La jornada del día 2 de noviembre empezaba temprano. A las 8.10 horas Oriol Junqueras llegaba a la Audiencia Nacional (AN) y poco después lo hacía el resto de miembros del Govern cesado por el Gobierno español en grupo - Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Josep Rull, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Jordi Turull-. Santi Vila, exconseller de empresa de la Generalitat que un día antes de la votación por la proclamación de la República catalana dimitía de su cargo para evitar la represión judicial, llegaba en solitario.
De este modo nueve de las catorce personas del Govern acusadas de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos acudían ante la Audiencia Nacional, mientras Carles Puigdemont y otros cuatro consellers eludían la citación de la jueza Lamela.
Mientras todo esto ocurría, la Mesa del Parlament era citada a declarar ante el Tribunal Supremo (TS) por los mismos delitos que el equipo de Govern. Carme Forcadell y otras cinco integrantes del organismo - Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet- llegaban a las 9.30 horas a las inmediaciones de la sala del TS.
A las puertas de ambos edificios judiciales, se concentraban tanto diputados del Parlamente, como diputados del Congreso y senadores para dar apoyo a los y las encausadas y para denunciar lo que ha sido considerado por estas mismas personas como “un golpe de estado a la democracia” y una perversión de “la separación de poderes”. También se encontraba allí Artur Mas que ha declarado ante los medios de comunicación que las elecciones del 21 de diciembre son una “oportunidad para derrotar” al Estado español.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, mientras estaban a punto de empezar las sesiones judiciales en las dos sedes judiciales, aseguraba en TV3 que los independentistas se podrían presentar “con el mismo programa político” del 27-S “pero no lo podrán aplicar porque no cumplen el marco legal vigente”. Añadía Millo que el Gobierno “está haciendo los mínimos ceses posibles para garantizar el orden constitucional”.
No era la única reacción que llegaba desde Catalunya. Ada Colau anunciaba a las 10.00 horas que el pleno municipal de Barcelona haría una pausa a las 12.00 horas para que los regidores que así lo deseasen pudiesen sumarse a las protestas contra el encarcelamiento de los Jordis y las citaciones de los miembros de Govern y la Mesa del Parlament.
La primera noticia de impacto llegaba a las 10.40 horas cuando el Tribunal Supremo suspendía la sesión de citación de la Mesa que será reanudada el día 9 de noviembre. El motivo de la decisión del juez estaba relacionado con la petición de los abogados de la defensa que habían denunciado que no habían tenido tiempo de leer la querella de 115 páginas -más cuantiosa información anexada- y por ello no habían podido preparar la defensa adecuadamente. Así mismo, el TS instaba a Forcadell y al resto de miembros de la Mesa del Parlament investigados a estar localizables y para ello se ha decretado vigilancia policial de los encausados.
A poca distancia, a las 12.00 horas terminaban las declaraciones de todos los encausados en la AN. Al mismo tiempo, en Catalunya, se llevaban a cabo parones enfrente de empresas y ayuntamientos para denunciar la situación de represión judicial del independentismo. “No pararemos hasta que nuestro gobierno legítimo sea restituido. Todos los presos políticos vuelvan a casa, y podamos hacer efectiva esta República que declaramos y nos han robado”, afirmaba el manifestó de la Assemblea Nacional de Catalunya leído durante las concentraciones.
La muestra de fuerza ciudadana de nada servía porque quince minutos después, la Fiscalía pedía prisión sin fianza para todos los consellers, a excepción de Santi Vila, al que el Ministerio Publico pedía 50.000 euros de fianza.
Y de vuelta a Barcelona, a las 13.00 horas, el pleno en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal reconocía el gobierno salido de las urnas el 27-S del 2015 como “Govern legítimo de Catalunya”.
