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Instalaza SA es una empresa con sede y centro de producción en Zaragoza. Durante unos años fue la única empresa privada española dedicada a la fabricación y a la venta de bombas de racimo. En esa época, su representante era Pedro Morenés Eulate, ex secretario de Estado durante el Gobierno del PP y desde ayer, ministro de la Guerra con Rajoy. Su actividad en la industria armamentística ha seguido hasta la actualidad, ya que es director ejecutivo en España de la empresa MBDA, que diseña, fabrica y vende misiles.
Una vez más, como informan constantemente colectivos antimilitaristas como el aragonés Mambrú, las guerras que dejan mucho dolor y muerte en lugares lejanos de nuestros hogares, se preparan y fabrican al lado de nuestras casas. A partir de ahora, incluso orquestadas desde ministerios.
Como informa LibreRed, el ministro de Defensa (o de la Guerra, según se mire) entró a formar parte de Instalaza SA el 26 de agosto de 2005 como consejero. Estuvo en ese puesto casi dos años, hasta el 31 de mayo de 2007, fecha en la que cesó para ser nombrado representante, cargo que ostentó hasta el 20 de septiembre de este mismo año, solo un mes antes de que se celebrasen las elecciones generales.
Mientras ocupaba el cargo de representante, y según desveló el diario Cinco Días el pasado 9 de mayo, Instalaza SA decidió reclamar al Gobierno “una compensación de 40 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante después de que España decidiera prohibir las bombas de racimo”.
En diciembre de 2008 un total de 107 países, entre ellos España, ratificó un tratado internacional que prohibía el uso, desarrollo, fabricación, adquisición y almacenamiento de bombas de racimo. Un mes después, el 6 de enero de 2009, la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, aseguraba que el Gobierno aprobaría “en pocos días” las nuevas Reales Ordenanzas —normas de conducta para las Fuerzas Armadas— que suponían, entre otras cosas, “la exclusión del uso de ciertas armas y tácticas que repugnan a la conciencia moderna”, como las bombas de racimo.
Casi dos años después, la organización Human Rights Watch (HRW) confirmaba lo que era de esperar: España y otros países que se habían comprometido a eliminar las bombas de racimo habían destruido ya un total de 176.000 artefactos. Según EFE, España se adscribió no obstante a la excepción que permitía conservar los artefactos de racimo que no excedían las 20.000 minibombas con el fin de investigar y entrenar.
Morenés desempeña en la actualidad el cargo de director ejecutivo de la empresa de misiles MBDA, una compañía con operaciones en Reino Unido, Francia, Alemania e Italia que diseña y fabrica misiles. En 2008, MBDA registró un volumen de negocio de 2.700 millones de euros, produjo unos 3.000 misiles y consiguió una cartera de pedidos de 11.900 millones de euros. MBDA vende armamento a unos 90 ejércitos de todo el mundo.
En 2008, el periódico quincenal de actualidad crítica Diagonal informaba al detalle acerca de Instalaza y su dirigente, hoy ministro. Nos informaban de que poco tiempo después de la Guerra Civil española –el 18 de agosto de 1943– se constituía la empresa Instalaza SA, dedicada a la fabricación y venta de armamento para las Fuerzas Armadas españolas y para otros ejércitos del mundo. Entonces , esta empresa tenía el dudoso honor de ser la única empresa privada española que cuenta con bombas de racimo en su stock (Explosivos Alaveses, una empresa pública, también fabrica estas bombas). Según su página web, uno de sus productos es la munición de mortero MAT-120 (en cuyo desarrollo la empresa ha invertido 12 millones de euros), habitualmente conocida como bomba de racimo o de dispersión. Instalaza, cuya sede social está situada en la calle Núñez de Balboa de Madrid y cuyo centro de producción se encuentra en Zaragoza, está presidida por Leoncio Muñoz Bueno desde el 8 de abril de 2000. Muñoz Bueno, que había sido consejero de la empresa desde 1993, forma parte de la junta directiva de la Asociación Española de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa y Seguridad, la patronal de los fabricantes de armamento en el Estado español.
Durante los últimos años, distintas organizaciones, como Mambrú o Greenpeace, han celebrado acciones de denuncia contra la venta de armas en Instalaza, que van a parar a ejércitos asesinos. Podéis ampliar la información en la web antimilitarista de Insumissia.
