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El Gobierno español asegura que aplicará medidas para conseguir una sociedad “más feminista”

Por otro lado, para frenar la violencia sexual se impulsará una "necesaria" reforma del Código Penal con el objetivo de garantizar que, "si una mujer no dice que sí explícitamente, todo lo demás es no". Con ello la falta de consentimiento expreso de la víctima se convierte en clave nuclear en los delitos sexuales.
| 11 octubre, 2018 18.10
El Gobierno español asegura que aplicará medidas para conseguir una sociedad “más feminista”
Foto: AraInfo

El documento firmado entre el Gobierno español y Unidos Podemos contempla una serie de medidas para avanzar hacia “una sociedad más feminista”, reconociendo de esta forma que “ningún eje político tiene hoy el potencial transformador que tiene el feminismo”.

Para ello, y para combatir la desigualdad existente entre hombres y mujeres, han acordado equiparar los permisos de maternidad y paternidad. “Una reivindicación constante de la sociedad actual es establecer medidas que, en el marco de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, favorezcan un reparto equilibrado de responsabilidades familiares y personales entre mujeres y hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad, de cara a la consecución de una igualdad real que permita superar el desempleo femenino y la brecha salarial que afecta negativamente a las mujeres”.

La equiparación de estos permisos conlleva costes económicos, dado que, a causa de su duración, serán necesarias sustituciones. Por ello, para adecuar su implantación a la suficiencia financiera necesaria, se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente calendario: 2019, 8 semanas; 2020, 12 semanas; y 2021, 16 semanas.

Esta medida, que se incorporará a los correspondientes Convenios Colectivos, se realizará en diálogo con territorios y entidades locales y como complemento al reciente acuerdo sindical para la mejora del empleo público de marzo de 2018. Igualmente se planteará en la mesa del diálogo social para que el sector privado establezca una estrategia de avances en la misma línea con un cronograma consensuado.

Blindar que ‘Solo el sí es sí’

Por otro lado, ambas partes han comunicado que para erradicar la violencia sexual se impulsará una ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, que garantice la sensibilización, prevención, detección, atención, protección y reparación y que implique la acreditación de la víctima, la unificación y ordenación de las conductas constitutivas de agresiones sexuales y de abusos sexuales bajo la denominación común de “agresiones sexuales” y que comprenda una serie de políticas públicas a la que puedan acceder quienes sufran violencia sexual, igual que ocurre con la violencia de género en el ámbito de pareja o expareja.

Para frenar la violencia sexual se impulsará una “necesaria” reforma del Código Penal con el objetivo de garantizar que, “si una mujer no dice que sí explícitamente, todo lo demás es no”. Con ello la falta de consentimiento expreso de la víctima se convierte en clave nuclear en los delitos sexuales.

Financiar de manera completa el Pacto de Estado de Violencia Machista

Para el Ejecutivo español y Unidos Podemos, según el documento firmado, es necesario desarrollar de forma “completa y ambiciosa” el Pacto de Estado de Violencia Machista, y por ello se va a tramitar en el Congreso un proyecto de Ley que dé más protagonismo a los Ayuntamientos devolviéndoles competencias en esta materia, por ser las administraciones más cercanas a las víctimas.

Así, la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia entrarán a formar parte del catálogo de competencias propias y se duplicarán los fondos destinados a programas dirigidos a erradicar la violencia machista para los ayuntamientos, pasando de 20 millones en 2018 a 40 en 2019. También se facilitará la acreditación de víctima de violencia machista a través de distintas instituciones como los servicios sociales municipales sin necesidad de que medie denuncia policial o judicial.

La protección de los y las menores es uno de los ejes más importantes del Pacto de Estado. Por ello, se modificará el Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos. Para ello se incrementará la dotación presupuestaria en un 10%, consignándose en los PGE 2019: 220 millones de euros.

11 octubre, 2018

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