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El PP de Madrid se financió presuntamente de manera irregular durante las elecciones de 2007, 2008 y 2011

Así lo establece un informe elaborado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este hecho implicaría delitos de malversación, cohecho, falsedad, delito electoral y blanqueo de capitales.
| 17 mayo, 2017 10.05
El PP de Madrid se financió presuntamente de manera irregular durante las elecciones de 2007, 2008 y 2011
Sede del PP en Madrid. Foto: Luis García (CC BY-SA 3.0)

Un informe realizado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil determina que el Partido Popular de Madrid dispuso durante años de una “contabilidad soterrada de gastos de campaña electoral”, concretamente durante las elecciones municipales y territoriales de 2007, las generales de 2008, y las municipales y territoriales de 2011. Estos gastos provocaron “una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral”, sostiene dicho informe.

Al mismo tiempo, las fiscales Anticorrupción del ‘caso Púnica’, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, incluyen a la expresidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre y al entonces vicepresidente Ignacio González, entre las personas que integraban la “red de decisión y ejecución cohesionada” que puso en marcha “diversos canales de financiación irregular” para “sufragar los excesos” –alrededor de cinco millones de euros- de las mencionadas campañas electorales entre 2007 y 2011.

Las fiscales apuntan a la “coincidencia de personas y de roles entre los propios patrones de Fundescam”, entre los que se encontrarían el exsecretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, el exgerente territorial Beltrán Gutiérrez y el expresidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría, y añaden a “los directores y miembros de los Comités de Campañas electorales, Presidente, secretario general y vicepresidente del Gobierno del la Comunidad Autónoma de Madrid, gerente y cargos orgánicos del Partido Popular y autorizados en cuentas, y en las mesas de contratación de la Comunidad de Madrid”.

Entre las personas más activas, según mantiene el informe, se encuentran Gutiérrez y Granados “por sus responsabilidades coincidentes en el partido, en el Gobierno autonómico, en los Comités de Campaña y en la Fundación Fundescam”. Los indicios de presunta financiación irregular del Partido Popular reflejados vienen corroborados a partir del estudio de la contabilidad ‘B’ encontrada en los ‘pen drives’ incautados en el domicilio de Beltrán Gutiérrez. Así pues, las fiscales subrayan que “el Partido Popular presentó una contabilidad electoral de recursos y gastos en los que no incluyó estos importes”.

Importes que, según esta información, contemplarían que el exceso de gasto en la campaña de 2007 fue aproximadamente de 2.685.000 euros; en 2008 de 685.000 euros y en 2011 de 1.556.000 euros, “sin contar con los gastos abonados desde la cuenta del partido, que no era cuenta electoral”.

Por lo tanto, y a juicio de las fiscales, “el PP regional de Madrid contravino indiciariamente la normativa electoral de la LOREG y de la Comunidad de Madrid superando en cada campaña los límites de gasto electoral y derivando su pago a canales opacos de financiación ilegal”. Lo que implica delitos de malversación, cohecho, falsedad, delito electoral y blanqueo de capitales.

Además, el informe de la Fiscalía Anticorrupción apunta que las prácticas de financiación ilegal siguieron hasta hace relativamente poco tiempo. “Existen indicios de que incluso en los años 2014 y 2015 los proveedores de campañas electorales del Partido Popular seguían cobrando de diversas cuentas del partido, al margen del escrutinio de la Cámara y del Tribunal de Cuentas”, señala el informe de Anticorrupción.

La Guardia Civil apunta a Cristina Cifuentes y le atribuye presuntos delitos de prevaricación continuada y cohecho

Dentro del mismo informe realizado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se solicita la investigación de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a quien se le atribuyen presuntos delitos de prevaricación continuada y cohecho en relación a las adjudicaciones del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández durante los años 2009 y 2011.

La UCO relaciona estas adjudicaciones con donaciones realizadas por el entonces vicepresidente de los empresarios madrileños a Fundescam, fundación del PP de Madrid, que habrían servido para financiar irregularmente las anteriormente citadas campañas electorales.

La Guardia Civil investiga la actuación de Cifuentes cuando era vicepresidenta de la Asamblea, formaba parte del comité de expertos que valoraba las ofertas y presidía la Mesa de contratación que adjudicó al Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández, los contratos de restauración.

El informe de la UCO establece que las cantidades aportadas a Fundescam, se realizaron en fechas próximas a las elecciones territoriales de mayo de 2007, “y cuya investigación principal habría demostrado el carácter finalista de las mismas al objeto de financiar de manera encubierta al Partido Popular de Madrid para que sufragase gastos electorales al margen de cualquier tipo de fiscalización”.

17 mayo, 2017

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