El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha argumentado que no permite que Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Joaquim Forn puedan asistir a la sesión constitutiva del Parlament debido gran apoyo social que tienen y a una posible alteración de la convivencia, en base a las grandes manifestaciones de rechazo a su situación en prisión condicional.
Además, desliza en su escrito de resolución el resentimiento por apoyo que la sociedad catalana ha mostrado a “los investigados que han huido del ejercicio jurisdiccional de este instructor”, en referencia a Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Lluís Puig y Toni Comín, actualmente en Bruselas.
Llarena retiró la euroorden de detención contra todos ellos enviada a las autoridades belgas en cuanto quedó claro que el juez de Bruselas no aceptaría la extradición por delitos de rebelión ni sedición.
Para Pablo Llanera dejar salir a los tres presos es inviable pues el comportamiento delictivo que se investiga se ha caracterizado por la movilización social y la desobediencia, por lo que asegura que no ve garantías para “encarar unas conducciones de salida y regreso del centro penitenciario, en una fecha y unas horas determinadas, con un punto de destino y de regreso bien conocido, y de hacerlo con la garantía que se desarrollarán sin el grave enfrentamiento ciudadano que se pudiera impulsar o brotar en ocasión del traslado de unos presos que suscitan su apoyo incondicional”.
Además, el juez ha rechazado la petición de Oriol Junqueras de ser trasladado a una prisión catalana y ha declarado "la incapacidad prolongada" tanto de él como de Jordi Sànchez y Joaquín Forn para poder asistir a los debates del Parlament.