La Secretaría General de Pleno y la Asesoría Jurídica Municipal han elaborado sendos informes ante las dudas planteadas por el dictamen aprobado en la última sesión de la Comisión Especial de Investigación de Ecociudad por PP, PSOE, Ciudadanos y CHA. Ambos servicios vienen a avalar las tesis defendidas en dicha comisión por los ex consejeros de Ecociudad, Pedro Santisteve, Teresa Artigas y Pablo Muñoz.
En primer lugar, el exhaustivo informe de la Asesoría Jurídica, rubricado por dos letrados municipales, descarta uno a uno todos los motivos de supuesta responsabilidad tanto civil como penal.
El informe descarta que se haya dado el supuesto de “delito societario” ni falta del “deber general de diligencia” en la administración de la sociedad. Es más, afirma que “las discrepancias o críticas públicas con la gestión del director gerente, incluyendo su remoción, han sido en el ejercicio de su derecho a conocer las instalaciones de la sociedad y el cumplimiento de los acuerdos del consejo”. Asimismo indica que “de las actuaciones desplegadas por los administradores no se desprende ni se proyecta sobre las mismas atisbo de reproche penal alguno, ya que dicha conducta se enmarca en todo caso en el ámbito del ejercicio de sus funciones como administradores”.
Respecto a la visita realizada por Cubero y Artigas a la depuradora, los letrados consistoriales indican que “carece de reproche penal alguno y no conocemos la antijuridicidad de algún tipo criminal en el que pudiera subsumirse su norma”.
Y en cuanto al supuesto de “acoso laboral” sugerido en el dictamen, el informe afirma que las condiciones no se han dado y no es el caso del “trato recibido por el gerente de Ecociudad”. Tampoco reconoce “coacciones” porque los letrados argumentan que “debería haberse dado capacidad para doblegar la voluntad del sujeto afectado, lo que es obvio, no ha sucedido ni podemos percibir que hubiera podido suceder”.
En cuanto a “delitos contra el honor, calumnias o injurias”, el informe indica que tampoco acontecen porque se enmarcarían en el derecho constitucional de expresión y de información.
Por último, respecto a la actuación del Alcalde al trasladar a la Fiscalía la supuesta comisión de un delito, el informe asevera que el Alcalde actúa correctamente, que “la denuncia que le llegó disponía de apariencia de verosimilitud”. Asimismo, en cuanto al procedimiento de información reservada se hizo correctamente y que, por tanto, sus actuaciones “no tienen reproche penal alguno”.
Por otra parte, la Secretaría General de Pleno ha elaborado un informe en el que reconoce que “la designación de un miembro en el Consejo de Administración de la sociedad Ecociudad Zaragoza S.A.U. es un derecho y como tal es “en todo caso, renunciable”. “Si un grupo político municipal, a pesar de tener derecho a estar respresentado en un Consejo de Administración renuncia al mismo por las causas que considere oportunas, el Consejo no puede hacer más, ya que no hay ninguna norma de rango legal que obligue a esa presencia en los Consejos de Amismistración, ni en el ámbito de la Administración Local ni en el ámbito mercantil.
No obstante, en cuanto al papel del Alcalde, en tanto en cuanto es el Presidente del Pleno, “es él quien debe presidir la Junta General de la citada sociedad”, como han defendido siempre los miembros del Gobierno.
