La Asociación ‘Aragón Suma’ ha presentado este jueves una Iniciativa Legislatura Popular (ILP) para una nueva gestión de los saltos hidroeléctricos.
El objetivo final de la propuesta es abaratar la energía generada a consumidores, consumidoras y empresas mediante una implicación directa de las administraciones, para una gestión transparente de los saltos que revierta en los territorios afectados por los pantanos y permita luchar contra su despoblación.
El marco elegido simbólicamente para la presentación ha sido la puerta de los leones del Congreso español, en Madrid. En el acto han participado tres representantes de dicha asociación: su presidente, Xavier de Pedro, acompañado por Ramón Millán y Marina Sevilla, vocal y tesorera respectivamente .
‘Aragón Suma’ pretende que esta ILP tenga un amplio apoyo de la ciudadanía y consiga las 500.000 firmas necesarias para que se tramite y se apruebe como ley en las Cortes Generales. Aunque es una iniciativa impulsada desde Aragón, el propósito es sumar apoyos en el resto de territorios del Estado español, de ahí la propia denominación de la Asociación “Aragón Suma”.
La ILP pretende modificar varios artículos del vigente texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. También introduce cambios en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Los beneficios, para la ciudadanía
Esta ILP reivindica que sean la ciudadanía y las empresas, a través de sus administraciones más cercanas, quienes se beneficien de una energía barata y limpia producida por los saltos hidroeléctricos. Contraponen así este objetivo “frente a la habitual y obsoleta gestión, donde las grandes empresas energéticas son las que se benefician de una energía muy barata producida en los saltos hidroeléctricos y que venden carísima después a consumidores y empresas”.
Una gestión mixta y transparente para abaratar la energía
La Iniciativa Legislativa defiende que las administraciones más cercanas a la ciudadanía gestionen los saltos hidroeléctricos de forma trasparente, en colaboración con empresas privadas de mantenimiento y comercialización de energía. ‘Aragón Suma’ reprocha que, actualmente, “la tramitación de los expedientes para revertir los saltos a las administraciones se retrasan años y se caducan, lo que genera ganancias millonarias a las eléctricas en perjuicio de todos los ciudadanos”. Frente a esta realidad, este colectivo reclama en su ILP que los expedientes de reversión se tramiten con tres años de antelación y no caduquen.
Justicia social con los pueblos afectados por los pantanos
Asimismo, reivindican que los municipios afectados por pantanos participen de los beneficios de una energía barata producida en su territorio. En cuanto a la calidad ambiental y al buen estado ecológico de los ríos y los paisajes, la ILP exige garantizar los caudales ecológicos en los ríos. También obliga a las empresas hidroeléctricas a restaurar las zonas afectadas por los saltos, y que sean sancionadas aquellas que abandonen instalaciones hidroeléctricas en los cauces.
La ILP defiende que los beneficios de los saltos hidroeléctricos financien las obras hidráulicas de interés general para abastecer poblaciones y riegos. Del mismo modo, la Iniciativa Legislatura Popular ordena al Gobierno español que reclame a las eléctricas la energía reservada al Estado a bajo coste, y aplicarla a la gestión de los servicios públicos del agua y a combatir la despoblación.
Modelo de inversión-concesión
Fue en el siglo XX cuando se realizaron en el Estado español las principales inversiones en aprovechamientos hidroeléctricos, que actualmente siguen en funcionamiento, y que constituyen un importante y consolidado sistema de generación de energía altamente eficiente y de naturaleza renovable. Según información de Red Eléctrica, la energía hidroeléctrica en el Estado español representa actualmente un 20% de la potencia instalada.
Las inversiones realizadas en aprovechamientos hidroeléctricos responden, salvando algunas particularidades, al modelo inversión-concesión de aguas, de forma que a cambio de las inversiones necesarias para la construcción de los saltos se otorgaba a los promotores una concesión de aguas con una duración mínima de 75 años, sujeta a la condición de que al finalizar el plazo las instalaciones reverterían al Estado.
La ILP recuerda que “este modelo de producción le confiere un doble carácter esencialmente público, ya que el origen de la energía está en el agua, que es un bien de dominio público y, por otro lado, las instalaciones tienen como fin último la reversión al patrimonio público de la Administración”.
Otra de las características de la energía hidroeléctrica es que su producción, con carácter general, se genera en zonas deprimidas de montaña inmersas en un proceso avanzado de despoblación. Esta situación genera un contraste entre la importante riqueza que genera la producción de energía y la nula repercusión en el territorio donde se produce, que, además, “debe soportar las graves servidumbres que tienen las infraestructuras hidroeléctricas, además del riesgo potencial que conllevan, como son las presas de regulación y las instalaciones de alta tensión”.
