Izquierda Unida ha presentado 49 enmiendas al Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública. Una nueva norma que, una vez aprobada, será la primera ley específica de Aragón que prevea sanciones para los casos de mala gestión del dinero público cuya gravedad no requiera la aplicación del Código Penal y que aumente las exigencias a los cargos públicos.
Uno de los objetivos de las enmiendas registradas esta mañana por Izquierda Unida (IU) en las Cortes aragonesas es mejorar la transparencia y el control y que en el de las contrataciones se pueda participar en la evaluación, así como en cualquier momento del proceso, no solo al comienzo de la tramitación. Además, IU propone que los lobbies que no estén previamente registrados no puedan entrar en contacto con las personas que conformen la agencia que, además, deberán ser de reconocido prestigio en los temas relacionados con el objeto de esta ley.
Por otra parte, Izquierda Unida no está de acuerdo con el texto del Proyecto de Ley en lo que hace referencia, entre otras cosas, a que cualquier funcionario pueda ejercer funciones de control. Para IU, deben ejercerlo solo el director o los subdirectores. Tampoco comparte el artículo relativo a “regalos” y pide en sus propuestas que ningún cargo pueda recibir obsequios.
En cuanto a las denuncias, IU aboga por que cualquier persona pueda denunciar y pueda ser de forma anónima y que las personas que hayan sido sancionadas por la comisión de infracciones muy graves no puedan volver a ser nombradas ni miembro del Gobierno ni alto cargo de la Administración autonómica.
Por último, IU añade una disposición adicional. Para la formación política y social uno de los objetivos fundamentales de esta ley debe ser la protección y recuperación de caudales públicos y, para garantizar este objetivo, cuando la ley prescriba en los procesos penales que se sigan por delitos contra las Administraciones Públicas y se halle comparecida la Administración Autonómica como Acusación, propone que no se pueda alcanzar un acuerdo sobre responsabilidad civil derivada del delito, en ninguna fase procesal, sin previa autorización de las Cortes de Aragón.
