La Fiscalía ha pedido diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos electos y funciones de gobierno para el expresidente de la Generalitat Artur Mas por los supuestos delitos de desobediencia grave en calidad de autor y de prevaricación por la organización de la consulta ciudadana sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.
En el escrito de acusación, los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Francisco Bañeres también reclaman nueve años para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y para la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau -en ambos casos por desobediencia grave cometido por autoridad pública como cooperadoras necesarias y prevaricación administrativa-.
El Ministerio Público añade que, en el caso de que el tribunal optase por imponer por separado las penas de ambos delitos, las condenas totales sean de nueve años y seis meses para Mas y de ocho años y siete meses para Ortega y Rigau, además de una multa.
Acusa a Mas de articular "una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión" acordada por el TC y de hacerlo "aparándose sólo en su voluntad y continuando los trabajos pero, eso sí, con la conveniente discreción", afirma la Fiscalía; para ello supuestamente se concertó con las otras dos acusadas.
"Eran plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento a las decisiones del TC", sostiene la Fiscalía, que les acusa de intentar aparentar que la gestión del 9N quedaba exclusivamente en manos de los voluntarios sin participación del Govern.