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La Coordinadora Recuperando reclama al Gobierno español que haga público el listado detallado de bienes inmatriculados por la Iglesia

Aseguran que “todas las inmatriculaciones son nulas de pleno derecho por inconstitucionalidad sobrevenida y por contravenir la Carta Europea de los Derechos Humanos, al haber sido practicadas al amparo del extinto artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que otorgaba a los diocesanos privilegios predemocráticos que equiparan a la Iglesia con la administración pública y vulneran, por tanto, los principios constitucionales de igualdad ante la ley y aconfesionalidad del Estado”
| 31 octubre, 2018 14.10
La Coordinadora Recuperando reclama al Gobierno español que haga público el listado detallado de bienes inmatriculados por la Iglesia

Ante el principio de acuerdo entre el Gobierno español y el Vaticano de crear una comisión conjunta con la Iglesia católica para revisar el listado de bienes inmatriculados e identificar cuáles pueden pertenecer a la institución eclesiástica, la coordinadora Recuperando, que agrupa a una veintena de colectivos ciudadanos, manifiesta a través de un comunicado que “el hecho de que la polémica de las inmatriculaciones de la Iglesia católica forme parte relevante de la agenda del Consejo de Ministras y haya figurado en lugar preferente de las cuestiones tratadas en la Santa Sede constituye un éxito sin precedentes del movimiento ciudadano, y demuestra que las reclamaciones frente a las inscripciones inconstitucionales de miles de bienes tienen una sólida base argumental”.

Asimismo aseguran que “todas las inmatriculaciones son nulas de pleno derecho por inconstitucionalidad sobrevenida y por contravenir la Carta Europea de los Derechos Humanos, al haber sido practicadas al amparo del extinto artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que otorgaba a los diocesanos privilegios predemocráticos que equiparan a la Iglesia con la administración pública y vulneran, por tanto, los principios constitucionales de igualdad ante la ley y aconfesionalidad del Estado”.

“En virtud de ese subterfugio jurídico –continúan-, la Iglesia católica ha inscrito a su nombre, sin título alguno de propiedad y de forma arbitraria, miles de bienes inmuebles, entre ellos plazas públicas, cementerios, frontones, fincas, ermitas municipales, locales comerciales y monumentos histórico-artísticos pertenecientes al legado inmemorial de todas y todos”.

Es por ello que la coordinadora Recuperando reclama que el Gobierno español active las medidas “pertinentes” para cancelar las inmatriculaciones, “como podría ser dictar una orden ministerial cursada a la Dirección General de los Registros y del Notariado para que procedan a la revocación por nulidad de todos los asientos registrales efectuados por la Iglesia católica, sin acreditación alguna de dominio y al amparo de una ley afecta de inconstitucionalidad sobrevenida tal como estipula la cláusula derogatoria de la Carta Magna que declara fuera del ordenamiento jurídico todas aquellas disposiciones que choquen contra la Constitución, y en ejecución de lo ordenado al Estado por las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de 2014 y 2016”.

Del mismo modo solicita a la propia institución gubernamental que incluya en el ordenamiento jurídico la categoría de “patrimonio cultural de dominio público de naturaleza religiosa” para aquellos edificios de incalculable valor histórico y artístico que, independientemente de su posible uso religioso, hayan sido construidos, conservados y mantenidos a lo largo de los siglos con fondos públicos y de los que hasta la reforma del presidente, José María Aznar -de 1998-, “nadie cuestionó su naturaleza imprescriptible, inalienable e inembargable”. “Todo ello sin menoscabo de los legítimos derechos de la institución eclesiástica al uso histórico de los citados bienes y a la propiedad de aquellos cuya titularidad pueda acreditar fehacientemente”, añaden.

Finalmente, Recuperando reclama al Gobierno español que haga público el listado detallado de bienes inmatriculados por la Iglesia, “en aras de la transparencia y el derecho que asiste a la ciudadanía a saber qué inmuebles han sido inscritos irregularmente”, y pide que se abstenga de negociar “acuerdos opacos con los obispos que propicien una salida en falso del escándalo y frustren las justas expectativas de pueblos, ayuntamientos y ciudadanos”.

31 octubre, 2018

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