La CPI encuentra a Israel culpable de crímenes de guerra por el asalto al Mavi Marmara

La Corte Penal Internacional de La Haya ha decretado que los soldados israelíes cometieron homicidios intencionados, recalca que la Franja de Gaza sufre una ocupación 'de facto' e incide en la protección debida a todo el pasaje de una flotilla civil en acción pacífica. Además determina que los Gobiernos afectados tienen la responsabilidad de hacer cumplir la jurisdicción internacional.

La Flotilla de la Libertad. Foto: Rumbo a Gaza
La Flotilla de la Libertad. Foto: Rumbo a Gaza
La Flotilla de la Libertad. Foto: Rumbo a Gaza

La Corte Penal Internacional (CPI) ha hecho público un informe referido al caso del asalto al buque Mavi Marmara, en el que viajaban dos ciudadanos y una ciudadana del Estado español y en el que fallecieron once ciudadanos turcos. Sobre el ataque señala en sus conclusiones que los actos cometidos el 31 de mayo de 2010 por los soldados israelíes contra el Mavi Marmara y otros buques, tales como homicidio voluntario, daño físico intencionado y trato incompatible con la dignidad humana, constituyen un crimen de guerra.

El CPI ha señalado que todos los activistas a bordo de la Flotilla de la Libertad tenían estatus de civiles, y por tanto estaban bajo protección de la legislación internacional, y los soldados israelíes llevaron a cabo el ataque aún a sabiendas de su condición de civiles. Además, recuerda que Israel tiene estatus de ocupante en la Franja de Gaza, ya que continúa ejerciendo un control activo sobre la zona.

La Oficina de la Fiscalía de la CPI también ha hecho constar que la tesis israelí de defensa propia no merece la pena discutirla siquiera, indicando que “a las personas que perdieron la vida se les disparó repetidamente en la cabeza, cuello y pies, y a cinco personas por lo menos las mataron disparándoles desde muy corta distancia, según quedó reflejado en los informes de las autopsias”.

Laura Arau, pasajera en 2010, ha declarado que “las víctimas de dicho ataque llevamos más de 4 años luchando para que se haga justicia, sabiendo que a quien tenemos delante es a Goliat. Tenemos claro que nunca nos rendiremos”.

Al mismo tiempo la CPI decreta que los hechos, a pesar de ser considerados crímenes de guerra, no tienen la gravedad suficiente para ser juzgados en esa instancia por lo que son los tribunales de los diferentes países con ciudadanos afectados los que deberían juzgar a los responsables de los crímenes. “Esta resolución pone a nuestro gobierno entre la espada y la pared, ya que aunque intenta desesperadamente dar carpetazo a la jurisdicción universal, ve cómo la CPI le insta a juzgar un caso calificado claramente como crimen de guerra”, ha señalado Manuel Espinar, portavoz de Rumbo a Gaza.

En junio de 2014 el juez Ruz se negó a aplicar la reforma de la jurisdicción universal al caso del asalto a la flotilla abierto en el Estado español. En noviembre de 2012 l a fiscalía de la Audiencia Nacional ya consideró el ataque como crimen de lesa humanidad y lo refirió al Gobierno, quien debía decidir si remitirlo a la CPI -por recomendación del fiscal- o mantener el proceso en los juzgados españoles. Esta resolución de la CPI aboga claramente porque el caso sea juzgado en el Estado español. “Queremos hechos e instamos al Gobierno a que actúe conforme a la legalidad. Ahora mismo su silencio y su actitud -cuando no su colaboracionismo- lo hace cómplice de los crímenes israelíes”, ha denunciado Laura Arau.

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