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El Gobierno rectifica y anuncia que elaborará un listado completo de bienes inmatriculados por la Iglesia

Pese a que durante años el Gobierno del Partido Popular ha respondido con negativas a las peticiones de información sobre inmatriculaciones, "al tratarse de una cuestión ajena al ámbito de sus competencias", ahora anuncia la petición al Colegio de Registradores todas las apropiaciones de la Iglesia católica desde 1998, según advierte la Coordinadora Recuperando "gracias a la presión social"
| 8 noviembre, 2017 18.11
El Gobierno rectifica y anuncia que elaborará un listado completo de bienes inmatriculados por la Iglesia
La Catedral de San Salvador - La Seo - es uno de los edificios inmatriculados en Zaragoza. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo).

El Gobierno español ha anunciado, respondiendo a la pregunta del diputado del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, que ya ha pedido al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia Católica amparada por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que fue derogado por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria, desde 1998 hasta la citada derogación.

Ante este anuncio la Coordinadora Recuperando recuerda que presentó el 8 de febrero de este año un escrito en el Congreso de los Diputados en el que demandaba que el Gobierno recabara por los cauces oportunos el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica y que fue este escrito el que generó dos proposiciones no de ley (PNL), una de las cuales fue aprobada en el Congreso el 4 de abril.

Desde Recuperando advierten que no es la “ni la primera ni la única vez que se ha planteado esta cuestión”. La respuesta reiterada del Gobierno a todas las preguntas, peticiones e iniciativas parlamentarias ha sido la de negar que tuviera acceso a la información relativa a las inmatriculaciones “al tratarse de una cuestión ajena al ámbito de sus competencias”, afirmando que ni siquiera los decanatos territoriales del Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantiles “disponían de tales datos”. Recuperando advierte que estas afirmaciones contradicen la realidad y los hechos.

El 18 de abril de 2008, la directora general de los Registros y del Notariado remite a la presidenta del Parlamento de Nafarroa la información solicitada: 1.087 bienes inmatriculados en Nafarroa entre 1998 y 2007.

En el mismo sentido, el 14 de octubre de 2015, el Gobierno vasco obtiene respuesta del Decanato de los Registradores de la Propiedad de la Comunidad Autónoma Vasca, descubriendo que existen 508 bienes inmatriculados.

Por último, el Ayuntamiento de Zaragoza solicita en 2017 al Decanato de Registradores un listado de bienes inmatriculados por el Arzobispado desde 1978, que es contestado informando de la inscripción de 46 inmuebles en la ciudad.

Para Recuperando, estos tres ejemplos desacreditan de manera objetiva la posición tradicional del ejecutivo de Rajoy de negación sistemática. “El cambio de opinión solo se entiende gracias a la presión social y ciudadana en su legítima demanda al derecho de información”, advierten.

Fuentes de la Conferencia Episcopal Española, en un desliz informativo, llegaron a admitir una cifra de 40.000 bienes inmatriculados por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria aunque no precisaron si se realizaron antes o después de la reforma de Aznar de 1998. Esa duda no aclarada puede significar que el escándalo alcance cotas insospechadas de expolio sistemático de bienes inmuebles por usucapión mediante el privilegio consentido de una normativa franquista no depurada ni corregida durante el periodo democrático.

Según ha anunciado públicamente, el Ejecutivo piensa considerar válidas jurídicamente las inmatriculaciones anteriores a la reforma de la Ley Hipotecaria en 2015. La Coordinadora Recuperando recuerda que “todas las inmatriculaciones practicadas desde 1978 son nulas de pleno derecho por inconstitucionalidad sobrevenida” y así quedó confirmado en la sentencia del Tribunal de Estrasburgo en el caso Ucieza, que condenó al Estado español a una indemnización sin precedentes al considerar las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica “arbitrarias” y contrarias a la Carta Europea de Derechos Humanos.

8 noviembre, 2017

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