Golpeados por la crisis

El estallido de la burbuja azotó con especial dureza a una clase trabajadora a la que el paro y la precariedad cortaron el camino hacia la clase media para condenarla a la pobreza

Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

Eran trabajadores cercanos a la clase media que al final de la primera década de este siglo lograron unas condiciones estables pero que, con la crisis, cayeron en situaciones de pobreza relativa”. Así describe Jesús Carreras, autor del estudio “Tectónica de clases en la sociedad post-fordista: movilidad social descendente a través de la pérdida de vivienda en Zaragoza”, premiado por la Cátedra Vivienda de la universidad de la capital aragonesa y en el que estudia los efectos sociales de los desahucios por ejecución hipotecaria registrados en la ciudad entre 2012 y 2014, al grueso de las víctimas de desalojos en esos años.

El estudio cuestiona el mantra que vincula la pérdida de vivienda a un estilo de vida por encima de las posibilidades de las familias y pone sobre la mesa uno de los efectos de la crisis: el empobrecimiento de la clase media, y de quienes estaban cerca de acceder a ella hace una década, y la generación de amplios estratos de pobreza relativa a base de desempleo y precariedad.

En el 29,7% de los hogares desahuciados trabajaba al menos una persona, un 27,4% tenía ingresos por el subsidio de desempleo, un 7,7% percibía pensiones y en otro 16,9% llegaba alguna ayuda social, mientras solo el 18,2% carecía de ingresos. “No se puede relacionar desempleo y desahucio –explica-. Muchos encontraron otro empleo tras perder el anterior, pero en condiciones más precarias y que no les permitía hacer frente a la hipoteca”.

Carreras estudió los 390 expedientes  tramitados por el Servicio de Mediación Hipotecaria de Zaragoza Vivienda en esos dos años, en los que hubo en Zaragoza 4.107 lanzamientos. La mayoría habían adquirido sus casas en 2006 por un precio medio de160.000 euros –el promedio en la ciudad era de 175.000- y pagaban una cuota de 512 euros. “Tenían trabajos, pero, en su mayoría, no disponían de ahorros ni de antigüedad en sus empresas. Se trata de gente trabajadora que compró viviendas asequibles y no se endeudó por encima de sus posibilidades. Es sorprendente que en el 30% de los hogares había gente trabajando”, añade.

El investigador llama la atención sobre el deterioro del sistema de protección social, que hace que “existan hogares que, aun percibiendo ayudas sociales, no puedan mantener sus viviendas” –casi el 25%-, mientras el elevado número de desahuciados con trabajo pone de relieve “el deterioro de las condiciones del empleo, y a la consiguiente disminución en el volumen de renta que se percibe por él”, al tiempo que ese 27,4% de situaciones en las que la prestación por desempleo no permite hacer frente a los pagos hipotecarios “denota importantes fallos en las políticas de protección” ante el paro, que “no están cumpliendo su función como ‘colchón’ que permite al trabajador y a su familia mantenerse hasta que encuentra un nuevo empleo”.

Margen de maniobra reducido

Sí eran frecuentes otros condicionantes que reducían el margen de maniobra económico de los hogares afectados: el 40% tenían al menos un miembro de origen inmigrante, con redes sociales menos potentes que las de los autóctonos, y en el 66% –la media de la ciudad es del 46%- había menores. Y también llama la atención la concentración espacial de los desahucios en áreas de rentas medias-bajas, inferiores a 12.000 euros anuales en muchos casos, y escasa densidad de población: más del 25% se concentraron en La Almozara -5,4%-, Las Fuentes -9,5%- y Oliver -10,4%-, donde la tasa de desalojos afectó a más de un tercio de los hogares -35,7 por cada mil- mientras en la provincia de Zaragoza era del 9,1 por mil.

“La precariedad y el neoliberalismo consolidados y potenciados por la crisis económica han abierto una importante brecha social entre las fracciones más bajas de la clase trabajadora y el resto de la sociedad”, concluye Carreras, para quien “al abrirse esta brecha, aquellos que previamente a la crisis se encontraban en el ‘borde’, en posiciones sociales que les permitían adquirir una casa barata en propiedad, pero que poseían una serie de características que hacían su posición social especialmente vulnerable, han sido sacudidos por los terremotos de recortes y despidos y han caído bruscamente en la categoría de lo que llamamos pobreza”.

Los datos oficiales, ante los que la oficialidad sigue sin apenas reaccionar cuando la crisis va camino de cumplir diez años, corroboran la tesis que apunta el investigador. Principalmente, en lo que se refiere al trabajo. Al cierre de 2015, y según los datos del Instituto Aragonés de Estadística (Iaest), en la comunidad solo se habían recuperado 13.366 de los 85.781 empleos asalariados destruidos entre 2008 y 2013. El mercado laboral sigue lejos de los 624.119 que se registraron el año de la Expo.

Y tampoco los sueldos se han recuperado. En el caso de los hombres, los 21.144 brutos anuales del cierre de 2015, que revelan estadísticamente un país de mileuristas, están alejados de los 22.294 que marcaron el récord en 2010. Mientras tanto, las mujeres siguen sufriendo una amplia brecha salarial que hace que sus salarios –la media es 16.144- se queden en tres cuartas partes de los masculinos, aunque con una ligera reducción, de apenas dos puntos, en la diferencia.

Crece la pobreza, mengua la clase media

Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)
Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

La distribución de los salarios por edades en Aragón resulta descorazonadora: solo los mayores de 36 años -380.478- superan los 20.000 euros brutos al año, mientras los empleados de 25 a 36 años -122.996- alcanzan una media de 15.244 que revela cómo la precariedad gana terreno hacia la madurez y quienes no alcanzan esa edad -50.470- oscilan entre los 3.426 y los 6.361. En estos últimos, el nivel de ocupación no llega al 24%, según la última Encuesta de Población Activa.

Paralelamente, los niveles de protección social del desempleo se han desplomado, ya que la prestación media anual de 3.935 euros que se registraba en 2009 se ha visto reducida en más de un 20% al caer, como consecuencia de las reformas del sistema, a 3.074.

Una de las consecuencias de ese desplome de las rentas, agravado por situaciones de precariedad como el aumento de las jornadas parciales –de 63.200 a 85.500 desde que acabó la Expo-, ha sido la reducción de la nómina global de los aragoneses, que, según la Agencia Tributaria, entre 2010 y 2014 descendió en 574 millones de euros –un 5,25%- al caer de 11.137 a 10.563. Eso, en cuanto a los asalariados, que sufrieron en sus carnes como 903 empresas se declaraban insolventes en cuatro años y cómo solo en los dos últimos los ERE afectaban a más de 23.000 en despidos colectivos -1.194-, reducciones de jornada -906- y suspensiones de contrato -21.751-. Los ingresos anuales de los autónomos sufrieron una caída porcentual todavía mayor –un 6,4%- al pasar de 1.111 a 1.040 en ese mismo periodo.

La evolución de los ingresos de los asalariados aragoneses por estratos también revelan una notable tendencia al empobrecimiento: entre 2008 y 2014 –último con datos disponibles-, la cifra de declarantes se reducía en más de 22.000 –de 705.891 a 683.236- mientras aumentaba en más de 20.000 el número de los que no llegan a ganar 12.000 euros mensuales –de 248.959 a 269.958- y descendía en 30.000 –de 326.379 a 296.069- tanto el de mileuristas como el de los que llegan a 30.000.

La clase media mengua mientras más gente cae en la pobreza y juventud es, cada vez más, sinónimo de precariedad o excusa para imponerla.

Tirar de ahorros y no llegar a fin de mes

Apenas existen datos sobre la evolución de la renta por municipios. Y los pocos que existen revelan que, mientras el PIB de la comunidad regresa a cifras similares a las de 2008, la distribución de esa riqueza sigue siendo desigual. La renta bruta per cápita de Zaragoza cayó de los 18.978 euros de 2008 a los 16.774 de 2012 para repuntar levemente hasta los 17.153 de 2014. Es decir, que la caída alcanzó el 12% en solo cuatro años para subir apenas un 2,2% en los dos siguientes en la capital. El proceso es más acusado en zonas de su cinturón como Cuarte, donde el desplome se mantiene seis años después y supera ya el 27%  -de 22.456 a 16.320-.

Esa situación ha obligado a tirar de ahorros a los aragoneses, que en solo tres años -de 2013 a 2016, incluidos particulares y empresas-, han sacado más de 3.300 millones del banco: los depósitos han caído de 35.056 a 31.756. El desglose de los datos indica que los fondos en cuentas a la vista casi se han duplicado al pasar de 6.844 a 13.161 y que los productos de ahorro han aumentado más de un 14% -de 6.666 a 7.610-, lo que podría ser interpretado como una mejora. Sin embargo, los depósitos a plazo, el producto con el que las familias intenta sacar algún rendimiento a sus capitales, ha sufrido un espectacular desplome de más de 10.000 millones: de 21.546 a 10.984.

Sin embargo, no todo el mundo, ni mucho menos, dispone de reservas e ingresos para su día a día, lo que ha provocado un estremecedor aumento de la pobreza en la comunidad, que ya afecta a más de la sexta parte de las familias: desde 2008, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (Instituto Nacional de Estadística), se ha multiplicado por ocho –hasta superar los 22.000- el número de hogares que no pueden comer alimentos proteínicos como carne, pollo o pescado tres veces por semana, más de 27.000 sufren pobreza energética y no pueden tener la casa a una temperatura adecuada y otras 155.642 -el 28,9%- carece de capacidad para afrontar gastos imprevistos.

Cuatro familias en la calle cada día

Más de 6.000 familias aragonesas se han quedado sin techo en los últimos cuatro años como consecuencia de órdenes de desahucio. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre 2013 y 2016 los juzgados de la comunidad han ejecutado 6.721 lanzamientos: 2.899 como consecuencia de ejecuciones hipotecarias y 3.822 por impago de alquileres, un volumen de desalojos que revela una media de más de cuatro hogares por jornada. En los últimos cuatro años, los ejecutores de este drama social han intercambiado sus papeles, al desbancar los propietarios privados a la banca como principales impulsores de los desalojos. De hecho, los desahucios por impago de las rentas se mantienen en niveles elevados -957 en 2016- tras acumular dos años de repunte mientras la ejecución de préstamos -681- inicia un incipiente descenso después de crecer tanto en 2014 como en 2015.

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