“Indignación” ante la sentencia del Tribunal Supremo que condena a pagar el coste de la enseñanza concertada de “dos colegios del Opus Dei”

Esta vez ha sido la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Zaragoza quien ha mostrado su rechazo ante la sentencia del Tribunal Supremo que condena al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón “a pagar el coste de la enseñanza concertada de dos colegios del Opus Dei de Zaragoza, Sansueña y Montearagón, colegios que, como seña de identidad mantienen la enseñanza separada por sexos”

La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Zaragoza muestra, mediante una nota de prensa, su “indignación” ante la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón “a pagar el coste de la enseñanza concertada de dos colegios del Opus Dei de Zaragoza, Sansueña y Montearagón, colegios que, como seña de identidad mantienen la enseñanza separada por sexos”.

A juicio de la Plataforma, “se trata de un completo sin sentido, ya que a la vez que se reconoce la importancia que tiene la educación en las políticas de igualdad se aplica una Ley educativa que permite, no sólo la existencia, sino la financiación con dinero público de colegios privados que, además de segregar por motivos económicos e ideológicos, también lo hacen por sexos, (olvidando que la escolarización mixta proporciona una socialización que contribuye a la mejora de las relaciones entre sexos)”.

“En pleno siglo XXI tenemos una ley educativa, la LOMCE, que lejos de perseguir la ‘calidad’ que figura en su denominación, contribuye al deterioro del sistema educativo en su conjunto dado su carácter sectario, segregado y mercantilista”, aseguran.

Una ley educativa que, para la Plataforma, es “sectaria por que viene cargada de contenido ideológico conservador que no cree en la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas, ni en la educación como instrumento de desarrollo personal”.

Asimismo la califican como “segregadora porque permite separar al alumnado por sexo, además de por motivos ideológicos y clase social, olvidando el papel integrador de la escuela, no sólo como compensadora de desigualdades, sino como instrumento valioso, y seguramente imprescindible, para generar sociedades cohesionadas”.

La tachan también de “burocratizadora, mercantilista”, ya que “se preocupa más del alumnado como potencial trabajador que como persona, marcando itinerarios para segregados por nivel socioeconómico. Es contraria a la equidad y la igualdad de oportunidades”.

Una ley educativa que, para la Plataforma, “nació antidemocrática, se realizó de espaldas a la comunidad educativa y no contó en su día con ningún consenso”. Todo ello “supone una merma importante de la participación de profesionales, familias y alumnado en la gestión cotidiana de los centros y del proceso educativo”, subrayan.

“Cuenta, asimismo, con la inestimable ayuda de determinados jueces, que actúan como un parlamento por encima de los parlamentos, o como un gobierno por encima de los gobiernos. Paralizan la planificación educativa, imponiendo que aulas deben abrirse o cerrarse. Deciden que segregar por sexos contribuye a la igualdad entre sexos. Estiman que aunque una hora semanal de religión es legítima, cautelarmente hay que impartir dos”, recalcan.

Por todo ello, la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Zaragoza “urge” a que se “derogue esta ley”. “Que nuestros parlamentarios dejen de marearnos con un pacto educativo en las Cortes Generales y que se trabaje por una ley educativa que garantice la igualdad de oportunidades a todo el alumnado, y que desarrolle un papel fundamental que debe tener la escuela como es ser la compensadora de desigualdades porque solo así tendremos una sociedad del futuro que sea más justa y solidaria”, concluyen.

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