SUBPORTADA Ecología

El juicio por la destrucción del yacimiento arqueológico de la Cueva de Chaves se celebrará en septiembre de 2016

El juicio contra el empresario Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento arqueológico de la Cueva de Chaves se celebrará en septiembre del 2016. Apudepa y Ecologistas en Acción están personados como acusación particular
| 29 octubre, 2015 13.10

El juicio contra el empresario Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento arqueológico de la Cueva de Chaves, uno de los más importantes del neolítico en Europa e incluido en la Carta Arqueológica de Aragón, se celebrará en septiembre del próximo año y durará tres días.

En su auto, el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Uesca declara pertinentes la mayor parte de las pruebas propuestas por acusaciones y defensas, pero rechaza la petición del letrado del Gobierno aragonés de ampliación de un informe pericial ya practicado y de una prueba solicitada por los grupos ecologistas.

El instructor del caso dictó el pasado mes de febrero auto de apertura de juicio oral contra Victorino Alonso como presunto responsable de un delito contra el patrimonio histórico y de otro contra el medio ambiente, y decretó una fianza para el empresario de 66 millones de euros.

Esta petición de fianza, acordada por el juez para garantizar el pago de la indemnización derivada de una posible condena, fue planteada por el letrado de la asociación Acción Pública por la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) y apoyada por la fiscalía y la representación legal de Ecologistas en Acción, también personada en la causa como acusación particular.

Las sociedades Fimbas, que gestionaba el coto de caza vallado donde se ubicaba el yacimiento, Ferpi, empresa que acometió las obras que provocaron la destrucción del yacimiento, y la aseguradora Mapfre Global Risk, figuran en la causa como responsables civiles subsidiarias.

Por estos hechos, la fiscalía solicita para Alonso una condena de 2 años y 8 meses de prisión como presunto responsable de un delito contra un yacimiento arqueológico. Por su parte, Apudepa pide una condena de 3 años de prisión y multa de 288.000 euros para el empresario y Ecologistas en Acción solicita una condena de tres años de prisión como presunto responsable de un delito contra el patrimonio y de otro contra el medio ambiente.

La representación legal del Gobierno aragonés reclama el pago de la indemnización de 50,9 millones referida, y, subsidiariamente, la de 14,3 millones establecida en el segundo de los informes periciales presentados.

Además, todas las acusaciones piden la condena de las sociedades Fimbas y Ferpi como responsables civiles subsidiarias en el pago de las posibles indemnizaciones acordadas durante la vista oral.

29 octubre, 2015

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