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El fin del relato de Estado: Alemania, Bélgica y Suiza dan la espalda a la justicia española

En solo unas pocas horas, la justicia española ha perdido gran parte de la credibilidad que pudiese tener. Tres países europeos han echado por tierra el argumentario que el juez Pablo Llarena trataba de construir con respecto al independentismo catalán. Además, un experto de la ONU en Derechos Humanos pide al Estado español que no se acuse de rebelión a los políticos de Catalunya. Y mientras tanto, Torrent vuelve a proponer a Jordi Sànchez como candidato a presidir la Generalitat y Puigdemont reclama al Estado español que permita la investidura de Sànchez y pide mediación internacional para resolver el conflicto.
| 6 abril, 2018 19.04
El fin del relato de Estado: Alemania, Bélgica y Suiza dan la espalda a la justicia española
Foto: Carles Puigdemont Twitter

En solo 24 horas, los acontecimientos del enfrentamiento entre Catalunya y el Estado español han dado un giro inesperado. Milagros Pérez Oliva, profesora universitaria y periodista de El País, señalaba en un programa de radio que “el giro más importante se produjo ayer; es clave”. “La decisión de la justicia alemana es una bofetada tan grande al sistema de justicia española, que creo que no se podrá recuperar”.

No fue solo Alemania. El 5 de abril, Bélgica y Suiza, se posicionaron en contra de la jurisprudencia del Estado.

Puigdemont abandona la cárcel y pide diálogo

Tras permanecer 13 días en prisión, la mañana del 6 de abril, Carles Puigdemont abandonaba la cárcel de Neumünster en el norte de Alemania. Ante un fuerte despliegue de medios de comunicación, el president de la Generalitat en el exilio realizaba unas declaraciones en las que consideraba que “el tiempo del diálogo ha llegado. No hay excusas para no encontrar una solución política”.

El jueves 5 de abril la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein determinaba que no existían motivos para que el dirigente independentista permaneciera privado de libertad. La justicia alemana añadía que descartaba el delito de rebelión por el cual el Tribunal supremo español lanzó una euroorden de busca y captura contra Puigdemont, al no existir violencia.

El president en el exilio pagaba la fianza de 75.000 euros aportados por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium. Pese a que tenía planeada una rueda de prensa para la tarde del viernes, el político anunciaba que el evento quedaba anulado y que se desplazaría a Berlín para seguir trabajando por la libertad de los y las presas políticas.

Ahora, en un plazo menor a 60 días, la judicatura del land germano tendrá que determinar si extradita al president por el delito de malversación de fondos.

Neus Tomás, subdirectora de eldiario recordaba en una tertulia en la radio pública catalana, la mañana del viernes 6 de abril, unas declaraciones de Cristóbal Montoro el pasado mes agosto en las que el ministro de hacienda aseguraba que no se había destinado un “euro de dinero público” a la organización de un referéndum. Habrá que ver si el Gobierno del Estado español mantiene el argumentario.

La tarde del jueves, cuando se conocía la noticia de la liberación de Carles Puigdemont, las reacciones públicas del independentismo fueron numerosas. No sucedió lo mismo dentro del unionismo. El portavoz del Gobierno español, Íñigo Menéndez de Vigo comparecía el mediodía del viernes ante los medios para repetir el comunicado hecho público la tarde del día anterior por Moncloa. “El Gobierno respeta y acata la decisión de los tribunales”, afirmaba. “Se trata de una cuestión entre jueces, no entre gobiernos”, añadía el político del Partido Popular.

Carlos Carrizosa de Ciutadans, señalaba en una entrevista par aTV3 que “todavía puede haber partido en Alemania”. “El tribunal alemán no puede decidir si existe o no la rebelión en España”, añadía Carrizosa.

Fueron de las pocas voces políticas que valoraron la liberación de Puigdemont; prevaleció el silencio ante una noticia que pone entre las cuerdas las decisiones tomadas por Pablo Llarena. En cambio, en los medios de comunicación netamente españolistas, la reacción ha sido furibunda. Federico Jiménez Losantos, en su programa de radio consideraba abominable la decisión de la justicia alemana y más deplorable aún la actitud del Gobierno de Mariano Rajoy. “En Baleares hay como 200.000 alemanes de rehenes. ¿En Baviera? Bueno, en Baviera pueden empezar a estallar cervecerías”, amenazaba Losantos. Diversas personas han transmitido los comentarios del polemista a la cuenta de Twitter de la Policía de Munich y ésta ha dado las gracias por la información.

Bélgica investiga la actuación del CNI

La justicia belga dejaba en libertad sin fianza a los consellers Toni Comín y Lluís Puig y a la consellera Meritxell Serret. Las tres personalidades políticas se habían entregado a las autoridades belgas la mañana del jueves 5 de abril y la misma tarde salían libres.

El mismo país abría diligencias contra el Estado español por el geolocalizador que el CNI instaló en el coche de Carles Puigdemont para rastrear su desplazamiento de Bruselas a Helsinki. Según apunta el diario catalán Vilaweb, las tarjetas GSM de los localizadores encontrados en el coche “no son ni españolas ni belgas, por lo cual podría significar que el servicio secreto de un tercer país participó en la operación”.

Además de esto, las autoridades del país donde se encuentran las personalidades políticas exiliadas no descartan que los rastreadores fueran instalados de forma ilegal sin una orden judicial.

Suiza afirma que no hay intercambio de extradiciones

La justicia suiza también tuvo un papel destacado el jueves 5 de abril en el descredito de la judicatura española. En la detención de Hervé Falciani, la policía del Estado español aseguró que, si lo había detenido el miércoles 4 de abril pese a que existe una orden de extradición desde mayo de 2017, había sido porque la justicia suiza había cursado una nueva orden contra Falciani después de que Anna Gabriel se exiliara en el país europeo.

El ministerio de justicia suizo negó esa versión de los hechos y finalmente la policía española tuvo que aceptar que había mentido. El portavoz del Ministerio suizo en declaraciones a la televisión pública de su país afirmó que “la cooperación jurídica se rige únicamente por tratados y leyes, de manera que no hay margen para ningún intercambio”. “O se cumplen las condiciones para la extradición, y en este caso los estados tienen la obligación de extraditar a la persona solicitada, o no se cumplen las condiciones y la extradición no es posible”, señaló el portavoz.

Falciani ha quedado en libertad con medidas cautelares.

Experto de la ONU en Derechos Humanos pide al Estado español que no se acuse de rebelión a los políticos de Catalunya

Por su parte, el relator especial sobre la libertad de expresión, David Kaye, ha instado a las autoridades españolas a que se abstengan de presentar cargos de rebelión, que conllevan penas de hasta treinta años, contra las figuras políticas de Catalunya.

“Las acusaciones por ‘rebelión’, que pueden llevar a sentencias largas suponen el riesgo de disuadir un discurso totalmente legítimo, incluso si es controvertido e incómodo”, indica Kaye en un comunicado.

La nota añade que la libertad de expresión es “la piedra angular de toda sociedad democrática y libre” y “así lo seguirá siendo después de que las actuales controversias políticas desaparezcan”.

“Estoy preocupado porque los cargos de rebelión por actos que no implican violencia o incitación a la violencia pueden interferir con los derechos a las protestas públicas y la disidencia”, afirma Kaye.

Y agrega que las leyes internacionales de derechos humanos advierten que, “especialmente en situaciones que implican la disidencia política, las restricciones solo deben imponerse cuando son estrictamente necesarias y proporcionadas para proteger los intereses de Estado”.

En este sentido, Kaye afirma tener “la esperanza” de que el Estado español “desplegará sus instituciones democráticas para fomentar un espacio de debate y que encontrará herramientas creativas para abordar el diálogo y la reconciliación en la actual situación política”.

Torrent vuelve a proponer a Jordi Sànchez como candidato a presidir la Generalitat

Mientras tanto, el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, terminó este sábado una nueva ronda de contactos con los partidos políticos con representación en la Cámara catalana con el objetivo de poner en marcha la investidura de Jordi Sànchez, que cuenta con el apoyo de Carles Puigdemont y Jordi Turull. El pleno podría celebrarse la semana que viene.

En este sentido, el propio Puigdemont, en una comparecencia ante la prensa en Berlín, ha reclamado al Estado español que permita la investidura de Jordi Sànchez y ha pedido mediación internacional para resolver el conflicto.

6 abril, 2018

Autor/Autora

Integrante del Consello d'AraInfo. @AlbertAlexan


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