Desde el Partido Comunista de España (PCE) y la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) en Aragón consideran “absolutamente aterradora e indecente” la actitud del Juzgado de Fraga que resolvió el desalojo de dos personas jubiladas a instancia de Ibercaja. “Este talante nos parece más irresponsable teniendo en cuenta que el Juzgado resolvió desoyendo el informe de Servicios Sociales en el que se ratificaba la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas”, apuntan.
En el documento del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, cuyo carácter es vinculante, se solicitaba la paralización del desahucio hasta el 2020 y fue rechazado por el Juzgado. Tras una serie de irregularidades en el proceso, denunciadas públicamente por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Fraga, el desalojo de estas dos personas tuvo lugar el pasado viernes 4 de mayo, ante una presencia “absolutamente excesiva” de fuerzas de seguridad mientras un grupo de vecinas y vecinos se acercaron para tratar de evitarlo y mostrar su solidaridad.
“Desde la PAH Fraga se ha venido denunciando este proceso plagado de irregularidades y una vez más nos encontramos con una clara vulneración hacia el derecho a una vivienda digna y a los derechos fundamentales más básicos”, aseveran.
El PCE y al UJCE declaran que “este tipo de actuaciones son un ejemplo de la injusticia y desigualdad social que vivimos cuando las instituciones que deberían proteger a las personas y los derechos fundamentales, como el derecho a la vivienda digna, dejan en claro desamparo a quienes sufren los efectos de la crueldad del sistema capitalista”.
Para ello ponen de ejemplo al Gobierno de Aragón, que no facilita vivienda de emergencia a las dos personas jubiladas desahuciadas (La Comarca del Baix Cinca amplió ayer 48 horas la estancia de los afectados en una pensión situada en Fraga, que deberán abandonar el jueves al mediodía) al contravenir el Auto Judicial de desalojo, que emitió el Juzgado número 1 de Fraga el pasado 4 de mayo, el Informe de vulnerabilidad aportado por el IASS al mismo Juzgado.
“Mientras tanto los auténticos culpables de que se produzcan estas situaciones se frotan las manos e instrumentalizan la justicia y todo aquello que les permita aumentar su beneficio a costa de nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra educación y, en definitiva, nuestras vidas”, subrayan.
Desde el PCE y la UJCE quieren “poner negro sobre blanco que los desahucios no han parado, las situaciones de precariedad son el día a día para muchas personas, los ‘síntomas’ de recuperación económica para unos pocos privilegiados suponen la miseria de muchas personas”. “Los datos macroeconómicos y la realidad de la clase obrera son absolutamente opuestos en un sistema en el que para que unos ganen otros muchos tienen que perder”, añaden.
Por todo ello muestran su “más firme repulsa” a esta situación y se solidarizan con las dos personas afectadas, así como con los colectivos y personas de la Comarca del Baix Cinca que “están luchando por la situación límite de estas dos personas para las cuales es necesaria una respuesta solidaria y una solución, no un parche, siendo las instituciones públicas, y en este caso el Gobierno de Aragón, quien tiene toda la responsabilidad”.
Por último, animan y convocan a todas las personas y organizaciones a unirse “en la movilización social en la defensa de los derechos" y avanzar "hacia la conquista de aquellos ideales dignos, justos, igualitarios y verdaderamente humanos”.
