La fiscalía española presenta la querella contra Mas, Ortega y Rigau por cuatro delitos

VILAWEB | El fiscal general del estado español, Eduardo Torres-Dulce, ya ha presentado la querella contra el presidente Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera Irene Rigau por cuatro delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación de fondos públicos y usurpación de funciones.

Eduardo Torres-Dulce.
Eduardo Torres-Dulce
Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del estado español.

VILAWEB | El fiscal general del estado español, Eduardo Torres-Dulce, ya ha presentado la querella contra el presidente Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera Irene Rigau por cuatro delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación de fondos públicos y usurpación de funciones. La ha presentado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Según el fiscal español, Mas, Ortega y Rigau cometieron estos delitos en la organización del proceso participativo del 9N, que culminó con la votación de más de dos millones trescientos mil ciudadanos y ciudadanas.

Previamente, el fiscal general del estado español, Eduardo Torres-Dulce, obtuvo el apoyo de la junta de fiscales de sala —presidida por él mismo—, en contra de la opinión de la Fiscalía Superior de Catalunya.

La querella ha sido presentada a la sala de lo civil y penal del TSJC. A partir de ahora empezarán los trámites habituales. Se conformará la sala de admisiones, formada por el presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, y dos magistrados más, uno de los cuales será nombrado ponente. En esta sala se decidirá si la querella se admite a trámite, y por lo tanto si va a juicio, o bien se cierra el caso.

Si el texto se admite a trámite, el ponente se convertirá en magistrado instructor de la causa. A partir de ahí, empezará la instrucción y se harán todas aquellas pruebas y trámites que el magistrado considere oportunos para la investigación. Además, en caso de que se presenten recursos, se creará la sala de recursos, integrada por los magistrados de la sala de lo civil y penal que no han formado parte de la sala de admisiones.

¿A prisión por el 9N?

El fiscal general del estado sostiene que el proceso participativo del 9N fue "planificado, patrocinado y financiado" por el gobierno de la Generalitat de Catalunya y que se articuló principalmente a través de la web participa2014. Según él, el gobierno "desplegó una conducta incompatible con el contenido de dicha resolución", con el "designio original de hacer una consulta de naturaleza materialmente refrendaria, igualmente suspendida por el TC".

Y por eso acusa a Mas, Ortega y Rigau de cuatro delitos: desobediencia, malversación de fondos públicos, prevaricación y usurpación de funciones. ¿Qué implican estos delitos?

La malversación de fondos públicos puede significar la prisión de tres años a seis y la inhabilitación absoluta de seis años a diez. Por la usurpación de funciones públicas, a "quienes ilegítimamente ejerzan actos propios de una autoridad o funcionario atribuyéndose carácter oficial", le pueden imponer una pena de prisión de un año a tres.

El delito de desobediencia prevé penas diferentes, según el caso. Para las autoridades o funcionarios que se nieguen a hacer cumplir resoluciones judiciales, establece una multa de tres meses a doce y la inhabilitación especial para cargo público de seis meses a dos años. En el supuesto de que, "habiendo suspendido la ejecución de las órdenes de superiores, las desobedeciera a pesar de que aquellos hubieran desaprobado la suspensión", le podría ser impuesta una multa de doce meses a veinticuatro e inhabilitación especial de cargo público de un año a tres.

El código penal también prevé penas diversas para el delito de prevaricación. En este caso, presumiblemente, se aplicaría el artículo 405, que establece una pena de multa de tres meses a ocho y la suspensión del cargo de seis meses a dos años a "la autoridad o funcionario que proponga, nombre o dé posesión para el ejercicio de un cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos establecidos legalmente". El código penal también prevé la inhabilitación especial por cargo público de siete años a diez en el supuesto de que un funcionario dicte una resolución arbitraria.

El govern tiene la defensa a punto

Habrá que ver, en primer lugar, si después de la instrucción el caso llega a juicio y cómo defenderá la fiscalía sus acusaciones. Aun así, el govern ya dijo ayer que tenía a punto la defensa jurídica que usará para defenderse. El consejero de Presidencia, Francesc Homs, advertía que la presentación de la querella sería un "ridículo internacional extraordinario" para el estado español y daría "una imagen muy penosa".

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