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“Globalmente insatisfactorio”, el Consejo de Europa suspende al Estado español en materia de anticorrupción

No se han implementado por completo ninguna de las once recomendaciones que en 2013 el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa le remitió y critica que muchas de las iniciativas que los grupos parlamentarios llevaban en su programa no se han puesto en marcha
| 4 enero, 2018 12.01
“Globalmente insatisfactorio”, el Consejo de Europa suspende al Estado español en materia de anticorrupción
Bancada del PP. Foto: @Congreso_Es

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) considera que tras la Cuarta Ronda de evaluación, el nivel de cumplimiento del Estado español sigue siendo “globalmente insatisfactorio” y añade que no se han implementado por completo ninguna de las once recomendaciones que en 2013 le emitió. Concretamente, siete recomendaciones se han desarrollado parcialmente y cuatro no lo han hecho en absoluto.

Este organismo del Consejo de Europa ha publicado en este reciente 2018 un informe en el que evalúa el cumplimiento del Estado español de las recomendaciones que considera necesarias para prevenir y combatir la corrupción con respecto a los miembros del Congreso español, el Poder Judicial y la Fiscalía.

En cuanto al control parlamentario, Europa asegura que “varias recomendaciones esperan su implementación, incluida la adopción de un código de conducta en ambas cámaras y una revisión exhaustiva del régimen de divulgación financiera”. Además, aclara que a pesar de todos los intentos como la creación de un subcomité dedicado a analizar el régimen y la financiación de los partidos políticos o los intentos por modernizar las Órdenes Permanentes de la Cámara “ninguno de estos intentos han tenido éxito hasta la fecha dada la falta de apoyo parlamentario”.

La mayoría de los grupos incluyen dentro de sus programas recomendaciones de GRECO como, por ejemplo, publicar las agendas de los parlamentarios o sobre sus relaciones con empresas, así como información sobre sus cónyuges y del resto de familiares que dependan económicamente de ellos. Sin embargo, el informe aclara que “la gran mayoría de estas propuestas programáticas aún no se han materializado en la práctica en el Parlamento”.

Otra de las recomendaciones del Grupo anticorrupción era la introducción de reglas enrte los y las diputadas y “los grupos de presión y otras terceras partes que tratan de influir en las medidas legislativas”. Aunque, valora las propuestas que se han llevado a cabo en el Congreso español y existe en el mismo un amplio consenso sobre la necesidad de regular el asunto, “las diferentes facciones políticas difieren en puntos de vista con respecto a la amplitud y profundidad exacta de la regulación” por lo que todavía no se ha aprobado ninguna medida concreta.

Cambiar el sistema de nombramiento en el poder judicial

Por su parte, el GRECO subraya “la alta calidad de la judicatura y el servicio fiscal en España y celebra el proceso de reflexión en curso para emitir una estrategia nacional de justicia y para aumentar la independencia y la eficiencia del poder judicial, incluidos los cambios en los sistemas de nombramiento de sus órganos rectores y oficiales de alto rango”. En otras palabras, Europa valora positivamente que algunos grupos parlamentarios se estén planteando que los doce miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean escogidos por los jueces, y no por los partidos. Sin embargo, este es uno de los puntos más conflictivos del informe que en 2013 emitió este grupo.

El intento al que se refiere el GRECO es el pacto entre PP y Ciudadanos que incluía aprobar esta medida en la que la elección del CGPJ se llevaría a cabo a través del sufragio de los jueces y no por las Cortes como se ha venido haciendo desde hace 36 años.

Esta medida que pretendía “despolitizar el poder judicial” ha sido criticada por el propio Tribunal Constitucional ya que este sistema de elección podría reducir la pluralidad del CGPJ porque en la carrera judicial “prima la corriente conservadora”. Una inercia política que en 1985 el PSOE trató de corregir aprobando precisamente el cambio del sistema de elección en el que el nombramiento pasaba de manos de los jueces a un pacto entre los partidos políticos.

Con respecto al servicio de la Fiscalía, todavía está pendiente una reforma de su estatuto que aumentaría su autonomía y aunque es la institución que más recomendaciones ha llevado a cabo, el GRECO lamenta “la falta de una acción más decidida en la redacción de un código de conducta para los fiscales, que está en curso”.

El Estado español tiene hasta el 31 de diciembre de 2018 para poner en marcha y aprobar todas las recomendaciones y lograr, según el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa “un progreso tangible lo antes posible”.

4 enero, 2018

Autor/Autora

Periodista y videorealizadora en Zero Grados y AraInfo. Miembro del Consello d'AraInfo. @Rocio_Duran_


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