como también con las que se encuentran en el exilio.

“Se trata de un juicio político contra el Derecho a la Autodeterminación del pueblo catalán y demuestra, una vez más, la deriva autoritaria del Estado español, que a través de sus aparatos represivos pretende coartar los derechos fundamentales de la ciudadanía”, han asegurado en una nota de prensa.

Para la CUP “la Causa General que afecta a más de un millar de personas por querer facilitar el ejercicio del derecho a la autodeterminación tiene como objetivo asustar, amenazar e impedir cualquier voluntad de avanzar social o nacionalmente. El objetivo político del Estado español es justamente castigar de forma ejemplar a los responsables políticos y gubernamentales del Referéndum de Autodeterminación del pasado 1 de Octubre para que nunca más nadie ose intentar de nuevo una vía política que pueda poner en cuestión la unidad territorial del Estado español”. 

Pero no solo desde la órbita independentista han llegado las críticas a las penas solicitadas por la fiscalía. El teniente alcalde de Barcelona, ​​Gerardo Pisarello (En Comú Podem), cree que la petición de la fiscalía española supone echar “gasolina al fuego” y ha asegurado que pedir una pena de 25 años “por querer votar, por hacer declaraciones políticas”, además sin violencia, es un “disparate” no sólo contra el mundo independentista, sino contra las garantías penales de todos.

La ANC y Òmnium llaman a al movilización

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha anunciado una campaña “de denuncia nacional e internacional de este ‘juicio’ que incluirá movilizaciones simultáneas no sólo en Catalunya, sino en las principales capitales europeas”.

La Asamblea llama a iniciar un proceso definitivo, “para decir alto y claro en España, en Europa y en el mundo, que el pueblo de Catalunya no acepta ni aceptará más esta humillación y sometimiento a un estado demofóbico”, interpelando a la ciudadanía porque según advierten “necesitamos toda su fuerza y ​​determinación para acompañarnos en la movilización constante para la implementación efectiva de nuestra independencia”.

Por su parte, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha asegurado que “si alguien cree que veinte años de prisión nos harán renunciar a nuestros objetivos, es que no conoce Òmnium”, para como han hecho desde ANC llamar a una “gran respuesta unitaria en el momento más grave de nuestra democracia”.

Reacciones fuera de Catalunya

Desde fuera de Catalunya también ha habido representantes políticos que han mostrado su desacuerdo con la elevada petición de la Fiscalía.

En su cuenta de Twitter, Alberto Garzón ha asegurado que “La petición de la fiscalía en el juicio a los líderes independentistas es de enorme desproporción, sin que haya base con la que fundamentar peticiones tan desorbitadas, pero reflejo también de la ideología reaccionaria que profesan la mayoría de las altas instancias judiciales”.

Por su parte el Secretario General de Podemos, Pablo Iglesias, también a través de las redes sociales ha mostrado su preocupación por la judicialización de lo que el considera es un “problema político”. En otro mensaje ha dudado de la equidad de la ley en el Estado español.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha calificado de “brutales” las peticiones de cárcel formuladas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. También ha criticado la “incapacidad” del Estado español para “resolver los problemas de manera democrática”.

 

2 noviembre, 2018

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