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La Audiencia Nacional no ve terrorismo ni rebelión en la actuación de la miembro de un CDR detenida

El juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, no ve indicio de rebelión ni terrorismo en los actos por los que se ha procesado a Tamara Carrasco, pero le impone duras medidas cautelares. Además, este jueves, la Guardia Civil ha registrado la sede del Diplocat en busca de documentación relacionada con la contratación de los observadores internacionales para el referéndum del 1 de octubre.
| 12 abril, 2018 19.04
La Audiencia Nacional no ve terrorismo ni rebelión en la actuación de la miembro de un CDR detenida
Foto: Concentración de apoyo a Tamara Carrasco

La miembro del Comité de Defensa de la República detenida y acusada de rebelión y terrorismo, Tamara Carrasco, ha quedado en libertad con medidas cautelares tras su comparecencia en la Audiencia Nacional. La activista había sido detenida por la Guardia Civil en su casa a primera hora del martes por orden del juzgado central de instrucción número 6.

La mañana de este jueves, el juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, ha considerado que los hechos que se imputan a Carrasco no son constitutivos de rebelión ni de terrorismo y los ha calificado como “desórdenes públicos”. Se refiere a los cortes de carretera y levantamiento de peajes en los que presuntamente habría participado Carrasco.

Ahora, la miembro del CDR que según numerosos medios de comunicación españolistas era la cabecilla de una organización terrorista, no podrá salir de su localidad sin permiso judicial excepto para acudir al trabajo y deberá comparecer cada miércoles a la audiencia de guardia.

El magistrado también le ha prohibido salir del Estado español y la obligación de facilitar un domicilio y teléfono para que pueda ser siempre localizable.

Miembros de los CDR y algunas personalidades políticas se han concentrado a las puertas de la Audiencia para dar apoyo a la detenida.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional tras una entrevista de alrededor de una hora con ella ha pedido prisión para Carrasco al considerar que había cometido “delitos con finalidad de rebelión”. Según Fiscalía, la miembro del CDR habría “desarrollado actividades de dirección y coordinación en actos de sabotaje, formando parte de un reducido equipo de dirección que determina las pautas de actuación y las consignas de movilización de estos grupos, como actos de rebeldía encaminados a normalizar la desobediencia y exteriorizar la confrontación con el Estado, trasladando a la calle con actuaciones violentas el proceso soberanista”.

Entre las pruebas aportadas por la Fiscalía -pese a que los voceros del nacionalismo español afirmaron que se trataba de un mapa en papel- son una captura de pantalla de Google Maps, un permiso para realizar una actividad lúdica y materiales para dicha actividad como tickets de bebidas y carteles.

El abogado de Carrasco ha celebrado la decisión del juez. “Es cierto que reduce su capacidad de movimiento” pero las medidas cautelares “son mucho menos graves que una prisión incondicional”, ha dicho el letrado.

Registro de la Guardia Civil en el Diplocat

También este jueves, la Guardia Civil ha llevado a cabo registros en la sede del Diplocat (Consell de Diplomacia Pública de Catalunya).

Agentes del cuerpo policial español, por orden del juez de Barcelona que investiga cómo se preparó el referéndum de autodeterminación de Catalunya del 1 de octubre, se han personado a primera hora de la mañana en la sede del Diplocat ubicada en la Avinguda Diagonal, en busca de documentos relacionados con la contratación de observadores internacionales para el 1-O.

Según un informe de la Guardia Civil se habría destinado una suma de 119.700 euros para contratar observadores internacionales durante la votación de independencia. Esta cantidad estaría dentro de los 1,6 millones de euros que para la Guardia Civil costó la celebración del referéndum. El informe añade que fue Carles Puigdemont directamente quien contrato el servicio a través de la asesoría The Hague Center for Strategic Stuides.

A las 14.30 los agentes que iban vestidos de paisano han abandonado el edificio.

Este registro llega cuando se sabe que por aplicación del artículo 155 de la Constitución española, el Gobierno estatal va a cejar la actividad del Diplocat.

12 abril, 2018

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