Justicia para Berta Cáceres

Es imposible no sentir un regusto amargo tras conocer la sentencia por el asesinato de Berta Cáceres. Imposible que la frustración no se adueñe de nuestros espíritus leyendo como ha resuelto este crimen el Tribunal de la Corte Suprema de Honduras. Han tenido que pasar casi tres años para que al fin se haya conocido la sentencia que condena por asesinato a quienes han sido reconocidos como los autores materiales de este crimen, los inductores, los autores intelectuales, los que pagaron a los sicarios, esos siguen libres. Tal es así que el tribunal solo reconoce como responsables del asesinato de …

Berta Cáceres en 2015. Foto: Servindi

Es imposible no sentir un regusto amargo tras conocer la sentencia por el asesinato de Berta Cáceres. Imposible que la frustración no se adueñe de nuestros espíritus leyendo como ha resuelto este crimen el Tribunal de la Corte Suprema de Honduras.

Han tenido que pasar casi tres años para que al fin se haya conocido la sentencia que condena por asesinato a quienes han sido reconocidos como los autores materiales de este crimen, los inductores, los autores intelectuales, los que pagaron a los sicarios, esos siguen libres. Tal es así que el tribunal solo reconoce como responsables del asesinato de Berta a siete de los ocho acusados y solo a cuatro de ellos los acusa también de tentativa de asesinato del ambientalista mejicano Gustavo Castro Soto, que pernoctaba esa noche en casa de Berta. Castro Soto, único testigo del crimen, aunque herido por los asesinos, salvó su vida al fingirse muerto.

Ha sido un proceso plagado de irregularidades denunciadas en numerosas ocasiones tanto por la familia de Berta Cáceres como por el COPINH -Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras- organización de la que Berta formaba parte. Tras conocerse la sentencia han mostrado su malestar por no poder participar como víctimas en el proceso.

Este juicio ha puesto en evidencia la indefensión a la que se sometió a la familia de Berta durante todo el proceso, llegando incluso el Tribunal a "declarar en abandono de la acusación privada", hecho que propició la expulsión de las hijas de Berta Cáceres y su representación en el proceso, privándoles de esta manera de participar activamente en el mismo. La sombra oscura y alargada del gobierno hondureño ha sido evidente durante todo el proceso.

Pese a todas las irregularidades procesales y seguramente fruto de las presiones internacionales para que se garantizara la celebración del juicio y el castigo, en su caso, de los culpables, este 29 de noviembre se ha conocido la sentencia contra los autores materiales del crimen. Dos de ellos ex oficiales del ejercito hondureño devenidos en sicarios y otros dos de DESA, siendo Sergio Ramón Rodríguez, ejecutivo de esta empresa responsable del mega proyecto hidroeléctrico conocido como la presa de "Agua Zarca" en el río Gualcarque, un río sagrado para el pueblo lenca.

Fruto de la lucha de las comunidades y de denuncias y presiones internacionales a ambos lados del Atlántico, la construcción de Agua Zarca se suspendió en 2017, tras retirar definitivamente su apoyo al proyecto hidroeléctrico el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINNFUND).

El pueblo lenca ganó esta batalla que quedará registrada para siempre como uno de los crímenes más vergonzosos y de más alto coste para a una comunidad indígena. En vidas, la de varios indígenas y líderes del pueblo Lenca, y con ellos, la de Berta Cáceres. Para los lenca el coste se mide en grandes afecciones al medio ambiente, el desplazamiento forzoso de esas comunidades y la privatización de ríos y territorios con la consiguiente pérdida de una fuente de agua, riqueza y alimentos imprescindible para su supervivencia.

Berta y el COPINH denunciaron y lucharon por la paralización de este proyecto durante años, hecho que sin duda la colocó en la diana de sus asesinos. Ya antes de ser asesinada recibió amenazas de muerte, acoso sexual y telefónico, persecución policial e indefensión por parte del propio gobierno hondureño ante otro intento de asesinato un mes antes de su muerte.

Es ahora, finalizado el juicio por la muerte de Berta Cáceres cuando se reconoce a DESA, y a varios de sus ejecutivos, a los que el Tribunal señaló durante la lectura del fallo manifestando que el asesinato “… fue planificado y ejecutado, con el pleno conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de DESA”.

Han quedado muchos cabos sueltos en este irregular juicio, muchas denuncias de la familia a las que no se prestaron oídos. Desde que se sentó en el banquillo a los acusados, ha planeado y aún planea la sospecha de que no se han querido buscar a los verdaderos culpables, aquellos que no solo planearon el crimen sino que pusieron a disposición de los sicarios armas y dinero para perpetrarlo.

Lo que sí ha quedado meridianamente claro a lo largo del proceso es la implicación en este crimen, además de DESA, de empresarios ligados al sector eléctrico y de funcionarios y militares del gobierno hondureño. Todos formaban parte de ese "grupo en la sombra", los “autores intelectuales” tan culpables como los siete condenados por el asesinato de Berta el pasado 2 de marzo de 2016 en su casa de La Esperanza.

Ésta desde luego no es la justa justicia que la familia de Berta y el COPINH llevan reclamando desde hace casi tres años. Como decía Austra Bertha Flores, la madre de la líder indígena, se ha hecho justicia pero con ella "no siento satisfacción, a mi hija no la vuelvo a tener, no la vuelvo a besar ni a contemplar".

Tendremos por ello que seguir reclamando Justicia para Berta Cáceres y para los cientos de asesinados y asesinadas por defender la propiedad de su tierra, la cultura indígena, el medio ambiente y de condiciones para una vida digna de los pueblos y comunidades de América.

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