Altavoz

¿Improvisación?

| 11 octubre, 2017 12.10

Acomódese el lector, ponga cara de circunstancias o incluso lea desganadamente este artículo. En efecto, tiene ante sí un texto que va a reflexionar sobre el conflicto de Catalunya con el Estado central, esto es, identidades, procesos y el porqué de la letanía de agravios que ambas partes vocean.

Me fijaré para empezar en un texto que día sí y día también es nombrado por los agentes políticos ubicados en el Palacio de las Cortes o la Moncloa: la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

Su artículo 10 proclama que la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, son el fundamento del orden político y la paz social.  “A juego” con esta norma, la Ley básica de la Comunidad aragonesa, su Estatuto, reconoce en su artículo 12 “el derecho de todas las personas a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación, de malos tratos y de todo tipo de discriminación.”

El artículo 15 de la norma equivalente en Cataluña, su Estatuto, viene a decir lo mismo, y lo mismo ordenan ambas normas a los poderes públicos: Deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y los grupos sean reales y efectivas (en el caso de la norma aragonesa, en su artículo 20).

Hasta aquí, tranquilidad.  Los poderes públicos son capitaneados por candidatos políticos, que primero fueron elegibles, luego electos tras una campaña más o menos salpicada de escándalos, y por último, investidos de autoridad en una sesión solemne del Parlamento correspondiente: En este concreto momento, Mariano Rajoy Brey, en el caso del Estado.

¿Por qué motivo los poderes públicos, desde la madrugada del día 1 de octubre hasta las últimas horas de la tarde de ese mismo día, obraron con tanto desprecio al derecho innato de las personas a ser dignas, libres y autónomas? El Gobierno del Estado español, a cambio de no salirse del guion proporcionado semanas antes por el Tribunal Constitucional, atraviesa en esta jornada una frontera: Ejercitar una respuesta violenta contra varios cientos de ciudadanos que están concurriendo a depositar un voto sin alterar el orden público y la seguridad colectivas.

Y aquí la tranquilidad jurídica se disipa. Comienzan a encadenarse acontecimientos, a llegar a las pantallas de móviles, ordenadores y tabletas de media Europa, las imágenes de los golpes, los empujones, y las patadas. Violencia desde el Estado para salvar a los catalanes de sí mismos, o lo que es lo mismo, una muestra clara de antipedagogía política, me temo.

Las cargas policiales temerarias y las lesiones causadas por Agentes públicos de diversas unidades policiales han de ser investigadas con celeridad por una comisión imparcial, como de hecho, ya ha sido solicitado al Estado español por (...).

El pueblo catalán se une frente a esta violencia innecesaria, y recibe y recibirá la más amplia solidaridad de instituciones y personas a título particular durante los siguientes días, como la expresada por cientos de ciudadanos en Zaragoza el día 3 de octubre. De ahí, el título de este artículo, ¿improvisación?, donde me pregunto si la represión ha sido improvisada.

Lo anterior a este 1 de octubre no ha sido improvisado: El Estatuto de autonomía de Cataluña fue aprobado por el Parlamento de Catalunya y por las Cortes Generales en el año 2006, y fue publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya el 20/07/2006. Hasta cuatro sentencias del Tribunal Constitucional en el año 2010, partieron y mutilaron amplias partes de este Estatuto, que todos los partidos políticos salvo el Partido Popular habían apoyado. Al responsable político de las Fuerzas de policía que actuaron en Cataluña, el Ministro del interior, no le pediremos explicaciones sobre tanta Sentencia de inconstitucional falta de lógica.

Eso es otro debate.

A nosotras nos queda conocer nuestro inmediato pasado, afirmar la solidaridad con las personas que luchan por libertades civiles básicas en Catalunya, en Aragón, y donde sea, y afinar la vista para ver que detrás de muchos balcones con banderas sólo se encuentra el deseo de domesticar la democracia.

Al Sr. Juan Ignacio Zoido, Ministro de Interior del Reino de España, en cambio, lo único que le queda es presentar su dimisión.

11 octubre, 2017

Autor/Autora

Abogado de Zaragoza.


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