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El Tribunal Supremo se posiciona al lado de la Banca con una decisión “bochornosa”

El Alto Tribunal se desdice de su propia decisión y opta por situarse del lado de la Banca perjudicando así a millones de personas en el Estado español, al tiempo que plantea serias dudas sobre su independencia judicial
| 7 noviembre, 2018 10.11
El Tribunal Supremo se posiciona al lado de la Banca con una decisión “bochornosa”
Tribunal Supremo.

El Pleno de la Sala III del Tribunal Supremo, tras dos días de deliberaciones, ha acordado por 15 votos a 13 desestimar los recursos planteados y volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) en los préstamos hipotecarios es el prestatario. El texto de la sentencia, al igual que los votos particulares de los magistrados, se conocerá en los próximos días.

O lo que es lo mismo: el Alto Tribunal se desdice de su propia decisión y opta por situarse del lado de la Banca perjudicando así a millones de personas en el Estado español, al tiempo que plantea serias dudas sobre su independencia judicial.

Tras 16 horas de deliberaciones sobre este asunto, distribuidas en dos sesiones este lunes y martes, los 28 magistrados que integraban este tribunal no han conseguido unificar un criterio unitario y han evidenciado la fuerte división que ha generado este asunto, ya que 15 de los jueces han votado a favor de que sea el prestatario o la prestataria quien abone el tributo frente a 13 que se han posicionado en contra.

De esta forma, se desestiman los tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fallaron a favor de las entidades bancarias.

Antecedentes

Cabe recordar que la celebración de este Pleno fue polémica desde su origen, puesto que las tres sentencias dictadas por seis magistrados de la Sección Segunda de esta Sala de lo Contencioso, que es la especialista en tributos, eran firmes.

Por ellos algunos magistrados del TS y también desde diversos ámbitos judiciales cuestionaron la decisión del presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, de avocar a un cónclave de 28 magistrados otros tres recursos idénticos sobre este asunto interpuestos por el mismo recurrente.

La reacción mediática y social que causó la decisión de Díez-Picazo obligó incluso al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, a comparecer ante los medios de comunicación para pedir perdón por la gestión del asunto dada la importancia y “repercusiones sociales y económicas” de la decisión.

Díez-Picazo también negó que hubiera recibido llamadas de entidades bancarias para forzar dicha revisión. Un hecho cuanto menos cuestionable, ya que la primera de las decisiones provocó la caída en Bolsa de todas las grandes entidades bancarias del Estado español.

También cabe señalar que durante la deliberación no han estado presentes tres de los magistrados de lo Contencioso del Supremo: el magistrado Rafael Fernández Valverde, que se encuentra de viaje; Segundo Menéndez, ocupado con asuntos relacionados con las elecciones territoriales andaluzas, ya que es miembro de la Junta Electoral Central; y Octavio Herrero, que se ha apartado porque familiares suyos tienen una vivienda en Rivas-Vaciamadrid.

El juez Díez-Picazo compaginó su puesto en el TS con la docencia a la banca

Luis María Díez-Picazo_320X0

Tal y como adelantó la Cadena Ser el pasado 22 de octubre, el magistrado Luis María Díez-Picazo, en el centro de la polémica por su gestión del impuesto hipotecario, compaginó entre 2015 y 2017 su labor como juez del Tribunal Supremo con la docencia en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), una escuela de la que es titular la Fundación de la Asociación Española de la Banca, entidad interesada en un proceso judicial en el que se los bancos podrían, como mínimo, haber tenido que pagar miles de millones de euros.

“Según documentación del órgano de gobierno de los jueces, fue la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la que le dio la autorización para compaginar su labor como magistrado con la docencia en dos de sus reuniones: para el curso 2015/2016 y para el curso 2016/2017 en sendas reuniones. También se le dio permiso para dar clases en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de Presidencia (CEPC)”, explican desde este medio de comunicación.

Díez-Picazo dio clases de Derecho Constitucional bajo condición de hacerlo a partir de las tres de la tarde y mientras la docencia no impidiera “el cumplimiento de sus deberes judiciales ni comprometa su imparcialidad e independencia”.

7 noviembre, 2018

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