Ibercaja prevé cerrar 55 oficinas en Aragón y modificar las condiciones laborales de sus trabajadores para ahorrar costes

El primer banco aragonés insiste en realizar drásticos recortes, pese a que obtuvo el pasado año 143 millones de beneficio. Los representantes sindicales sostienen que la entidad pretende que la reestructuración se realice a costa de los trabajadores.

Los principales dirigentes de Ibercaja, Víctor Iglesias (izda, consejero delegado) y José Luis Aguirre (dcha, presidente) se estrechan la mano en presencia del anterior presidente, Amado Franco. Foto: Ten Zaragoza

Los representantes de Ibercaja Banca en la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la entidad han anunciado que prevén el cierre de 55 oficinas en Aragón y una modificación de las condiciones laborales de la plantilla dirigida a ahorrar costes. La iniciativa de los responsables de Ibercaja se produce después de que en 2016 la entidad obtuviera 143 millones de beneficio.

Así lo ha asegurado a Efe la portavoz de UGT en la mesa negociadora, Victoria Camarena, que ha expresado su malestar ante una oferta con la que, a su juicio, “se pretende que el proceso de reestructuración de la entidad lo paguen los trabajadores de Ibercaja”.

En este mismo sentido se ha pronunciado, en declaraciones a Efe, el representante de CCOO, Miguel Ángel Villalba, para quien las tres reuniones mantenidas hasta ahora constituyen una “patada en la boca” de los sindicatos que hacen “dudar de la buena fe” de la entidad financiera.

Cierres y modificaciones laborales

Los negociadores por parte de la entidad bancaria han expuesto que el plan prevé el cierre, además de 55 oficinas en Aragón, de 15 en Castilla y León, 30 en La Rioja y Guadalajara, 16 en el Arco Mediterráneo, 32 en Extremadura y 12 en Madrid.

Posteriormente, han expuesto un plan de medidas para atenuar el proceso de reestructuración que contempla un plan de recolocación y otro de movilidad geográfica para reducir los excedentes de trabajadores tras los cierres, así como una modificación sustancial de las condiciones laborales, tanto a nivel coyuntural como estructural, para abaratar costes.

También se ha planteado que la extinción voluntaria de la relación laboral alcanzará a unos 250 trabajadores, de los 686 que la entidad prevé despedir en el proceso.

A juicio de la responsable sindical, la modificación de las condiciones laborales planteada tendrá una “incidencia clara” en las retribuciones salariales, que se verán reducidas para mejorar el balance general de la entidad.

Ha criticado, además, que los negociadores no hubieran precisado la ubicación de las sucursales que se prevén cerrar en Aragón, ya que si se concentraran en la ciudad de Zaragoza se produciría un proceso menos traumático de recolocación de trabajadores en otras oficinas de la capital aragonesa.

Cese del consejero delegado

En cualquier caso, Camarena ha tachado de “muy traumático” el expediente propuesto y ha anunciado que desde su sindicato se prevé realizar una contraoferta que prevea “cero salidas traumáticas”.

La responsable sindical ha asegurado que los trabajadores de la entidad se sienten “engañados, porque hace muy poco se presentaban públicamente unos datos positivos sobre la entidad y ahora se nos da una información sesgada e interesada para justificar el proceso”.

“Si la situación es tan preocupante -ha subrayado- es debido a una mala gestión, y por eso hemos planteado que vamos a solicitar el cese del consejero delegado de la entidad, Víctor Iglesias, como responsable”.

Camarena ha criticado a Iglesias por no comparecer en el proceso de negociación y de “mentir”, ya que hace un año, a preguntas de los representantes sindicales, se mostró a favor de “un proceso de reestructuración transparente y sin medidas traumáticas”.

El responsable sindical de CCOO ha lamentado que los representantes de la entidad no hubieran respondido más que a una de las preguntas planteadas por su organización en la anterior reunión, la referida a la distribución territorial de las oficinas a cerrar.

Según ha explicado, “no nos han contestado a la información económica aportada ni a las previsiones de trabajadores que tienen para cada provincia aragonesa, lo que nos impide hacer una contraoferta”.

Absorción por otra entidad

Villalba ha cuestionado las cifras económicas aportadas por la entidad para justificar el proceso, cuyo contenido se mantiene confidencial y que ha calificado de “falsas”, pero ha advertido que si se conocieran “los clientes e inversores de Ibercaja tendrían miedo”.

El responsable sindical, que no descarta que tras esta situación haya un proceso de absorción por parte de otra entidad, ha añadido además que el retraso acordado para la salida a bolsa de Ibercaja no justifica la supuesta necesidad del plan de reconversión.

Ha añadido que “con los datos que tenemos nosotros sobre la mesa, no se justifican las medidas que nos proponen”.

Sindicatos y entidad, que se encuentran todavía en el periodo previo a la negociación formal del ERE, volverán a reunirse en Zaragoza el próximo 4 de abril para continuar con los contactos.

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