Finalmente será el jueves 26 de octubre a las 17.00 horas cuando se celebre el pleno en el Parlament de Catalunya para debatir sobre las contramedidas a tomar ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución española.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no acudirá al Senado español pese a que en un primer momento todo indicaba lo contrario. Pero si que acudirá al pleno del Parlament, ya que está previsto que en la sesión intervengan Puigdemont, y los todos los grupos. Posteriormente, se abrirá un plazo para presentar propuestas de resolución - entre 0 y 3 propuestas por cada grupo- y estas se debatirán y votarán el viernes. Todavía no se sabe si será en ese pleno cuando se levante la suspensión de la declaración de independencia.
En este pleno que según el presidente del grupo parlamentario de JxSí, Lluís Corominas, será “monográfico” y estará íntegramente dedicado a la situación de represión actual, la formación que aúna PDeCAT y ERC, y la CUP podrían levantar la tregua a la declaración de independencia como respuesta a la suspensión de la autonomía catalana.
Un día después del pleno en el Parlament, el viernes día 27 de octubre, se celebrará la sesión del Senado en la que se validarán las medidas que se derivan de la aplicación del artículo 155 que PP, PSOE y el partido Ciudadanos han pactado a propuesta del consejo de ministros del ejecutivo de Mariano Rajoy.
Pese a que presumiblemente el jueves o el viernes se llevará a cabo la temida por una parte y querida por otra, Declaración Unilateral de Independencia, todavía no se sabe cómo será ese movimiento político. La inconcreción se debe al hecho de qué cuando Carles Puigdemont afirmó que se votaría en el Parlament de Catalunya la desconexión del territorio con respecto al Estado español, el president de la Generalitat no sabía que la fiscalía iba a presentar una querella por rebelión contra todas las personas implicadas en el proceso de autodeterminación.
La petición de la fiscalía eleva hasta los 30 años de prisión la condena para los y las responsables del independentismo. El caso más evidente es el de la Mesa del Parlament, que acumula actualmente numerosas querellas y que los grupos políticos independentistas quieren, en cierto modo, proteger de más demandas del Estado español.
Por lo tanto, tal y como apunta el diario Nació Digital, la fórmula planteada podría ser la de separar la declaración de independencia del proceso constituyente de la nueva república catalana. En este caso, el independentismo contaría con el apoyo de los comunes que en su programa de las elecciones del 27 de junio prometían un “proceso constituyente para cambiarlo todo”. De este modo se daría una mayor fuerza parlamentaria al rechazo a la aplicación del artículo 155.
