El juez Llarena retira la euroorden de detención sobre Puigdemont y los y las conselleras en Bruselas

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena retira la euroorden de detención que había sobre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los y las conselleres Meritxell Serret, Dolors Ponsatí, Lluís Puig y Toni Comín, actualmente en Bruselas exiliados

Foto: AMI

Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo que instruye el caso contra los y las independentistas, ha retirado la euroorden de detención que pendía sobre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los y las conselleres Meritxell Serret, Dolors Ponsatí, Lluís Puig y Toni Comín, actualmente en Bruselas exiliados.

Fue la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela quien hizo el requerimiento a la justicia belga para que las personalidades políticas independentistas fueran entregadas a la justicia española. La euroorden de detención establecía que el president y cuatro de los máximos responsables de las conselleries catalanas en Bruselas habían cometido delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos durante el referéndum del 1 de octubre.

El lunes 4 de diciembre el juez belga que instruye el caso posponía su decisión sobre la euroorden hasta el próximo 14 de diciembre.

Los motivos que han llevado a Llarena a retirar la euroorden son, según eldiario.es, básicamente dos.

El primero de ellos es la intención de las personalidades políticas exiliadas de volver al Estado español para tomar posesión de su acta de diputados tras las elecciones del 21 de diciembre. Eso, les eximiría del riesgo de fuga bajo el que se sustentaba la orden de detención internacional.

El segundo de los motivos es el carácter "plurisujetivo" del delito de rebelión. En tanto que, según el juez del Tribunal Supremo, no se trata de un delito individual, no se debe perseguir al president y a las y los consellers de forma individualizada como responsables del referéndum, cuando compañeros y compañeras independentistas están ya en libertad. Así mismo, con este argumento se da patina al hecho de que un grupo reducido creó el escenario de rebelión, como si de una organización criminal se tratase, y así mismo también el juez establece que los delitos que se imputan al independentismo deben ser juzgados de forma unitaria.

A todo esto, debe añadirse un tercer elemento confirmado por el mismo juez. Ante la posibilidad de que la justicia belga anule la euroorden y se niegue a extraditar al president y a las conselleres y consellers exiliados, el Tribunal Supremo ha preferido dar marcha atrás. El resto de acusados y acusadas podrían, si la justicia belga actuara de ese modo, apelar sus casos poniendo como referente lo sucedido en Bruselas. Además, la acusación de la fiscalía belga no convencía al propio Llarena, pues la magistratura del país acusaba a Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret de delitos de rebelíon y sedición, pero no de malversación de fondos públicos. Del mismo modo, los y las acusadas en el Tribunal Supremo que siguen en territorio estatal podrían exigir que se les eximiera de ese cargo en sus imputaciones.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies