El jurado popular absuelve a las tres personas acusadas en el caso del Kartódromo de Plaza

A juicio del jurado popular había indicios de los delitos por los que estaban acusadas pero no existían las pruebas suficientes para declararlas culpables

Plataforma Logística de Zaragoza.

El jurado popular absolvió este pasado martes, tras siete horas de deliberación, a las tres personas acusadas en el caso del Kartódromo de Plaza. Ricardo García Becerril, exgerente de la Plataforma Logística, Carlos Esco, exviceconsejero de Obras Públicas (PSOE) y exconsejero delegado de Plaza, y al empresario Santiago Becerril, todas ellas acusadas de los delitos de malversación, cohecho y apropiación indebida en la compra de los terrenos del Kartódromo en Zaragoza en el año 2004.

A juicio del jurado popular había indicios de los delitos por los que estaban acusadas pero no existían las pruebas suficientes para declararlas culpables. Por lo tanto, la decisión de siete miembros del jurado contra dos ratificaba la no culpabilidad de las tres personas acusadas. Conforme a la decisión del tribunal, la magistrada Esperanza de Pedro, ratificaba la sentencia absolutoria a viva voz -in voce-. La sentencia no es firme, aunque las tres acusaciones particulares – Fiscalía, DGA y Plaza- señalaron las dificultades a la hora de presentar un recurso.

"Me lo miraré pero tal como ha salido no sé por dónde cogerlo porque están diciendo que las pruebas no son suficientes y eso es una valoración, y la valoración de las pruebas siempre es inatacable, incluso en un tribunal profesional", aseguraba el fiscal, Javier Checa.

Éste solicitaba diez años de cárcel para Esco, quien fuera consejero delegado de Plaza en la época de Marcelino Iglesias, y otros tantos para Ricardo García Becerril: seis por malversación y cuatro por cohecho.

Además, pedía para cada uno de los acusados 15 años de inhabilitación absoluta para empleo y cargo público por malversación y 10 años de inhabilitación, además de 700.000 euros de multa por cohecho. Por su parte, el empresario Santiago Becerril afrontaba una condena de un año y medio de prisión al pedir el fiscal para él la atenuante de confesión.

Según la versión de la Fiscalía, la sociedad Plaza, participada en un 51 por ciento por la Diputación General de Aragón (DGA), adquirió en 2004 por 6,3 millones de euros una finca en Zaragoza donde se ubicaba el kartódromo y que posteriormente sería valorada pericialmente en 2,3 millones de euros.

El fiscal aseguraba que Plaza entregó presuntamente este dinero en tres pagarés distintos a Santiago Becerril, quien extrajo en efectivo del banco, también en tres veces, más de 660.000 euros, el equivalente aproximado al diez por ciento de la operación.

El Ministerio Público mantenía que estos hechos, relativos a las entregas de dinero en efectivo a Ricardo García Becerril, que, posteriormente se lo repartió con Esco, fueron puestos de manifiesto de forma espontánea por el acusado Santiago Becerril en una comparecencia, en calidad de testigo, ante la policía, según el escrito de la fiscalía.

Según las declaraciones del empresario, él se encargaba de cobrar los pagarés, para después entregar una comisión a Ricardo García Becerril en un hotel situado frente al Teatro Principal de Zaragoza. El importe total de estas mordidas ascendió a los 660.000 euros, que supuestamente García Becerril se repartió al 50% con el exconsejero delegado Carlos Esco.

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