La consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, afirmaba con rotundidad este lunes que los autos judiciales que obligan al Ejecutivo a incluir las aulas de los colegios privados que decidió no concertar "deslegitiman la autonomía y competencia del Gobierno en defensa del interés general y de una planificación educativa que es lógica".
"Estas medidas cautelares están sumiendo a la propia Administración y al propio Gobierno en un estado de indefensión absoluta", manifestaba Pérez anunciando que desde su consejería las van "a combatir con todos los medios que tenemos a nuestro alcance porque no las compartimos en absoluto".
"La patronal de la concertada no ha entendido el ejercicio de planificación, que creo es de solidaridad en la oferta, y por tanto, tendremos que incorporar esas vías", apostillaba Pérez.
Ante las manifestaciones realizadas por la Consejera de Educación, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha manifestado en una nota de prensa que "las medidas adoptadas por los magistrados son medidas cautelares, esto es, medidas adoptadas con urgencia para salvaguardar los derechos de todas las partes en litigio y para evitar que se pueda lesionar, de forma irreversible, un derecho tan fundamental como es el de la libertad de educación".
Recuerda también que las cautelares son medidas ordinarias que se adoptan en cualquier proceso y que los magistrados han expresado, reiteradamente, en sus autos que las medidas cautelares acordadas tienen vigencia hasta que, por parte de la Consejera de Educación, se resuelvan los conciertos educativos ya que la decisión de excluir las unidades de los centros concertados no corresponde al Servicio Provincial de Educación, sino a la propia Consejera del Departamento.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón recordaba también, que "según nuestra Constitución, todas las Administraciones Públicas están sometidas a la Ley y al Derecho y están obligadas a cumplir las resoluciones de jueces y tribunales, garantes de los derechos fundamentales y últimos intérpretes de nuestro ordenamiento jurídico".