La Diputación de Zaragoza firma un convenio con la Iglesia para invertir 1,4 millones de euros en conservación del patrimonio eclesiástico

Sánchez Quero reivindica la conservación de los bienes muebles e inmuebles histórico-artísticos dentro de la lucha contra la despoblación, y pasa por alto las inmatriculaciones que tanto el obispado de Zaragoza, como los arzobispados de Chaca y Tarazona, realizaron de forma sospechosa semanas antes del cambio de ley

La Diputación de Zaragoza (DPZ) va a invertir 1.430.000 euros en la restauración del patrimonio histórico-artístico de propiedad eclesiástica en 85 municipios zaragozanos durante los años 2017 y 2018 gracias a un convenio en el que también participan el arzobispado de Zaragoza, los obispados de Tarazona y Chaca; y los ayuntamientos de los municipios beneficiados.

La inversión total será de 2,383.333 euros, de los que la Diputación de Zaragoza aporta el 60%, mientras que los ayuntamientos y las diócesis participan con un 20% cada uno. La mayor parte de esta inversión, 1,8 millones se destina a bienes inmuebles, principalmente a la restauración de fachadas, cubiertas y actuaciones de consolidación; aunque también para las mejoras de los accesos y la iluminación. Mientras que algo más de medio millón de euros, 583.298 euros, se dirige a la restauración de bienes muebles, como retablos, capillas y pinturas. La mitad del importe aprobado por la DPZ se abonará tras la firma de este acuerdo, y el resto, en 2018, una vez que entre en vigor el presupuesto.

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha destacado la importancia de este plan no solo para la conservación del patrimonio de la provincia, sino también para el mantenimiento de su población. “Los municipios del medio rural se han convertido durante las últimas décadas en los guardianes de nuestro patrimonio cultural, cuyo valor material e inmaterial es incalculable. La conservación de este patrimonio depende del mantenimiento de la población rural, pero la pervivencia de los municipios depende también en buena medida de la conservación del patrimonio que atesoran. Por eso, el deber de la Diputación de Zaragoza es salvaguardarlo”, ha señalado.

Sánchez Quero ha destacado la labor encomiable que viene desarrollando la institución - DPZ - en este ámbito desde hace 37 años, lo que ha permitido recuperar buena parte del patrimonio eclesiástico, pero también civil, y se ha comprometido a seguir participando en la conservación de estos bienes mientras sea presidente.

Sin embargo, ha pasado por alto que, tanto el arzobispado de Zaragoza, como ambos obispados, el de Tarazona y el de Chaca, son responsables de la inmatriculación de diversos bienes que deberían seguir siendo de titularidad pública. La Catedral de San Pedro de Chaca fue inmatriculada por la Iglesia tan solo 17 días antes de que cambiara la ley hipotecaria.

En el obispado de Tarazona se inmatriculaba la iglesia parroquial del municipio de Pozuel de Ariza, en otra inmatriculación exprés, a un mes de que cambiara la ley que prohibiría este tipo de actos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó este mes de abril pedir judicialmente la nulidad de pleno derecho de las inmatriculaciones, tanto de la Catedral de La Seo, como de la Iglesia de La Magdalena, "por una palmaria vulneración de la ley, pero también en la consideración de que se trata de bienes pertenecientes al dominio público desde tiempo inmemorial, aunque hayan sido administrados formalmente por la Iglesia".

Desde Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL) se viene reclamando un listado exhaustivo de los bienes inmatriculados por la Iglesia, con el fin de conocer cual es la titularidad del patrimonio, para que pudiera ser comparado, por ejemplo con el listado de bienes que serán conservados con esta partida.

Sánchez Quero, ha recordado que todas las actuaciones y servicios de la institución van dirigidos a garantizar la viabilidad de nuestros pueblos y, por tanto, de una forma indirecta a la conservación del patrimonio que atesoran. Sin embargo, omite que finalmente es el dinero público, en esta ocasión en un 80%, el que permite el mantenimiento de este patrimonio histórico-artístico, mientras que la titularidad de muchos de estos bienes es atesorada por la Iglesia Católica.

El presidente de la DPZ ha terminado reivindicando los servicios que presta la institución que preside en el medio rural, insistiendo en la necesidad de hacer de la lucha contra la despoblación una cuestión de Estado. "Exijo que todas las instituciones, el Gobierno de Aragón, el Gobierno central y Europa actúen contra esta otra lacra invisible de una forma conjunta y que lo hagan por igual independientemente del lugar en el que se encuentre, sin discriminar unas zonas de otras por unas cifras globales que resultan engañosas y claramente perjudiciales para algunas, como sucede clamorosamente en la provincia de Zaragoza, donde la capital aglutina tres cuartas partes de la población de toda la provincia, lo que provoca que no lleguen fondos de compensación al resto del territorio", ha declarado Sánchez Quero.

"Zaragoza –ha concluido– sufre una verdadera sangría demográfica que amenaza con la desaparición de decenas, incluso cientos de municipios y con ellos, con la pérdida también de todo el patrimonio cultural, social y ambiental que atesoran. Algo que no podemos permitirnos".

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