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El TC no modificará las condiciones impuestas para el pleno de investidura de Puigdemont

En opinión del TC prohibir una eventual investidura telemática o por delegación y la exigencia de que el candidato cuente con autorización judicial para acudir a la Cámara no vulnera el principio de autonomía parlamentaria
| 30 enero, 2018 17.01
El TC no modificará las condiciones impuestas para el pleno de investidura de Puigdemont
Tribunal Constitucional español. Foto: K3T0 (CC BY 3.0)

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado anular, tal y como le habían pedido Carles Puigdemont y el resto de diputadas y diputados electos de Junts per Catalunya (JxCat), el auto por el que el pasado sábado impuso determinados requisitos para el pleno de investidura, entre ellos prohibir una eventual investidura telemática o por delegación y la exigencia de que el candidato cuente con autorización judicial para acudir a la Cámara.

La reunión de los magistrados del TC se ha iniciado unas horas después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, anunciara el aplazamiento de la sesión de investidura. Los once magistrados presentes en el Pleno han adoptado esta decisión de forma unánime.

El Pleno del Tribunal Constitucional se ha reunido a las 13.00 horas de este martes para resolver sobre el recurso presentado en la tarde de este lunes por Puigdemont y las y los diputados electos de Junts per Catalunya (JxCat) contra esta prohibición.

Tras hora y media de reunión, el TC ha dictado un fallo contrario al recurso argumentando que las medidas cautelares acordadas contra la investidura de Puigdemont no vulneran el principio de autonomía parlamentaria y no causan indefensión a los diputados electos de JxCat. Según el auto, su derecho de defensa ha quedado debidamente preservado al aceptarse su personación en el procedimiento.

El TC recuerda su jurisprudencia, establecida en otra sentencia anterior, y subraya que “la autonomía parlamentaria no puede erigirse en razón para soslayar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

El alto tribunal señala también en su auto que la imposición de la medida cautelar ha venido determinada por lo que prevé la Constitución en su artículo 161.2, “que reconoce al Gobierno una prerrogativa de suspensión de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas cuando son impugnadas ante el Tribunal Constitucional”.

30 enero, 2018

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