Izquierda Unida exige la ampliación del plazo de suspensión de los desahucios durante al menos dos años más, la dación en pago como fórmula preferente para la resolución del conflicto, la paralización de ejecuciones hipotecarias y la firma de un convenio con el Sareb que permita una gestión pública de las viviendas que administra.
Una batería de propuestas sobre vivienda que el diputado de IU Miguel Aso trasladará hoy a la Comisión de Obras Públicas a través de una iniciativa en la que reclama al Gobierno aragonés que se dirija al español para que solicite al poder legislativo la modificación de la Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
“La ley se aprobó hace más de un año y, vistos los resultados de ejecuciones hipotecarias, no ha servido, tal y como la mayoría de las fuerzas políticas y movimientos sociales estábamos diciendo, para frenar la pérdida del derecho a la vivienda que está recogido y reconocido en la Constitución", explica Aso.
IU recuerda que en el Capítulo I de la esta Ley se establece un mecanismo de suspensión de los desahucios por un periodo de dos años, suspensión que se pensó como una medida de carácter temporal y extraordinaria ante procesos de ejecución hipotecaria de vivienda habitual en familias con una situación de posible exclusión social, según los requisitos que están definidos en el artículo 1.2 de la Ley. “La moratoria está próxima a su finalización, por lo que podría darse un aumento considerable de los desahucios en este sector poblacional, visto que la situación económica de la mayoría de la población sigue siendo desesperante y no hay visos de que vaya a mejorar en el futuro”, explica el portavoz de Obras Públicas de IU en las Cortes, Miguel Aso.
En cuanto a los datos de las afecciones concretas que los desahucios en el Estado español y en Aragón están provocando, el Instituto Nacional de Estadística ha señalado que, entre enero y marzo de este año, ha habido un repunte de más del 19% de ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales, registrándose, sólo en Aragón, 239 casos en este periodo de tiempo.
Por ello, además de pedir esta ampliación del plazo de suspensión de los desahucios, reclama la realización, a la mayor brevedad posible, de una modificación legislativa que establezca la dación de la vivienda habitual en pago de la deuda total existente por el impago hipotecario como fórmula preferente para la resolución de estos conflictos, cuando el bien ejecutado sea la vivienda habitual.
En otro de los puntos de la iniciativa, Izquierda Unida, "ante las graves consecuencias de la crisis en la economía de las familias y en consonancia con su defensa de la vivienda como un derecho", demanda la paralización de ejecuciones hipotecarias, facilitando la conversión de la vivienda adjudicada por la entidad financiera en un alquiler social a favor del ocupante, con importes máximos de renta del 30% de la renta del arrendatario.
En el último punto del texto, IU solicita establecer un convenio de colaboración con el Sareb para que las viviendas gestionadas por esta sociedad se puedan poner a disposición de ayuntamientos y territorios con el fin de crear y dotar una bolsa de viviendas de gestión pública con fines sociales y en defensa del derecho a la vivienda.
