El Grupo contra los conciertos Educativos presenta dos recursos contra sendos actos del Departamento de Educación

El pasado miércoles, las organizaciones políticas y sindicales CGT, CHA, IU, MHUEL y STEA-i miembros del Grupo contra los conciertos Educativos, presentaron dos recursos contra sendos actos de la administración educativa.

Foto conciertosEl pasado miércoles, las organizaciones políticas y sindicales CGT, CHA, IU, MHUEL y STEA-i miembros del Grupo contra los conciertos Educativos, presentaron dos recursos contra sendos actos de la administración educativa. Uno contra la orden de 30-12-2014, de la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la que se convoca el procedimiento para el acceso y modificación de los conciertos educativos para el curso académico 2015-16. Y otro contra la Resolución del 26 de septiembre de 2014 del Director General de Política Educativa y Educación Permanente por la que se aprueba el Plan anual de formación de la Federación Española de Religiosos de la Educación de Aragón (FERE), y otorga reconocimiento a las actividades incluidas en el mismo.

El primer recurso relativo a los conciertos educativos se inscribe en la campaña que estas organizaciones están llevando a cabo contra la privatización de la Educación Pública en Aragón, en la que "se subvenciona con dinero público la enseñanza privada concertada en detrimento de la Escuela Pública".

"Creemos firmemente que la Escuela Pública es la única red capaz de garantizar una enseñanza de calidad a toda la ciudadanía con independencia de su origen, creencias o estrato social. Se rige exclusivamente por criterios de equidad para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas. No es adoctrinadora, sino que potencia el análisis crítico y la democracia desde las aulas y los centros como instrumento fundamental para impulsar una ciudadanía participativa y responsable en una sociedad cada vez más compleja", sostienen.

Así mismo denuncian "la descarada apuesta que hace esta Consejería por la enseñanza concertada, dejando a la pública como subsidiaria de esta, mientras que en los presupuestos se recorta continuamente la partida destinada a la educación pública, obligando así a cerrar aulas y centros y precarizando el sistema en general, se aumenta la dotación destinada a la concertada, lo que permite un incremento del número de aulas y centros concertados".

El segundo recurso denuncia "el trato diferenciado, discrecional y discriminatorio con el que desde la Consejería se trata a la Federación Española de Religiosos de la Educación de Aragón (FERE)". La cuestión se sustancia en dos hechos, explican.

"En primer lugar, mientras todos los agentes sociales, entidades sin ánimo de lucro e instituciones públicas son convocadas a la presentación de solicitudes de reconocimiento de actividades de formación permanente del profesorado no universitario mediante una resolución pública, la citada entidad soslaya dicha convocatoria pública por medio de un convenio de colaboración suscrito previamente con el Departamento de Educación. En segundo lugar, dado que el departamento proporciona un marco de competencias docentes y líneas prioritarias a las que deben ajustarse las acciones propuestas, se supone que este marco ha de aplicarse a todas y por igual. Ni es a todas ni por igual, sino desigual y discriminatoria", afirman.

A modo de ejemplo, exponen que "no se reconoce como actividad de formación del profesorado la 'gestión de conflictos a través de la no violencia', organizada por la Fundación Seminario Investigación para la Paz, alegando que no se ajusta a líneas prioritarias y su aplicabilidad en el aula", cuando una de las líneas prioritarias del Departamento, establecida en la Resolución de 4 de septiembre es: “Competencia en gestión de la convivencia: Promoción de la convivencia, mediación y resolución de conflictos, control de la convivencia".

"En contraste -continúan- con lo anterior se reconoce oficialmente efectos de méritos de formación para los participantes una jornada de pastoral y un curso superior de dirección en centros educativos privados, que no encajan en absoluto en ninguna de las competencias y líneas establecidas".

"Ante una decisión tan desproporcionadamente tendenciosa, antipedagógica y sectaria", las organizaciones que presentan este recurso de alzada, denuncian los criterios que el Departamento de Educación está implantando para "orientar los procesos de formación del profesorado en Aragón así como al PP/PAR como inspiradores y defensores de dichos criterios".

"Una vez más exigimos la dimisión de la consejera de Educación, Dolores Serrat, y de todo su equipo responsable de estas actuaciones, que conllevan la destrucción de la Escuela Pública y un trato de privilegio a la educación privada concertada", concluyen.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies