La democracia participativa complementaria de la representativa

Después de 39 años desde la aprobación de la Constitución Española de 1978, todavía los dirigentes de los principales partidos políticos parlamentarios, se aferran a un modelo de democracia representativa, totalmente superada por los nuevos tiempos, que fue útil en la transición democrática al salir de la dictadura franquista, y en donde los partidos políticos hasta entonces clandestinos, necesitaban consolidarse con la fortaleza necesaria para dirigir el proceso que se estaba construyendo. Este modelo ha quedado totalmente obsoleto, sin que los viejos partidos hayan sabido o mejor dicho querido, evolucionar con los nuevos tiempos, perfeccionando y profundizando en otro modelo …

Después de 39 años desde la aprobación de la Constitución Española de 1978, todavía los dirigentes de los principales partidos políticos parlamentarios, se aferran a un modelo de democracia representativa, totalmente superada por los nuevos tiempos, que fue útil en la transición democrática al salir de la dictadura franquista, y en donde los partidos políticos hasta entonces clandestinos, necesitaban consolidarse con la fortaleza necesaria para dirigir el proceso que se estaba construyendo.

Este modelo ha quedado totalmente obsoleto, sin que los viejos partidos hayan sabido o mejor dicho querido, evolucionar con los nuevos tiempos, perfeccionando y profundizando en otro modelo más participativo en dónde la deliberación y la participación formen parte de un nuevo modelo de representación política.

Por ello es necesario que la democracia representativa se transforme con la incorporación complementaria de la participación o democracia deliberativa, superando las dificultades, los hábitos y las formas de la vieja política, en la que unos pocos tomen las decisiones, buena parte de ellas pensando en intereses personales o de grupo, sin contar con los intereses de la mayoría y que son ajenos a las mismas.

Con el nuevo modelo se obligaría a los representantes a estar en continuo contacto con sus representados y a dar cuenta de sus actos, puesto que si dejan de estarlo perderían la confianza y por tanto el puesto de representación cuando correspondiese proceder a la renovación de los cargos.

Nadie pretende que la participación directa de la ciudadanía sea sustitutiva sino complementaria de la participación mediante representantes libremente elegidos en elecciones periódicas, por sufragio universal y en el que el papel fundamental lo sigan teniendo los partidos políticos. Pero es necesario un modelo donde la democracia sea de mayor calidad y ello se consigue con participación.

Teniendo en cuenta las declaraciones de los defensores de la vieja política, se hace necesario explicarles el concepto de participación, ya que o no la conocen o entienden o bien tratan por todos los medios de hurtar la misma a la ciudadanía.

Participación es sinónimo de democracia, es decir ambos conceptos significan lo mismo, se podría decir que son el anverso y el reverso de una misma moneda, por lo que no puede existir una democracia sin participación.

Las personas necesitamos vivir en comunidad para subsistir y en ella se producen diferencias o conflictos que hay que solucionar, por lo que tenemos que dotarnos de fórmulas que regulen la convivencia, y en este contexto surge la política y al sistema político del gobierno de la ciudadanía se le llama democracia, en contraste con el gobierno de unos pocos que se consideran, ellos mismos mejores, lo que se denomina aristocracia u oligarquía.

Pues bien, la democracia consiste en el gobierno para todas y todos, por lo que es imprescindible la participación de la ciudadanía, puesto que ésta significa tomar parte, que es el origen latino de la palabra participación.

En este contexto, el viejo concepto de Gobernación en la adopción de decisiones por los que gobiernan, se transforma en un nuevo concepto denominado “Gobernanza”, que lleva aparejado la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas, a través de unas nuevas relaciones con los responsables políticos, para que puedan adoptar mejores decisiones como fruto de la inteligencia colectiva, y ello conlleva una nueva situación, en donde los poderes públicos tienen que desempeñar unos papeles muy diferentes a los que vienen adoptando y por los que tienen que asumir nuevos instrumentos de gobierno.

Los poderes públicos, y todos los partidos políticos en general, tienen que reflexionar sobre si los sistemas de elección, de gobierno y de gestión siguen siendo los adecuados. No parece que así sea, ni siquiera que se lo hayan planteado, tanto nuestro actual partido gobernante en España, ni por supuesto los que han provocado la grave crisis del segundo partido más votado, más bien al contrario por la forma y hábitos con la que siguen funcionando.

Los profundos cambios sociales que se han producido en los últimos tiempos, que ha provocado la grave crisis económica y política, pero también motivados por el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, la aparición de nuevas redes sociales, el crecimiento del individualismo, y como consecuencia de estas la información de fuentes directas que cada día obtiene la ciudadanía, el aumento del nivel de exigencia sobre los dirigentes políticos, y lo más importante, la aparición de una nueva generación de ciudadanas y ciudadanos muy bien formados e informados, muy autónomos, muy activos socialmente, acostumbrados a participar y a obtener respuestas inmediatas, hace necesario el desarrollo del insuficiente modelo democrático imperante.

A ello hay que añadir que estos cambios sociales  han producido un empobrecimiento en la mayor parte de la sociedad y que no han sido atendidos por los partidos políticos gobernantes y al no darles respuesta a las graves necesidades planteadas han ocasionado una cuando menos desafección de la ciudadanía respecto de la política, y por ello en la mayoría de los países han emergido grupos populistas y de extrema derecha.

Teniendo en cuenta esta situación, en nuestro país son necesarias incorporar medidas normativas para favorecer una participación más directa, superando la participación únicamente depositando el voto cada cuatro años, además de otras encaminadas a fomentar un resultado más directo entre el voto y la elección de los gobernantes a través de listas abiertas, la limitación de mandatos, entre otras muchas.

No obstante, previamente es necesario la democratización de los partidos políticos, mediante fórmulas legales, para que los que han llegado a alcanzar el poder en los mismos y controlan sus aparatos dejen de actuar como auténticos aristócratas y oligarcas del partido, como entre ellos mismos se denominan “barones” sin que se sonrojen por ello.

Entre otras muchas medidas son necesarias la celebración de primarias para la elección de los candidatos, el dar cuenta a  sus representados y no de forma simbólica, en el mejor de los casos como viene siendo habitual. Se trata por tanto de retirar el excesivo poder que acumulan los aparatos de los partidos políticos pasando el control real de los mismos a sus afiliados, y en su caso, incluso a los simpatizantes o posibles votantes.

En un contexto teórico hay que indicar que la participación es un proceso que incorpora a la ciudadanía, sus posiciones, sus intereses y sus argumentos, en la definición y el despliegue de las políticas públicas.

En este sentido, la participación consiste en un diálogo argumentado, entre los actores sociales e institucionales, que sea comprensible para el conjunto más amplio posible de la ciudadanía; y además que sea constructivo y que genere una conclusión concreta que puedan ser valoradas para facilitar a los representantes la toma decisiones

Por tanto, la participación está relacionada con la toma de decisiones, que no debemos confundirla con la información pública, que por otra parte es una condición necesaria pero no suficiente para la existencia de la misma.

El principio de deliberación es el componente central de la democracia, ya que ésta es un régimen deliberativo por definición.

Es interesante señalar lo que ya se decía en la Atenas del siglo V antes de Cristo:

“En nuestra ciudad nos preocupamos a la vez de los asuntos privados y de los públicos, y gentes de diferentes oficios conocen suficientemente la cosa pública; pues somos los únicos que consideramos, no hombre pacífico, sino inútil, al que nada participa en ella, y además, o nos formamos un juicio propio o al menos estudiamos con exactitud los negocios públicos, no considerando la discusión como un estorbo para la acción, sino como paso previo indispensable a cualquier acción sensata.”

En nuestros tiempos la participación es un derecho político fundamental, es el derecho de la ciudadanía a intervenir en la toma de decisiones públicas.

Y así viene reconocido en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y también está reflejado en nuestra Constitución Española de 1978, en los artículos 9.2 y 23.1:

Artículo 9.2 de la Constitución Española:

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”

Artículo 23.1 de la Constitución Española:

Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.”

El derecho de participación, por lo tanto, es un derecho fundamental, que obliga a todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, por lo que es necesario avanzar en la búsqueda de nuevos mecanismos de participación que complementen a la democracia representativa, que escasamente se han llevado a cabo, salvo en el ámbito local dónde se han realizado experiencias que se aproximan más a una democracia de calidad por la existencia de deliberación mediante la participación ciudadana.

Como se ha señalado, la participación directa se hace más necesaria por la situación actual de crisis de este modelo de  democracia representativa, que se limita en buena parte a la elección de los representados sin que estos estén obligados a mantener la confianza de sus representados durante todo su mandato.

Es preciso volver a recalcar que la participación directa de la ciudadanía no es sustitutiva sino complementaria de la participación mediante representantes libremente elegidos en elecciones periódicas, por sufragio universal y en el que el papel fundamental lo tienen los partidos políticos, cuyos funcionamientos deben tener la calidad democrática señalada.

Cada día más nos enfrentamos a problemas más globales e interconectados que son más difíciles de ser abordados desde la especialización, cuyas decisiones son complejas y requieren la participación de toda la sociedad.

Es evidente que no es la democracia la que está en crisis sino su modelo representativo, tal y como lo conocemos actualmente. La ciudadanía ya no considera que la política quede estrictamente limitada a las elecciones que contempla el nombramiento de los teóricamente “más capacitados” para gobernar como un proceso continuo en el que siempre existe la oportunidad de ejercer influencia sobre el gobierno a través de los grupos de presión o de diversas formas de activismo.

Las aspiraciones por una nueva forma de acción política se han facilitado con las tecnologías de la información y comunicación, que proporcionan mejores o más amplios cauces de participación política, mediante nuevos canales de información y comunicación a la sociedad civil, que son unos nuevos instrumentos de participación directa, que permiten superar la insatisfacción de la población con la democracia estrictamente representativa.

Como consecuencia de esta situación, en todo el mundo han surgido instrumentos de participación, entre los que se encuentran los referendos o consultas populares, y otras figuras de participación, fundamentalmente a nivel local, como talleres en donde participan los actores interesados, las conferencias de decisión o los jurados ciudadanos (grupos de deliberación). Casi todos ellos coinciden en lo fundamental, informar a los representantes políticos, otros permiten la coparticipación entre la ciudadanía y sus representantes políticos, e incluso en algunos casos permiten a la ciudadanía tomar decisiones.

Este es el camino que se debe seguir para conseguir una democracia de calidad, y para ello se debería empezar por instaurar una verdadera democracia en los partidos políticos que nos representan.

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