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El Tribunal Supremo vuelve a rechazar la libertad de los presos políticos catalanes

La Sala encargada de enjuiciar a las personas procesadas considera en un auto que no existe "modificación alguna" de los motivos por los que el juez instructor, Pablo Llarena, acordó la prisión preventiva
| 31 julio, 2018 09.07
El Tribunal Supremo vuelve a rechazar la libertad de los presos políticos catalanes
Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo ha vuelto a rechazar la puesta en libertad de los presos políticos catalanes que pidieron su excarcelación tras el “nuevo contexto” abierto a raíz del relevo al frente de la Fiscalía y de la negativa de la Audiencia de Scleswig-Holstein de entregar a Carles Puigdemont por rebelión.

La Sala encargada de enjuiciar a las personas procesadas considera en un auto que no existe “modificación alguna” de los motivos por los que el juez instructor, Pablo Llarena, acordó la prisión preventiva. El auto, del que ha sido ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, rechaza de ese modo la libertad solicitada por las personas procesadas Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Jordi Rull, Dolors Bassa y Carme Forcadell.

El argumento que han esgrimido las personas procesadas en esta ocasión lo plasmó en su escrito Forcadell: Si los jueces alemanes rechazan el delito de rebelión para Carles Puigdemont, ella, cuya responsabilidad política era menor, no pudo participar en la comisión de ese delito.

No obstante, la Sala señala que la decisión del tribunal alemán de no entregar a Puigdemont por rebelión “no tiene ninguna incidencia sobre el desenlace de la presente causa”, y añade que “permanece intacta la capacidad jurisdiccional de la Sala para decidir el ‘qué’ y el ‘quién’ de los hechos”.

Tampoco acepta el argumento utilizado por Sànchez, Turull y Rull sobre el cambio de las circunstancias del contexto social y político hacia la “normalización política” en Catalunya.

El Supremo rebate que las medidas cautelares adoptadas durante una instrucción judicial no pueden depender de un contexto social y político. “Explicar la privación de libertad de un procesado como una baza más en un proceso de normalización política encierra una gravísima deformación del significado mismo del proceso penal en una sociedad democrática”, subraya el auto.

Por todo ello, la Sala se centra en analizar si se han modificado las circunstancias por las que Llarena y la Sala de Apelaciones del Supremo decidieron mantener a las personas procesadas en prisión preventiva: el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva. Desde ese punto de vista, considera procedente mantener la prisión preventiva ante la proximidad del juicio oral, la firmeza del auto de procesamiento y la naturaleza y gravedad de los hechos indiciariamente atribuidos a las y los procesados.

“Carecería de sentido entender que, una vez conocidos los términos del procesamiento y superada la fase intermedia con la formulación de los escritos de acusación provisional, la voluntad de acatar la llamada para el juicio oral se impondrá entre los procesados con exclusión de todo riesgo de fuga”, recalca el auto.

De esta forma, rechaza la petición de las personas procesadas de aplicar medidas cautelares menos gravosas como las comparecencias periódicas, el control policial, la prisión domiciliaria o la utilización de dispositivos de rastreo telemático. Ninguna de esas fórmulas alternativas “alcanza el mismo nivel de seguridad a la hora de garantizar la presencia de los procesados en el juicio oral”, argumenta el auto.

El tribunal añade que “la pérdida de una fianza no actúa como un elemento verdaderamente disuasorio frente a la tentación de sustraerse a la llamada judicial, menos aún si es un tercero quien se puede ofrecer a prestarla”; en relación con las firmas diarias, el tribunal concluye que “pueden dejar de ser diarias en el instante en el que el firmante decide emprender la fuga”.

31 julio, 2018

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