Mientras el Estado español se paralizaba por el nacimiento de la República catalana y tras la aplicación por primera vez en la historia del artículo 155 de la Constitución, el Senado aprobaba en menos de una hora, con los votos a favor del Partido Popular y la abstención del PSOE, el CETA. Todo esto sucedía el viernes 27 de octubre.
El CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement o Acuerdo Económico y comercial Global en sus siglas en castellano) es el tratado comercial entre Canadá y la Unión Europea que muchos ven como la antesala -o Caballo de Troya- para la aprobación del TTIP con Estados Unidos que actualmente está varado por los votos en contra de Podemos y PSOE en el Congreso.
Numerosas organizaciones civiles denunciaron la forma en la que se pretendía implantar el tratado con Canadá, y en su definitiva aprobación ha quedado claro que la opacidad ha sido condición indispensable para que el tratado entre en vigor en el estado español. Su aprobación en el Senado, por otro lado, también pone de relieve la cercanía que existe entre el PSOE y el PP en cuestiones económicas.
El senador del PSOE, Oscar López, afirmaba durante la sesión que su grupo quería dar un voto de confianza al comercio internacional “regulado” y que garantizara las prestaciones sociales de los ciudadanos europeos. La abstención del PSOE -más teatral que otra cosa dado que el PP tiene mayoría en la Cámara Alta- pretendía ser un voto “con espíritu crítico”. “No se pueden poner puertas al campo”, decía López, “pero si vallas”, añadía el senador del PSOE.
Con este acuerdo, se garantiza la fluidez entre mercancías internacionales y, lo que más han criticado los grupos que ven el proyecto como una amenaza para la ciudadanía, se establece el tribunal llamado Investment Court System (ICS) que mediará en los litigios entre estados y grandes compañías. Dicho tribunal que, incluso creó suspicacias dentro de la UE, finalmente estará formado por jueces y juezas elegidas por los propios estados de la Unión.
Otro de los aspectos fundamentales del tratado es que facilita a las multinacionales pujar por los servicios públicos y permite a las corporaciones disponer de una mayor protección cuando un gobierno decide emprender acciones de municipalización de servicios privatizados.
Acuerdos similares como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que aúna los mercados de México, Estados Unidos y Canadá demuestran que este tipo de “alianzas” comerciales implican dotar de una fuerza aún mayor a las grandes empresas. Tal y como explicaba el periodista de este mismo medio, Miguel Ángel Conejos, en un artículo de análisis sobre el CETA, Canadá ha sido demandado en 37 ocasiones por corporaciones y ha perdido 171,5 millones de dólares en concepto de daños.
Es por todo ello que desde Podemos, la senadora Idoia Villanueva no dudó en afirmar que la puesta en marcha del CETA representa “volver a un capitalismo salvaje, desregularizado". Villanueva añadió que el tratado es una amenaza tanto para los trabajadores como para los consumidores.
Desde el Partido Popular se valoró muy positivamente la aprobación del CETA en el Senado. Carlos Aragonés criticó duramente al PSOE por abstenerse y por haberse negado durante años a aprobar este tipo de tratados, y señaló que el CETA es un acuerdo de gran relevancia entre las democracias más importantes del globo.
Con silencio se aprueba el CETA y con silencio las grandes empresas tienen hoy más poder que el viernes 27 de octubre.
