La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy un informe del Gabinete Técnico relativo a la filtración de datos personales de la víctima durante el proceso judicial de los cinco condenados por abuso sexual durante los sanfermines de 2016. Según ha explicado los datos se difundieron debido a “un conjunto de circunstancias que propiciaron un fallo de carácter sistémico que afecta a todas las esferas y ámbitos de competencia involucrados en el proceso de comunicación de la sentencia y divulgación de su contenido”.
Entre las circunstancias que señala se encuentra la urgencia en la comunicación de la sentencia recaída en el proceso y la necesidad de la pronta divulgación de su contenido, habida cuenta del interés público y la trascendencia del proceso y de su resolución, lo que explica “la inmediatez con la que la responsable de la Oficina Judicial fue requerida por el tribunal para efectuar el traslado de la sentencia a la Oficina de Comunicación apenas hubo sido notificada a las partes”.
Fue en ese contexto en el que se produjo la remisión de la sentencia de la Oficina Judicial a la Oficina de Comunicación con el Código Seguro de Verificación (CSV) que posibilitaba el acceso a su contenido íntegro en la web de la Sede Judicial Electrónica del Gobierno de Nafarroa.
Tampoco se tomaron las medidas de seguridad adicionales para que “quedara deshabilitada la consulta del documento judicial y el acceso a su texto sin disociación de datos de la víctima, como se hizo con posterioridad”. Otra de las razones que explica el informe es que podría haberse generado dudas sobre las obligaciones de los diferentes agentes que debían asegurar el derecho a la intimidad de la víctima.
En relación con este punto, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial presentó el pasado 27 de septiembre al Pleno de este órgano un nuevo Protocolo de Comunicación que clarifica el marco de actuación en el proceso de divulgación de la información, para adecuarlo a los requerimientos que se derivan de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de las normas sobre protección de datos.
En vista de las conclusiones, la Comisión Permanente ha acordado instar a las instancias judiciales –a través de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia- y a las instancias administrativas –Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia- para que “adopten las medidas que sean precisas para procurar que quienes tienen encomendadas las distintas responsabilidades en materia de publicidad, comunicación y difusión de las resoluciones judiciales puedan ejercerlas en un contexto de seguridad técnica y de respeto a la normativa de protección de datos”.
Además, el CGPJ llevará a cabo “las actuaciones precisas para elaborar una guía de recomendaciones en la aplicación de la normativa sobre protección de datos de carácter personal dirigida a los integrantes de la Carrera Judicial”, tal y como acordó la propia Comisión Permanente en su reunión del pasado 11 de octubre.