La deuda de Aragón se ha multiplicado por seis en los últimos ocho años, un incremento “absolutamente ilegítimo”

La deuda de Aragón se ha multiplicado por seis en los últimos ocho años, al pasar de 1.165 millones de euros al inicio de la crisis, en 2008, a 7.064 millones de euros en 2016. Se trata de un incremento “absolutamente ilegítimo”, según explica Yolanda Sancho, responsable del Área de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública del Consejo Ciudadano de Podemos Aragón.

En un momento en que la Comisión Europea (CE) amenaza con sancionar al Estado español por incumplir el déficit, esta economista considera que “debemos unirnos" todos los territorios para "exigir un nuevo reparto". Y sobre todo, "establecer un nuevo Sistema de Financiación Autonómica para poder prestar adecuadamente todos los servicios públicos”.

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -coordinador de la actividad financiera de las Comunidades y la Hacienda del Estado- del pasado abril, "entre todas las CCAA de todos los colores políticos prácticamente hubo consenso absoluto en disentir de la política de reparto de déficit, así como del objetivo marcado por Bruselas". Para Sancho, “las continuas amenazas de sanción desde la CE y la exigencia de recortes es algo inadmisible”.

¿Cuál es la situación de deuda y déficit de Aragón?

En estos momentos, según el Banco de España, la Comunidad Autónoma tenía a fecha de 31 de marzo de 2016, 7.064 millones de euros de deuda, calculado según el Protocolo de Déficit Excesivo.

A principios de 2008, al inicio de la crisis, tan sólo teníamos 1.165 millones de deuda pública autonómica.

En cuanto a déficit, estamos por encima de los límites que se fijaron como objetivo para 2015, del 0,7%. Terminamos el año con un 2,13%.

¿Cómo se ha generado esa deuda? A falta de una auditoría que lo determine ¿Piensas que hay elementos de ilegitimidad en dicha deuda?

Aparte de derroches en proyectos absolutamente irreales y de naturaleza especulativa, como Motorland, Aramón, Expo Zaragoza 2008, etc. e ineficiencias varias, creemos que hay una situación de déficit de financiación por parte del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Según la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se pasó de financiar en 2010 a las CCAA con 53.525 millones de euros a tan sólo 25.284 en 2011.

¿Cuál es entonces la consecuencia lógica si las CCAA tienen que financiar los servicios públicos con la mitad de presupuesto? Pues que se empiezan a recortar servicios básicos y empieza a aumentar exponencialmente la deuda.

Entendemos que dicho decremento en la disponibilidad de recursos públicos se produjo en un momento en que se prefirió salvar, entre otros sectores, a la banca rescatada, que a la ciudadanía. Por lo tanto, entendemos que dicho incremento de deuda es absolutamente ilegítimo.

¿Cómo afecta al día a día de la región esta deuda? ¿Y el objetivo de déficit? ¿Cómo afectan a los servicios que ofrece el Gobierno de Aragón?

La falta de ingresos de todos estos años, y la lógica falta de liquidez, hizo que la Comunidad Autónoma se endeudara a unos tipos de interés enormes. En 2013, por ejemplo, se colocaron dos emisiones de deuda, una por 401 millones de euros al 8,25% y otra de 37 millones al 7,5%, por poner dos ejemplos. Ambas operaciones con vigencia hasta 2027.

Tan sólo estas dos operaciones, suponen unos intereses anuales de 36 millones de euros. Más de 108 millones en los tres primeros años en que tiene vigencia. Un poco más que lo que costaría construir el nuevo Hospital de Alcañiz o una tercera parte del presupuesto anual de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales en nuestra Comunidad.

El total de intereses anuales asciende a 192 millones. Casi un 3,75% del Presupuesto 2016 de toda la Comunidad Autónoma. Si se redujera a un tipo de interés de mercado actual, en torno a un 1%, entendemos que se podría cumplir el objetivo de déficit sin mayores problemas.

¿Aragón se ha acogido al FLA? ¿Con qué importe? ¿A qué tipos de interés? ¿En qué limita el haberse acogido al FLA?

Sí, Aragón se ha acogido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en 2016 por un importe total de 181.620.000 euros a un tipo de interés del 1,02% y dos años de carencia.

Las limitaciones son básicamente el control exhaustivo por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En 2015, se acogió al FFF (Fondo de Facilidad Financiera) por importe de 394 millones a tipo 0% para pagos de deudas.

¿Te parece justa la diferencia de intereses del BCE a los bancos y de éstos a las administraciones públicas como las CCAA?

En absoluto. Es un rescate encubierto a las entidades financieras privadas, puesto que no pueden repercutir, en justicia, un diferencial mayor por prima de riesgo, ya que éste es inexistente.

¿Cómo estáis enfrentando la deuda? ¿Os planteáis alguna alternativa, como una auditoría de la deuda, un frente común de CCAA, etc.? ¿Cuáles son las dificultades con las que os encontráis para llevarlas a cabo?

En las Cortes de Aragón, algunos grupos parlamentarios, como Podemos e IU, están presentando Proposiciones de Ley para exigir la auditoría de la deuda de Aragón, las empresas públicas y organismos públicos varios, así como de proyectos que se han comprobado ruinosos.

Pero de momento, por parte del Gobierno de Aragón, está todo parado. Como excepción, contamos con los informes derivados del trabajo de la Cámara de Cuentas de Aragón destapando irregularidades.

Aun así, la falta de presupuesto, medios materiales y humanos, hace que su labor sea muy limitada frente a lo que desearíamos

¿Cómo valoras las cartas que envió Montoro a ayuntamientos y CCAA imponiendo más austeridad cuando ya estaba en funciones?

Frente a la intervención por parte del ministro Montoro hace unas semanas de los recursos que correspondían a Aragón y Extremadura por razón de excedernos del déficit exigido, entendemos que debemos unirnos todas las Comunidades para exigir un nuevo sistema de reparto del déficit.

Y sobre todo, establecer un nuevo Sistema de Financiación Autonómica que garantice la suficiente dotación presupuestaria como para poder prestar adecuadamente todos los servicios públicos que son responsabilidad de las CCAA.

En cualquier caso, un gobierno en funciones no debería tener estas potestades.

¿Qué pasó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera? ¿Las CCAA os plantasteis con el déficit? ¿Hicisteis frente común? ¿Teníais todas la misma postura? ¿Conseguisteis vuestro objetivo?

Efectivamente. Que en 2015 se exigiera a las CCAA un déficit de un 0,7%, mientras la Administración General del Estado se reservara un 2,9%, es absolutamente injusto y desproporcionado. Sobre todo teniendo en cuenta que los servicios públicos más próximos a la ciudadanía, y que más recursos precisan, como educación, sanidad y servicios sociales, son prestados por las CCAA.

Prácticamente hubo consenso absoluto en disentir de la política de reparto de déficit CCAA – Estado, así como de fijación del tope máximo y plazos de cumplimiento del objetivo marcado por Bruselas.

Por supuesto que se ha considerado incumplible el objetivo de déficit inicialmente planteado por el Ministerio del 0,3% para 2016. Finalmente, parece que se ha relajado algo en ambos sentidos, en cuanto a tipo y plazos.

¿Piensas que el plante de las CCAA con el déficit tiene algo que ver con la amenaza de Bruselas de sanción a España por el desvío del déficit? ¿Qué te parece esa amenaza y las constantes referencias desde Bruselas a los recortes de las CCAA (Sanidad, Educación, etc.)?

Está claro que la soberanía de nuestro país ha sufrido en los últimos años un duro ataque desde Bruselas. Las continuas amenazas de sanción desde la Comisión Europea y la exigencia de recortes, que básicamente van siempre enfocados a la prestación de servicios públicos básicos, es algo inadmisible.

Conforme se puso en marcha la unión monetaria, los estados renunciaron a un instrumento de gran utilidad como es la política monetaria. Sólo les queda la política fiscal para poder intervenir en su economía.

Y con el gobierno en España del Partido Popular, consideramos que se ha producido una regresión importante. Si decides salvar a la banca y dejar en la estacada a las familias, realizar una reforma laboral que denigra los derechos de las trabajadoras y trabajadores con un SMI de 655 euros brutos al mes y encima, subes impuestos indirectos, como el IVA, y bajas las cuotas máximas del IRPF para las rentas más acomodadas, el resultado es explosivo: que 1 de cada 3 españoles está en riesgo de pobreza según informe de Cáritas, y que gran parte de la ciudadanía española, aun teniendo trabajo, es pobre.

¿Qué opinas de que Rajoy culpe a las CCAA del desvío del déficit? ¿Y de la carta secreta que envió a Juncker prometiendo más recortes si ganaba las elecciones?

Como ya se ha comentado, las CCAA tienen una exigencia de cumplimiento de déficit mucho más inflexible de lo que se reserva el propio ministro Montoro para sí mismo. Saben que es incumplible y que si se recorta más en lo social, puede haber desórdenes públicos de importancia.

Estos últimos tiempos, desde inicios de 2015, la Troika ha aflojado la exigencia de recortes simplemente porque en España hemos estado en una situación de tiempos electorales. No por otra razón.

Todos nos temíamos que en el momento en que estos tiempos terminaran, volvieran a sus políticas de austeridad. Políticas que todo el mundo, incluidos FMI y OCDE, han admitido finalmente como inútiles y aún más, contraproducentes para el crecimiento de un país.

Y esto es lo que Mariano Rajoy ha admitido con su carta: que esto era un “impasse”, una excepcionalidad, y que la Troika sigue queriendo el sacrificio de la ciudadanía española para salvar el sistema financiero privado que, sobre todo, se ha dedicado a especular lucrándose a costa de los más vulnerables.

¿Quieres hacer alguna valoración sobre este asunto?

Cuando se firmó el Tratado de Maastricht, se nos prometió la Europa de los Ciudadanos. Falso: el plan era crear únicamente una Europa de los Mercados.

Para que esta UE sea verdaderamente lo que nos prometieron, debe llevarse a cabo también una armonización en materia de normativa laboral y fiscal.

Debería ser impensable la mera posibilidad de que países como Luxemburgo, Holanda u otros, se lucren a costa de la elusión o evasión fiscal de empresas de otros países miembros de la UE. Y sin embargo, así es.

Y mientras, en estos momentos, en la Comisión Europea se está planteando sancionar a España con un mínimo de 2.000 millones de euros y pérdida de Fondos Europeos por el no cumplimiento del objetivo de déficit. Tan sólo esperan que haya conformado un Gobierno para exigírselo.

Como siempre, lo pagaremos los mismos.

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