El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido cautelarmente este lunes la reforma del reglamento del Parlament de Catalunya que permitiría aprobar por la vía urgente y sin debates las leyes de ruptura con el Estado español, como la Ley del Referéndum del próximo 1 de octubre y las conocidas 'leyes de desconexión'.
El Pleno del tribunal de Garantías se ha reunido este lunes por la tarde durante menos de una hora y ha acordado por unanimidad admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno de Mariano Rajoy, en el que también solicitaba un advertencia a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; al secretario general, Xavier Muro; al Letrado Mayor del mismo, Antoni Bayona Rocamora; y a los miembros de la Mesa de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión solicitada“, advirtiéndo de las “eventuales responsabilidades, incluida la penal, en que pudieran incurrir en caso de desobediencia de este requerimiento".
La decisión supone la suspensión automática de la reforma parlamentaria recurrida durante cinco meses prorrogables o hasta que el TC dicte una sentencia al respecto, en aplicación del artículo 161.2 de la constitución española, que deja sin efecto las normas impugnadas por el Estado, inicialmente, durante ese periodo de tiempo.
Si el TC cumple punto por punto lo que le ha pedido el gobierno español, esta vez la advertencia no será sólo para Forcadell y la mesa, como en los anteriores casos, sino que también la hará extensiva a todos sus subordinados. La Moncloa pidió que les informaran de la suspensión y, en particular, notificaran a la persona titular del Departamento de Ediciones. Finalmente, pedían que la admisión a trámite se publicara tanto el BOE como en el Boletín Oficial del Parlamento y el DOGC.
El calendario de plenos del Constitucional no tenía prevista sesión hasta septiembre, pero convocó la reunión de este lunes de urgencia cuando Rajoy anunció, el viernes, que presentaría un recurso contra la reforma del reglamento del parlamento.
Ahora el Parlament tendrá dos vías para la tramitación: la primera, no acatar la suspensión del TC de la reforma del Parlament, la segunda, tramitar la ley por la vía ordinaria. Ambas opciones son conflictivas y el gobierno y la mayoría parlamentaria las quieren evitar.
La desobediencia a una suspensión del TC de la reforma aprobada incumple, de entrada, la doctrina que quiere seguir el grupo mayoritario de Junts pel Sí: mantener la legalidad vigente hasta la aprobación parlamentaria -democrática y mayoritariamente de una nueva legalidad catalana. Además, en este caso, la desobediencia exigiría la complicidad de la mesa del parlamento, la junta de portavoces y los grupos parlamentarios.
La tramitación por la vía ordinaria tampoco está exenta de problemas. Por un lado parece complicado llegar a tiempo el 1 de Octubre, pues por esta vía los plazos se alargan, añadiendo además, el parón estival en el Parlament. Por otro lado, la tramitación de la ley por esta vía quedaría expuesta a las inclemencias políticas y judiciales de manera constante.