Tras el duro golpe que supuso la negativa del Tribunal supremo de Schleswig-Holstein a aplicar la euroorden contra Carles Puigdemont por delito de “rebelión”, el Tribunal supremo español se había mantenido en silencio. Este martes 17 de abril, el órgano judicial ha roto la cerrazón con una interlocutoria en la que critica la decisión del Tribunal alemán.
El Tribunal supremo ha aprovechado una respuesta a un recurso de la defensa de Jordi Sànchez para hacer las citadas críticas a la justicia del país europeo. Según la interlocutoria, que deniega la puesta en libertad de Sànchez, la sentencia del Tribunal de Schleswig-Holstein compara lo sucedido en Catalunya con unas protestas en el aeropuerto de Frankfort, algo que para el supremo es ridículo.
El órgano judicial español afirma estar en desacuerdo con que se “homologue un supuesto de hecho ocurrido en Alemania, consistente en unas revueltas organizadas por un líder de una iniciativa ciudadana que convocó a miles de personas con el fin de evitar que se ampliara la pista de un aeropuerto de Fráncfort (Estado de Hesse), con un proceso separatista de una Comunidad Autónoma de más de siete millones de habitantes”.
La interlocutoria añade que “para impedir la conducta de dos millones de votantes a los que se ha convencido torticeramente de su derecho legítimo a votar se precisarían un número muy superior de policías; seis mil en modo alguno podían evitar que la decisión del Gobierno no fuera doblegada con respecto a ese episodio concreto. Lo que sucede es que si hubieran intervenido un número bastante mayor de policías es muy probable que todo acabara en una masacre y entonces sí sería muy factible que el resultado de la euroorden fuera muy distinto”.
Según el diario catalán Nació Digital, esta interlocutoria dictada por la sala de apelaciones del Tribunal supremo español abriría la puerta a que Carles Puigdemont pudiera ser juzgado por sedición. Pese a que todo el texto considera que el delito del president en el exilio debería ser considerado “rebelión” por la gran violencia que se desató como consecuencia de las decisiones tomadas por el líder político, el auto asume que “el propio Ministerio Fiscal dejó abierta la puerta en su escrito de querella para que, en el supuesto de que no se constatara suficientemente el elemento de la violencia en el caso concreto, se subsumiera la conducta de los sujetos investigados en el tipo penal de la sedición”.
El abogado de Carles Puigdemont ha asegurado en un sarcástico tuit que “la interlocutoria (...) es absolutamente insuperable”. Se refiere al hecho de que la justicia modifique su acusación para extraditar a Carles Puigdemont. Por su parte, letrado Gonzalo Boye, coordinador de la densa jurídica internacional, ha señalado estupefacto: “¿Delitos a la carta? En todo caso, la sedición fue derogada en Alemania en 1970... en fin”.
Hoy en la Audiencia Nacional
Si ayer, el juez Llarena confirmaba a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los delitos por los cuales serían procesados, hoy han tenido lugar las comparecencias de Josep Rull, Raül Romeva y Joaquim Forn.
El juez ha anunciado a las tres personalidades políticas independentistas que serán procesadas por delitos de “rebelión” y “malversación”. No obstante, la defensa ha presentado un recurso y la última palabra sobre su procesamiento la tendrá la sala de apelaciones del Tribunal supremo.
En las vistas de hoy martes, como sucediera ayer lunes con las declaraciones de los presidentes de ERC, ANC y Òmnium, también se han producido momentos de tensión entre el magistrado y las personas investigadas. De este modo Rull, conseller de Territori y Sostenibilitat, ha considerado que “no seriamos juzgados si no hubiésemos ganado las elecciones” y ha asegurado que algunas decisiones del Tribunal han sido precedidas por las decisiones del ministro de Justicia, Rafael Catalá. Ante la acusación, Llarena, saliéndose del guión, ha afirmado que eso es falso “porque 17 de los procesados no lo están por rebelión”.
Joaquim Forn, en prisión desde el 2 de noviembre, ha afirmado que pese a mantener sus convicciones ideológicas ha renunciado a dedicarse a la política. Es por este motivo que ha pedido que lo liberen para poder preparar su defensa, como hiciera anteriormente Llarena con Forcadell.
En lo que se refiere a la declaración de Raúl Romeva, el conseller d’Afers Exteriors, ha afirmado que “Catalunya tiene legitimidad para ejercer la autodeterminación”. Además, ha añadido que la justicia y el Gobierno español están criminalizando una ideología que partidos como ERC “llevan años defendiendo en su programa que ha sido declarado legal y que ahora no lo es”. Así mismo, Romeva ha criticado duramente la actuación policial del 1O que considera “desproporcionada” teniendo en cuenta que se trataba de “una votación popular masiva (...) que no constituye ningún delito”.
Mañana, 18 de abril será el turno de Jordi Turull, Dolors Bassa y Carme Forcadell.
