De sobra es conocido por todos y todas la repercusión que ha alcanzado el debate en Zaragoza de todo lo concerniente a la remunicipalización de los servicios públicos. Aún así, quizá sería conveniente realizar un repaso de los últimos acontecimientos acaecidos en referencia a este asunto de vital importancia para la gestión municipal.
En concreto, todo lo que afecta a la remunicipalización de la depuradora de L’Almozara y la Planta Recuperadora de Fangos de Casablanca (PRA). El contrato con la empresa hasta ahora adjudicataria ha expirado –lo hizo en abril de este año- y por ello, el próximo viernes 30 se votará en el Pleno del ayuntamiento de Zaragoza si se continúa con la gestión privada o si para beneficio de la ciudadanía, se remunicipaliza el servicio.
Hasta el momento, Drace Infraestructuras, empresa filial del empresario Florentino Pérez, ha seguido haciéndose cargo de su gestión gracias a una prórroga extraordinaria de seis meses. El historial de la empresa Drace en cuanto a su funcionamiento y gestión de la depuradora de L’Almozara ha dejado mucho que desear. En primer lugar, cabría destacar las circunstancias en qué dicha empresa consiguió el contrato de adjudicación.
Las empresas que se presentaban al concurso de licitación –en noviembre de 2013- fueron, una UTE (Unión Temporal de Empresas) compuesta por Dragados –empresa también propiedad de Florentino Pérez- y Mariano López Navarro; una UTE entre las empresas Aqualogy -perteneciente al grupo Aguas de Barcelona y vinculada a la trama Púnica- y Socamex -grupo Urbaser, nuevamente de Florentino Pérez- y otra UTE entre Ideser –perteneciente a Ideconsa- y las empresas valencianas SAV y DAM, además de la ganadora del concurso de adjudicación, Drace Infraestructuras.
Es decir, de las cuatro ofertas presentadas a la licitación, tres de ellas correspondían a empresas en manos del todopoderoso Florentino Pérez. Dejando a un lado si esto resulta legal o no, que de las cuatro, tres pertenezcan a un mismo propietario, llama la atención sobre todo la diferencia por la cual Drace consiguió hacerse con la adjudicación del contrato. En la puntuación final, la que determina la empresa ganadora, Drace logró 89’40 puntos y la UTE Ideser-SAV-DAM, 89’09 puntos. Lo que quiere decir que 0’31 puntos más decidieron que Drace se adjudicara la gestión de la depuradora de L’Almozara y la PRA.
En los criterios establecidos para asignar la puntuación final, se tiene en cuenta una Memoria descriptiva de la planificación y ejecución de los trabajos pertinentes, una Memoria descriptiva del Plan para el Aseguramiento de la Calidad y para la seguridad y salud, y una descripción de las mejoras a realizar en la instalación. Estos tres apartados conforman la Oferta Técnica y pueden sumar un máximo de 40 puntos. Aquí, la UTE Ideser-SAV-DAM consiguió la mejor de las puntuaciones, 38’90 puntos, muy por delante de Drace, que tan solo logró 29’40 puntos. Por otro lado, los otros 60 puntos que faltan hasta logra los 100 puntos como máximo, se realizan a través de la Oferta Económica.
En este apartado, Drace, la empresa de Florentino Pérez –una de las tres de su propiedad-, presentó una oferta de un 15’05% más barata que el precio máximo establecido para su licitación. Mientras que la UTE Ideser-SAV-DAM, realizó una oferta de un 5’24% más barata. Lo cual quiere decir que Drace triplicó el abaratamiento de la oferta presentada por la UTE Ideser-SAV-DAM. Algo cuanto menos curioso, si nos guiamos por la oferta presentada por la empresa que hasta entonces desarrollaba el servicio, es decir la UTE Ideser-SAV-DAM, y que al haber realizado ya ese trabajo, debería de ser la que mejor conoce la cantidad de dinero necesaria para afrontar dicha gestión.
Dejando a un lado este apartado, el económico, es importante centrarnos también en el apartado técnico, para de esta manera hacer un repaso por los continuados incumplimientos del pliego del contrato firmado y adquiridos por la empresa Drace. Esta empresa, además de comprometerse con ciertas obligaciones como condición indispensable para adjudicarse la licitación, pone encima de la mesa una serie de mejoras ofertadas para hacerse con el contrato. En total, seis actuaciones que mejoran el rendimiento y la gestión de la depuradora de L’Almozara y la PRA, por un valor de 212.500 euros.
Pero, en octubre del año 2015, el consejero de Servicios Públicos del ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero y Teresa Artigas, concejala de Medio Ambiente, deciden realizar una visita sorpresa a las instalaciones de la PRA. Allí se dan cuenta que además de que una parte del equipamiento no se encuentra en condiciones para desarrollar el trabajo, lo cual ya incumple el contrato, las mejoras ofertadas en noviembre de 2103 por la empresa Drace ni se han ejecutado ni han comenzado a hacerlo.
De ahí viene la polémica surgida con las actas en las que se firmaba la sustitución de esas mejoras por otras de 211.865 euros, y de las que hasta ahora sólo se han ejecutado –en once meses- mejoras por valor de 40.000 euros. Justo la cantidad que ha costado la sustitución de dos piezas fundamentales dentro de la estructura de funcionamiento de la instalación. Piezas, que ya se habían sustituido previamente y que de esta manera se pueden hacer pasar por parte de las mejoras propuestas. La cuestión es, que la ‘segunda’ partida de mejoras no fue comunicada al Consejo de Ecociudad, algo que resulta obligatorio en estos casos, lo cual indica algo raro en la manera de proceder, ya que es mucha casualidad que las nuevas mejoras no salieran a la luz hasta unos días después de la visita de Cubero y Artigas a la PRA.
A raíz de estos hechos, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve decide presentar ante fiscalía el testimonio del Jefe de Planta, quien afirma que dichas actas están falsificadas. La fiscalía admite a trámite la denuncia por delito de falsedad documental y comienza una investigación que incluye a Miguel Ángel Portero, gerente de Ecociudad desde 2002 y que hasta 2013 poseía un sueldo de 91.250 euros al año –incluyendo 6.200 euros por antigüedad y 3.350 euros en concepto de dietas-, lo que supone alrededor de un millón de euros obtenidos a través de un sueldo público durante once años –una cifra nada desdeñable por realizar una gestión un tanto nefasta a la vista de los hechos acaecidos con Drace-.
Cabe recordar, que durante el juicio, el Jefe de Planta de la depuradora de L’Almozara que en un principio había sostenido la falsedad de las actas que recogían las modificaciones de las mejoras, se retractó de su testimonio. Quizá, ser el eslabón más débil de la cadena de investigados provocó que éste cambiara su versión de los hechos. ¿Casualidad?
El siguiente incumplimiento de los pliegos del contrato por parte de la empresa Drace, forma parte de la garantía adquirida a la hora de mantener los puestos de trabajo de la plantilla, y no sólo de las condiciones laborales sino también en cuanto al número de trabajadores y trabajadoras que deben componer dicha plantilla. En el contrato firmado por Drace, se establece que la plantilla tiene que contar con 24 efectivos. Otro punto incumplido, ya que en realidad la plantilla sólo cuenta con 22. El trabajador número 23 corresponde a una persona que vive y trabaja en Madrid, y a la que la empresa empadrona en Zaragoza –condición necesaria establecida dentro del contrato- con el objetivo, parece ser, de justificar una persona más en la plantilla, sin que esto realmente sea cierto. El por qué de esta maniobra queda claro, pero, ¿a petición de quién?
Esta persona, según fuentes consultadas por AraInfo, solamente ha acudido a su puesto de trabajo un día, siendo que su labor debe ser realizada de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. El trabajo a desempeñar consiste en la mejora continua de los equipos e instalaciones existentes, y el control y supervisión de los costes para conseguir una mayor eficiencia en la explotación y mantenimiento de las instalaciones de la depuradora de L’Almozara y la PRA. Una labor difícil de realizar si no acudes a tu puesto de trabajo. De hecho, a fecha de hoy sigue faltando una persona para completar las 24 que están establecidas en el contrato.
En definitiva, una gestión desastrosa de un servicio público tan importante como la gestión del agua, y que pone de manifiesto la idoneidad de que dicho servicio recaiga en manos de grandes empresas pasando por encima de los intereses de la ciudadanía.
