Este informe analiza los resultados de la fusión de las sociedades autonómicas SIRASA y SODEMASA en la actual Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. (SARGA). Sin embargo, ni la empresa pública, ni la Corporación Empresarial Pública de Aragón, ni el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente ha elaborado, hasta la fecha, ningún documento acerca del seguimiento de la fusión y del objetivo del ahorro.
El documento también analiza de forma exhaustiva el expediente de regulación de empleo de 2013, por el que causaron baja en la empresa un total de ochenta y siete trabajadores, además del expediente de modificación sustancial de las condiciones de trabajo que afectó a las retribuciones salariales.
Concretamente en el área de personal se ha percibido una incidencia sustancial derivada de la inexistencia de un convenio colectivo hasta 2017 (criticado por la gran mayoría de los sindicatos). Desde su creación, SARGA rigió sus relaciones laborales mediante los convenios colectivos de SIRASA y SODEMASA. Esta doble regulación derivada de la inexistencia de un convenio de empresa ha afectado a permisos, licencias, retribuciones, dietas y acción social.
La dudosa gestión de SARGA
En cuanto al área retributiva, 187.000 euros se perciben mediante pluses no previstos en los convenios de origen y 174.000 euros mediante mejoras individuales que funcionan como complementos absorbibles. Sin embargo, en el año 2016 se comprobó que no habían funcionado como tales. De hecho, el pasado 17 de mayo eran condenados dos directivos por malversación. Silvio Dellepiane había estado engordando las dietas de kilometraje bajo conocimiento de Enrique Martín.
Y es que según el informe, en el área de dietas,no se aprobó una regulación global, suficiente y precisa de los cometidos que dan lugar a su percepción, así como los límites y justificación. La Sociedad gastó en el 2015, 602.000 euros por estos conceptos que representan el 2 % del gasto de personal.
Además cabe recordar que en 2016 el actual ejecutivo aragonés, PSOE-CHA, determinó el despido de 23 trabajadores. Una decisión que produjo el rechazo de la representación sindical de la plantilla ya que aseguró que de nuevo habían sido los trabajadores de base los afectados, mientras que la cúpula de la empresa seguían contando con más de 50 directivos en los tres niveles.
Las subcontratas de la empresa
Mientras que la empresa recorta la plantilla de trabajadores de base, las subcontratas no paran de asumir trabajo. Hasta en 12 encargos se pone de manifiesto que SARGA no cuenta con medios propios para llevar a cabo el trabajo requerido. Así, entre el 60 y el 80% de los encargos corren a cargo de empresas privadas. De hecho, en las obras de emergencia derivadas de las inundaciones por la crecida del Ebro en febrero y marzo de 2015 se subcontrató casi el 100%.
El informe ha querido recalcar que la Ley de Contratos solo percibe la “tramitación de emergencia” en caso de que “tenga que actuar de manera inmediata” y está reservada para actuaciones que se limiten a lo estrictamente indispensable para remediar los daños.